El silencio no es una opción, por Juan Aurelio Arévalo

La sentencia por el libro “Plata como cancha” sienta un nefasto precedente para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el Perú.  No solo se ha consumado el abuso de un juez que asume que un periodista tiene responsabilidad penal por lo que declaren terceros sino que también se ha legitimado un acto de intimidación de un político que aspira ser presidente de la República.

Como sabemos, la obra en cuestión es un perfil de César Acuña que el periodista Christopher Acosta ha desarrollado con rigor basado en documentos, testimonios de allegados e investigaciones periodísticas previas. En un primer momento, el líder de Alianza para el Progreso acudió a Indecopi para tratar de detener la publicación del libro alegando que el título “Plata como cancha” es una frase que le pertenece. Cuando esto no le resultó volvió a la ofensiva querellando a Acosta, al director de la editorial, Jerónimo Pimentel y a la editorial misma, solicitando 100 millones de soles de indemnización, pese a que previamente había dicho que no denunciaría al periodista. Acuña reconoció en una entrevista en El Comercio que no había leído el libro, pero su abogado le dijo que “hay más de 102 frases que tienen que explicarse en el Poder Judicial”.

EDITORIAL DE EL COMERCIO: Una sentencia deplorable

El juez Raúl Jesús Vega determinó que 34 de esas frases constituyen “hechos lesivos al honor y reputación” de Acuña y condenó a Acosta y Pimentel a dos años de prisión suspendida y al pago de 400 mil soles de reparación civil. Cabe resaltar que la defensa de Acuña pidió que no se transmita la audiencia por el canal JusticiaTV y pese a que 76 periodistas solicitaron al despacho del juez que envíe el link para cubrir la lectura de la sentencia, nunca tuvimos respuesta.

Como bien señalamos en nuestro editorial, el magistrado ha dictado una sentencia que desconoce la doctrina del reporte fiel o reporte neutral, establecida hace dos décadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el ámbito judicial peruano. En pocas palabras la doctrina establece que si alguien publica o difunde lo afirmado por un tercero lo único que tiene que probar es que ese tercero en efecto dijo lo que se le atribuye y no la veracidad del contenido de la afirmación.

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Bajo la lógica del juez, los periodistas no podríamos citar ninguna declaración. Tampoco podríamos hacer entrevistas. En resumen no podemos investigar.

Se trata de un fallo aberrante y hasta ridículo. Para muestra un botón: Acosta viajó a Colombia y visitó la Universidad de Los Andes donde Acuña obtuvo una maestría en Dirección Universitaria. El periodista ingresó a la biblioteca y pidió que le enseñen la tesis, pero la propia Universidad se excusó aduciendo que no está bajo lectura pública por disposición de su autor. Por publicar esto en el libro, el juez consideró que hay difamación porque la casa de estudios no es una fuente confiable. Es decir, el juez también pretende establecer qué fuentes se pueden utilizar y cuáles no.

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Esta sentencia en primera instancia no puede pasar por agua tibia. Es grave porque se está castigando a una editorial y condenando a un periodista por informar sobre una persona de interés público. Alguien que ha sido dos veces candidato a la presidencia, gobernador, alcalde, congresista y es el dueño de una universidad que tiene presencia en todo el país. Lo que nos dice el fallo en pocas palabras es: no te metas con un político.

Y esto es inaudito, sobre todo, en estos tiempos en los que el silencio, la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas de nuestras autoridades esconden graves actos de corrupción que solo se han hecho públicos gracias a investigaciones periodísticas. Hoy el periodismo es más importante que nunca y ante abusos como este el silencio no es una opción.

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