Este Congreso ha aprobado leyes muy dañinas, pero resulta que también es capaz de votar reformas importantes. La de la bicameralidad fue la mayor. Ahora propone reglamentarla incrementando el número de congresistas a 234 a fin de que pueda calzar la proporcionalidad. Ese número no es excesivo considerando el tamaño de la población. Claro, podría ser menor si tuviéramos distritos uninominales, porque allí cada congresista representaría a una cantidad de población mucho más pequeña. Pero se ha mantenido las circunscripciones departamentales, plurinominales.
Sin embargo, Lima metropolitana sí debería ser dividida en cuando menos cuatro distritos electorales. Eso mejoraría la relación de representación. Es muy distinta la realidad de San Juan de Lurigancho que la de San Isidro o Miraflores. Y no se ha aprovechado para bajar la valla a las alianzas –a fin de no tener más de 40 candidatos presidenciales– ni para restablecer la financiación de los partidos por empresas formales, para quitarles el monopolio a las ilegales y reconectar con el destino nacional al empresariado, expulsado de la política nacional por la criminalización de las donaciones y por la ley.
La Comisión de Constitución ha aprobado el reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), también una reforma mayor. La JNJ fue un avance en relación con el corrupto CNM en cuanto al mecanismo de designación de sus integrantes, por concurso público, pero cayó víctima de la guerra institucional que comenzó con la mencionada criminalización de las donaciones de campaña por los fiscales Lava Jato, que fue y es una forma de persecución política, y que acarreó retaliaciones de uno y otro lado que aún no cesan y de la que también aprovechan quienes buscan impunidad para delitos ciertos, no inventados. La propuesta necesita de un mecanismo de transición que puede ser el proyecto de Natale Amprimo de un Tribunal de Honor integrado por los expresidentes del Tribunal Constitucional, a fin de concluir esa guerra designando fiscales supremos de alta calidad moral y profesional. Y debería permitirse el nombramiento de un cierto porcentaje de jueces y fiscales supremos por los poderes elegidos.
El Congreso aprobó, además, la reforma del sistema de pensiones, otro tema mayor. Su gran aporte es que integra a todos, a los informales, que son la mayoría excluida, mediante la pensión por consumo. No hay otra manera de integrar a los informales. El porcentaje del consumo que se aporta debió ser mayor al 1%, solo para los informales, no para quienes están en planilla. Pero ayudará a formalizar, pues con una buena campaña de comunicación pedirán boleta con DNI para recuperar en su cuenta previsional el 1% de lo que consumen. Sin embargo, la ley comete el error de establecer que a los 18 años quienes no elijan van por ‘default’ al sistema nacional de pensiones, a la ONP. Eso engrosa el sistema de reparto, que a largo plazo destruye la estabilidad fiscal. Debe ser observado por el Ejecutivo.
Por lo menos discutimos asuntos de fondo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Colombia
