Este viernes en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, la reciente aprobación por parte del Congreso de la incorporación de manera progresiva del voto digital en las elecciones marca un paso hacia la modernización del sistema electoral. Segundo, el déficit habitacional en el Perú, con un 36% de hogares afectados, evidencia la urgencia de triplicar la producción anual de viviendas: se debe pasar de 60.000 a 200.000 unidades. Finalmente, La denuncia de Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, sobre el supuesto seguimiento ordenado por la fiscalía a siete magistrados del TC, plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos autónomos del Estado.
🟢 HACIA UN VOTO DIGITAL
La reciente aprobación por parte del Congreso de la incorporación de manera progresiva del voto digital en las elecciones marca un paso hacia la modernización del sistema electoral. Este avance permitirá a los ciudadanos optar voluntariamente por herramientas tecnológicas que agilicen y transparenten los procesos. Aunque su implementación requerirá ajustes técnicos y logísticos, este esfuerzo refleja un compromiso con la innovación y la inclusión, elementos esenciales para fortalecer nuestra democracia en un mundo digitalizado.
🟡 MUCHO POR CONSTRUIR
El déficit habitacional en el Perú, con un 36% de hogares afectados, evidencia la urgencia de triplicar la producción anual de viviendas: se debe pasar de 60.000 a 200.000 unidades. Este desafío requiere estrategias integrales que incluyan financiamiento, subsidios y participación privada. La construcción no solo impulsa la economía, sino que es clave para garantizar una vivienda digna para todos los peruanos. Resolver este problema estructural es vital para mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades sociales.
🔴 CUESTIONABLE SEGUIMIENTO
La denuncia de Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, sobre el supuesto seguimiento ordenado por la fiscalía a siete magistrados del TC, plantea interrogantes sobre la independencia de los organismos autónomos del Estado. Aunque la investigación buscaría esclarecer posibles actos de tráfico de influencias, tratar a los magistrados como sospechosos, sin pruebas concretas, vulnera la institucionalidad. Este tipo de acciones deben ser esclarecidas para evitar que se socave la credibilidad del sistema judicial.
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