Eligiendo un tribunal

El pleno del Congreso fue convocado a sesionar el día de ayer para definir la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). En un proceso sumamente dilatado y que no ha estado exento de controversias (recordemos que la disolución del Congreso en setiembre del 2019 por parte de Martín Vizcarra se justificó, en última instancia, por el método de elección de sus miembros), el Parlamento, finalmente, reemplazó a los seis tribunos que llevan varios años con el mandato expirado (y el séptimo y actual presidente del Tribunal desde enero de este año, Augusto Ferrero, cumple su mandato de cinco años en agosto, por lo que no podría completar los dos años establecidos a la cabeza de la institución).

En realidad, la elección de miembros del Tribunal Constitucional en los últimos años no es sino otro reflejo más de la disfuncionalidad de nuestro sistema político, pero hay dos componentes que bien podrían corregirse y mejorar en algo la legitimidad final del proceso. Por un lado, las dificultades probablemente comienzan con el hecho de que el acto de seleccionar y el acto de elegir están en manos del mismo poder del Estado (el Congreso) y, por el otro, que no haya una renovación escalonada del Tribunal.

Desde hace casi una década, desempolvamos el término “repartija” cada vez que se acerca la fecha para renovar el TC. Considero que por el alto número de votos (87, dos tercios del pleno) que se requiere para elegir a un candidato es inevitable algún nivel de acuerdo o compromiso entre las bancadas en el Congreso y que, incluso, ello puede ser algo positivo al abrirle las puertas a cierto pluralismo ideológico dentro del Tribunal.

El problema es que lejos de representar voces diversas, los candidatos, al pasar por procesos de selección opacos y cuestionables en manos del propio Congreso, terminan alejados de criterios adecuados. Una posibilidad sería que las nominaciones corran a cargo de otra institución, de tal manera que se produzca un grupo selecto y renombrado de juristas independientes y de trayectoria intachable. No se les puede pedir que sean ideológicamente neutros, porque eso no existe, pero en parte las negociaciones podrían apuntar a que las diversas fuerzas políticas tengan voz en el proceso.

Adicionalmente, algo que no debería ocurrir en ninguna circunstancia por un principio elemental de separación de poderes es que un mismo Congreso elija de golpe a casi la totalidad del TC. En un escenario no improbable, la composición política del Congreso terminará teniendo un espejo en el TC por los próximos cuatro años.

Miremos si no lo que está pasando en EE.UU. estos días en torno de la Corte Suprema. A raíz de la filtración del borrador de un potencial dictamen en mayoría, se anticipa que la Corte Suprema revertirá 50 años de protección constitucional del aborto desde la decisión tomada en el caso Roe vs. Wade. Más allá de la discusión legal, este cambio radical sería el resultado circunstancial de maniobras políticas, como evitar que Barack Obama nominara a un juez durante su mandato tras la muerte de Antonin Scalia, o el hecho de que un presidente de un solo período, como Donald Trump, haya podido nominar hasta tres jueces, todos ideológicamente conservadores. Y es en parte por ello que Sonia Sotomayor, una de las jueces liberales, se pregunta si la institución podrá sobrevivir al “hedor” de la intromisión política en las decisiones judiciales, una separación que John Roberts, que preside la Corte, buscó a toda costa respetar. Hasta ahora.