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De manera artera, los legisladores buscan aumentar su exposición en los medios estatales en plena campaña.
(Ilustración: Giovanni Tazza).

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A finales de noviembre, el aprobó la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2026. En simple, la norma establece las condiciones bajo las que el Estado Peruano podrá endeudarse el próximo año fiscal, a fin de que lo haga de manera responsable y sostenible. Sin embargo, subrepticiamente, l, un tópico que nada tenía que ver con la materia que estaban votando.

Los cambios contrabandeados en el hemiciclo, , duplican el tiempo mínimo que los medios estatales deben dedicar a transmitir las actividades del Congreso (de una a dos horas diarias); ordenan al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que uno de los canales del sistema de televisión digital terrestre emita íntegramente las sesiones del pleno; y obligan a que el incorpore el canal del Congreso en su sistema satelital para su difusión a escala nacional.

Como ha explicado acertadamente Hugo Coya, expresidente del IRTP, se trata de un intento de los parlamentarios por sacar una ventaja indebida en el marco de la campaña electoral, al obligar a los medios estatales –que en algunas partes del territorio nacional constituyen la única señal efectiva– a darles mayor exposición. Ello, considerando además que los legisladores –más de 80 de ellos en busca de la reelección– ya cuentan con una serie de medios para promocionarse que sus rivales no, desde el uso de las semanas de representación hasta el canal de televisión y las redes sociales del Congreso; medios, por cierto, pagados por los peruanos.

Por lo demás, no es la primera vez que este Parlamento trata de contrabandear cambios legales, introduciendo disposiciones de una materia en una ley que versa sobre otra, con tal de evitar que sean detectados a tiempo o sometidos a debate. Ya hemos denunciado este ardid antes. Lo ideal sería que el Congreso debata y apruebe cuanto antes el proyecto presentado por el congresista Carlos Anderson (no agrupado), a iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, que busca darle una independencia real al IRTP. Así, se evitaría que ocurra lo sucedido bajo el gobierno de Dina Boluarte, quien a través de Juan José Santiváñez trató de tomar el control de los medios estatales. Dicho proyecto, sin embargo, fue presentado a finales de noviembre del 2024 y desde entonces continúa en comisión, durmiendo el sueño de los justos.

No debería hacer falta recordarlo, pero conviene hacerlo: TV Perú y Radio Nacional son medios del Estado, no de ninguna autoridad ni mucho menos de congresistas inescrupulosos que legislan con trampa.

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