Hace 30 años, la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará) marcó un hito en la región y el mundo, reconociendo por primera vez que las violencias contra las mujeres representan una violación a sus derechos humanos. Un año después, la Plataforma de Acción de Beijing planteó una hoja de ruta visionaria para lograr la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Sin embargo, a pesar de estos reconocimientos, acuerdos y compromisos, las violencias contra las mujeres continúan siendo un problema que erradicar. De acuerdo con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a setiembre del 2024 los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional han atendido 42.948 casos de violencia psicológica, 39.778 casos de violencia física y 22.052 casos de violencia sexual contra mujeres en todo el país. En el Perú, siete de cada diez mujeres sufren violencia, y solo el 30% de casos son reportados.
En el contexto actual de alta polarización, incertidumbre, conflictividad y crisis climática, las violencias que experimentan las mujeres se ven impactadas e incrementadas. Distintas condiciones de vulnerabilidad convergen, complicando la respuesta y prevención de las violencias. Emergencias como la pandemia implicaron que las mujeres tuvieran que dedicarse en mayor proporción a los trabajos de cuidados no remunerados, limitando sus posibilidades de ingresar a un mercado formal. La crisis climática conlleva riesgos diferenciados para las mujeres, quienes muchas veces para poder acceder a recursos como el agua tienen que trasladarse distancias mayores lejos de casa, poniéndolas en riesgo de sufrir violencias; y la polarización de la ciudadanía ha visto el crecimiento de discursos en contra de la igualdad, basados en sesgos y estereotipos machistas.
Asimismo, el desarrollo de nuevas tecnologías y canales de información plantean tanto oportunidades como desafíos: de acuerdo con ONU Mujeres, hasta el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología. Información de nuestra herramienta de escucha social, eMonitor+ señala que una de cada cuatro publicaciones con comunicación tóxica analizadas entre febrero y setiembre de este año contenía ataques dirigidos a mujeres. Estos, además, se concentraron en mujeres que ocupan cargos de representación, seguidas de mujeres periodistas.
Es clave que en este contexto se atiendan tanto las causas como las consecuencias de las violencias. En ese sentido, es importante destinar presupuesto a intervenciones y políticas transformadoras, que puedan generar un cambio en las percepciones y sesgos que perpetúan y justifican las violencias, así como ampliar las posibilidades de las mujeres de desarrollarse plenamente y alcanzar, por ejemplo, una independencia económica en condiciones de igualdad. Son los Estados los que deben tomar las medidas necesarias para hacer frente a la desigualdad histórica que enfrentan las mujeres y que previenen su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos.
Es importante, además, no solo buscar activamente el avance, sino resguardar que no haya retrocesos sobre los logros e hitos previamente alcanzados. Hitos como la paridad y alternancia, que promueve activamente la participación de mujeres en política y espacios de toma de decisión, o los esfuerzos que se hacen en la inclusión socioeconómica de las mujeres para fortalecer su agencia y capacidad de decidir sobre sus vidas. Avances normativos como la existencia de una institucionalidad establecida a través de organismos del Estado como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Política Nacional de Igualdad de Género, que plantean rutas necesarias como la inclusión del enfoque de género y la creación de sistemas integrales de cuidados. Son estos avances, que han sido conquistados a través del esfuerzo y la articulación de diversos sectores y actores, los que promueven el camino hacia la igualdad de género, necesaria para la prevención de las violencias.
Desde el PNUD, estamos comprometidas y comprometidos en acompañar estas medidas, con soporte técnico y en coordinación con autoridades locales, regionales y nacionales, en el diseño de diversas iniciativas que trabajan en la construcción de redes de soporte, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo la participación de las mujeres en espacios clave de toma de decisiones.
A 30 años de la aprobación de la Convención Belém do Pará, y a puertas de celebrar el treinta aniversario de la Convención y Plataforma de Acción de Beijing, es de suma importancia no perder de vista los compromisos internacionales asumidos por el país para garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas, la posibilidad de vivir vidas libres de violencias, donde puedan tomar decisiones sobre sus futuros y su desarrollo pleno. Es momento de reafirmar nuestros compromisos, asumir responsabilidad y destinar recursos en este camino, desde todos los sectores y todas las personas.