Jaime de Althaus

La aprobación de la bicameralidad, la censura al ministro del Interior y las conversaciones en CADE Ejecutivos podrían ser un punto de inflexión, si es que los procesos que contienen en potencia –como diría Aristóteles– se convierten en acto, se realizan. Sorprendió que un Congreso abocado a proyectos menores y hasta contraproducentes de pronto aprobara en primera votación la bicameralidad, una reforma trascendental para mejorar la calidad de las leyes, de la gobernabilidad y de los propios representantes, con un Senado que aspiraría a recuperar representantes de las élites académicas, profesionales y empresariales, y con unos diputados que serían mejor elegidos si se aprobara un sistema electoral basado en distritos uninominales.

La centroderecha en el Congreso debería hacer un esfuerzo político supremo para que la aprobación de esta mega reforma sea el punto de partida de un cambio en la imagen y la orientación del Parlamento, dando paso a la agenda de reformas que el país necesita a gritos para salir del círculo vicioso de empobrecimiento y degradación en el que ha caído y retomar el crecimiento acelerado y la reducción de la pobreza.

La centroderecha tiene que pasar a una oposición seria y propositiva. En ese sentido, la censura al ministro del Interior, Vicente Romero, puede ser también parte del punto de inflexión si es que desemboca en reformas vinculadas a la seguridad y la justicia, y en un trabajo serio de fiscalización de los planes de lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada. Por ejemplo, ¿se está destinando más recursos, tecnología y personal a las unidades de investigación e inteligencia? ¿Se reúnen los comités distritales de seguridad ciudadana? El Ejecutivo aprobó un decreto de urgencia para transferir S/111 millones a las municipalidades en emergencia para que habiliten unidades de flagrancia, clave para que no haya impunidad. ¿Hay un seguimiento a eso? Y así sucesivamente.

A CADE Ejecutivos asistieron varios ministros con voluntad de conquistar la confianza del sector privado y trabajar juntos. El ministro de Economía reclamó a la audiencia “abandonar el pesimismo absurdo”. Pero, como bien ha acotado Luis Miguel Castilla, la confianza no se puede imponer. Es el resultado de hechos, decisiones y procesos reales. Tiene que haber un movimiento claro hacia las reformas. Si Elmer Cuba presenta una propuesta de la CCL para la reforma de los regímenes tributarios y laborales para reducir la informalidad, el ministro de Economía debió, cuando menos, comentarla, cuando no recogerla. Dijo que la reforma laboral requería un consenso para lo que el ministro Maurate había reactivado el CNT, pero no hay tal reactivación. Se habló de la ventanilla única para la minería, pero ningún ministro anunció la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) –que ahora es obligatorio– al ‘stock’ de normas para aligerar el peso regulatorio. Mencionó el proyecto de ley de pensiones, sin reconocer que fortalece el sistema de reparto, fiscalmente inviable a largo plazo, en lugar de cuentas de capitalización individual.

Una colaboración público-privada genuina que cambie realmente las expectativas debería incluir temas decisivos como sacar adelante Tía María –que sería muy fácil ahora que la resistencia es mínima y el clamor por trabajo es estruendoso– o la gestión de redes educativas y de salud. De todos modos, el presidente de CADE Ejecutivos, Juan Fernando Correa, concluyó que el evento podía ser un punto de inflexión y anunció que el 12 de diciembre se reunirán empresarios con varios ministros, gobernadores y Proinversión para definir algo así como un plan nacional de obras por impuestos en áreas como el combate a la anemia, agua potable y saneamiento y vivienda rural. Si se lograra coordinar la oferta del sector privado para tales temas, sería un avance importante. Un punto de partida para demandar que el Estado se transforme para facilitar la inversión y el crecimiento.

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Jaime de Althaus es Analista político