:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/122d2690-0a70-4d79-baf3-9ad1fef5c61a.png "Fernando Cáceres Freyre")
El término calidad regulatoria suena a chino mandarín, pero es muy cercano a nuestro día a día. Abarca medidas como el retiro de cableado, la revisión de titularidad de terrenos ocupados por AA.HH., la prevención de la pesca ilegal, la regulación del uso de armas de fuego, el impulso a la industria petroquímica, la reglamentación del telepeaje, las sanciones por comunicaciones desde los penales, etc.
Hablamos principalmente de nuevas obligaciones o prohibiciones provenientes de 40 entidades del Poder Ejecutivo que inciden en el día a día del ciudadano o las empresas. Por eso es tan importante cuidar la calidad regulatoria, porque toca nuestras vidas en muchos aspectos.
A inicios del 2024, estas entidades identificaron 280 problemas públicos (que durante el año llegaron a 303) –como los descritos en el primer párrafo– pendientes de análisis. Eso no quiere decir que necesitaban una nueva norma, sino que debían ser analizados para ver cuál era la mejor ruta para lidiar con ellos.
Pues bien, ¿saben cuántos problemas de esos 303 ya habían sido identificados en el 2023, pero no se hizo nada o se hizo parcialmente? Nada menos que un aproximado del 80% (lo afirmo al comprobar que siguen en la lista de problemas por abordar en el 2024). Este es un primer gran problema: las entidades del Poder Ejecutivo identifican problemas, pero luego no concluyen su solución.
Existe una metodología que debe seguirse para lidiar con estos problemas. Se llama Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR). Sí, ya sé que también suena a chino mandarín, pero no es más que diversos pasos –o un ciclo– a seguir para analizar los problemas públicos detectados. ¿Cuál es el problema público no resuelto? ¿Quiénes se ven impactados? ¿Cuánto cuesta implementar la medida? ¿Hay alternativas menos impactantes? Es chamba, sí, pero es importante porque afecta nuestras vidas.
A lo largo del 2024, lamentablemente, solo 15 iniciativas del total de identificadas siguieron el ciclo completo mencionado hasta convertirse en norma. De ellas, 13 se aprobaron y dos se rechazaron. El resto, o bien no se abordó por completo o se logró que sean exceptuadas.
Precisamente, el segundo gran problema es que, una vez identificados los problemas públicos, las entidades buscan constantemente saltearse este ciclo pidiendo excepciones. De hecho, en el 2024, se presentaron 310 solicitudes para excluir proyectos que debían pasar por el AIR (no tengo la data de cuántas se aceptaron, pero estoy seguro de que fueron muchas). Es cierto que el marco legal tiene un cajón de sastre que permite exceptuar de este ciclo a ciertas medidas, pero de manera excepcional y adecuadamente fundamentada.
Ese cajón de sastre para exceptuar a las medidas del AIR se creó –según me cuentan– para que no viniera un político encabritado a alegar que esto no servía para nada por ser mucho trabajo y se trajera abajo todo el marco. El problema actual es que la excepción se ha convertido en la regla.
Para que esto no siga ocurriendo, deberían ponerse ciertos candados al mencionado cajoncito. Una opción, que existe en procedimientos reglamentarios en Estados Unidos, es poner umbrales. Vale decir, si hablamos de medidas con bajo impacto o costo en los ciudadanos, no se sigue todo el ciclo –en este caso– del AIR, sino una vía expeditiva.
Otra alternativa es que puedan exceptuarse del análisis –como en México– medidas que no conllevan costos de cumplimiento o los reduzcan (recursos humanos, financieros o simplemente tiempo que una persona o empresa debe invertir para cumplir con las normas).
Coloquemos candados al cajón de sastre, solo así evitaremos tantas excepciones a la regla y probablemente –al sincerar la cantidad de problemas a pasar por el AIR– menos asuntos se queden sin ser solucionados.
