Institucionalidad y estadísticas oficiales

Recibimos el 2025 con noticias vinculadas a la medición oficial de la pobreza. A través de un decreto supremo publicado el 31 de diciembre (D.S. 014-2024), el gobierno de la presidenta Dina Boluarte oficializó la medición de la pobreza multidimensional, conformada por un índice y otros indicadores, así como un tablero de control, con mediciones disponibles en febrero y mayo del 2025. Esta medida ha reavivado un debate sobre la utilidad y la pertinencia de una nueva medición oficial de la pobreza, tanto desde aspectos técnicos como desde sus implicancias institucionales y políticas.

No es la primera vez que la administración actual promueve una norma sobre dicha materia. En julio del 2023 se publicó un decreto supremo que declaró como prioridad nacional la elaboración y la aprobación de una medición oficial de la pobreza multidimensional (con un plazo de 90 días) y presentó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) una propuesta de medición elaborada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). En respuesta, el INEI publicó un informe técnico (noviembre del 2023) con un tablero de control sobre la pobreza multidimensional, conformado por ocho dimensiones y 29 indicadores en temas como salud, educación, vivienda, empleo, seguridad, entre otros, cuyos resultados se presentaron en el último informe oficial de pobreza (INEI, 2024).

En setiembre del 2024 trascendió la intención del Gobierno de aprobar un decreto supremo que permitiría al Midis tener la competencia de medir indicadores oficiales de pobreza de carácter multidimensional. Si bien dicho decreto no se publicó, generó preocupación sobre la autonomía del INEI y la independencia de las estadísticas oficiales en temas sensibles como la pobreza.

La discusión sobre la pobreza multidimensional no es nueva en el Perú. Hace más de una década, el economista Enrique Vásquez publicó el estudio “El Perú de los pobres no visibles para el Estado” (Universidad del Pacífico, 2012), donde estimó que había 3,6 millones de pobres por encima de los resultados oficiales, basados en pobreza monetaria, para lo que construyó un índice sintético de pobreza multidimensional. En aquel entonces, también hubo una discusión sobre la pertinencia y la utilidad de las mediciones multidimensionales de la pobreza. Lo que ha cambiado es la posición del Ejecutivo, que ha pasado de no considerar viable un índice sintético de pobreza multidimensional a promoverlo activamente.

Considero que el enfoque multidimensional es valioso para comprender las causas y las consecuencias de la pobreza. Asimismo, contribuye a ampliar el marco evaluativo de las políticas públicas, transitando desde una mirada centrada en la pobreza monetaria hacia un enfoque de vulnerabilidades. Sin embargo, promover cambios en mediciones oficiales sobre la base de ‘decretazos’ no es un buen precedente para la institucionalidad, más aún si consideramos la situación actual de la gestión pública y la coyuntura política. La mejora de las mediciones de pobreza es necesaria y bienvenida, pero no debe hacerse a costa de la institucionalidad del INEI, instancia que debe deliberar con autonomía sobre las mejores soluciones para fortalecer las estadísticas oficiales.

Si bien la discusión sobre la medición de pobreza es altamente técnica, tiene implicancias políticas, pues incide en la narrativa pública sobre su evolución y resultados. Hacia adelante, es necesario que el Gobierno mejore la comunicación de las cifras oficiales de pobreza, enfatizando la complementariedad entre los resultados monetarios y multidimensionales. Dado que no existen indicadores perfectos, es necesario precisar sus alcances y limitaciones (¿basados en cobertura, acceso o calidad de servicios?) para evitar confundir a la opinión pública, así como para proteger el rigor técnico y la legitimidad de las cifras oficiales.