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Manuel Calloquispe Flores

Desde hace un año, Jesús Carmelo Martínez Soria (35) se encuentra postrado en su cama debido a la diabetes. Los médicos tuvieron que amputarle hace tres meses su pierna derecha para evitar una gangrena. Junto a él vive su madre Olinda (76), su hermana Marivel (38) y cuatro sobrinos. Todos ellos viven en una casa de 4 x 8 metros, de pared de tripley y techo de calamina. La vivienda se ubica en el pasaje Alameda, en el asentamiento humano Amarumayo, Puerto Maldonado, .

“Jesús era mi único sustento”, cuenta Olinda entre lágrimas. Ella también padece de diabetes, presión alta y artritis. “Así no puedo trabajar”, se queja. Antes de que su hijo enfermara, Jesús trabaja como cocinero en los restaurantes de las zonas mineras de la Pampa, en Delta y Huepetue. “Ahí ganaba su plata y siempre me enviaba sus remesas para mis remedios, mi ropa y mi comida", recuerda su madre. Él también apoyaba a su hermana Marivel con los gastos educativos de sus sobrinos.

Ningún integrante de esta familia es beneficiario del Bono de 380 soles que otorga el Gobierno a las familias de pobreza y pobreza extrema que se han visto afectados por la cuarentena. Jesús tampoco es beneficiario de los programas de discapacitados, ni de la bolsa de alimentos que reparte la Municipalidad de Tambopata. Solo Olinda es usuario de pensión 65, pero esos 150 soles mensuales que recibe no son suficientes para todo el mes. Marivel está en un programa temporal de empleos y una de sus hijas se recurseaba haciendo mandados de vez en cuando. Sin embargo, ahora, con el estado de emergencia y la cuarentena, no pueden salir de casa, no pueden trabajar ni buscar otros ingresos.

Similar situación atraviesa Patty Vela Herrera (40) y sus tres hermanos: Elvis (60), Geli Lila (54) y Uriel (44), todos ellos con una discapacidad. Elvis ha ido perdiendo el habla de niño, y además sufre de artritis. Su hermana es sordomuda de nacimiento y Uriel tiene dificultad para hablar. Patty tiene 4 hijos y una nieta. En total son 10 personas quienes viven en una casa de una sola pieza, ubicada en el asentamiento humano Barrionuevo. Javier, el esposo de Patty, es el único que trabaja. Se dedica a la extracción de madera y en la recolección de castaña, pero desde que se decretó el estado de emergencia no puede salir del monte, donde trabaja.

Patty y su familia no reciben el Bono de 380 soles. Tampoco están en la lista de beneficiarios de la bolsa de alimentos que reparte el Gobierno. Ayer compraron dos kilos de arroz con tres kilos de yuca, “es lo más barato que se puede comprar”, dice Patty. En los próximos días no saben que comerán.

En tanto, en la comunidad de Rompeolas, a 11 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado, viven los hermanos José y Julio Moreno Aguirre, de 76 y 70 años respectivamente, en una casita de una sola pieza a orillas del río Madre de Dios. Allí en su chacra tienen árboles frutales que venden a los visitantes los fines de semana. Julio trabajaba en las chacras de los vecinos. Su hermano José, hace 10 años que sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en una cama. Los dos no tienen SIS, ni pensión 65, y no aparecen como beneficiarios del Bono de 380 soles.

En otra zona de Madre de Dios, en el asentamiento humano Barrionuevo, viven Catalina y Calixto, una pareja de ancianos de 83 años. Ellos viven junto a sus tres hijos y cuatro nietos en una vivienda que es al mismo tiempo sala, comedor, dormitorio y cocina.

Cinco miembros de esta familia están enfermos. Calixto y Catalina son beneficiarios de pensión 65, pero no aparecen en el Bono de 380. Ninguno de los tres adultos de la familia recibe ayuda de los programas sociales del Gobierno. La vivienda, que es piso de tierra, se inunda cada vez que llueve, y las aguas y la humedad duran días en secarse.

Ynes Peralta Becerra (38) tiene seis hijos. Hace tres años murió su pareja de un derrame cerebral. Desde ese día, Ynes se dedicó a sus hijos y a salir adelante. “Aunque siempre fui una mujer trabajadora, hasta podía hacer dos trabajos en un mismo día”, cuenta. Antes de la emergencia hacia limpieza en una dependencia policial y vendía alimentos en un quiosco del colegio Fitzcarrald, donde estudia uno de sus hijos.

Ynes aparece registrada en el Bono de 380 soles, pero desde hace cinco días sigue en proceso y no puede cobrarlo. Ahora el colegio está cerrado y no hay trabajo, salvo la limpieza en la dependencia policial, pero allí solo le pagan 400 soles al mes. La familia vive en una casa, de cuartos de alquiler, por los que pagan 400 soles mensuales. Como Ynes aparece con el bono de 380 soles, en el municipio ya no la quieren registrar para la bolsa de alimentos que entrega el gobierno. “Son 6 bocas que alimentar y ya no sé qué comerán mis hijos mañana”, dice con un profundo pesar.

El Comercio visitó a 15 hogares de la ciudad de Puerto Maldonado, asentamientos humanos, invasiones y comunidades agrícolas. Todas las familias tenían condiciones similares de hacinamiento en una sola vivienda, además cuentan con parientes enfermos o con alguna discapacidad.

Para Esmilda Quispe Flore, directora de Atención Integral de Salud de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, la región está considerada como zona no pobre (de acuerdo a las estadísticas del INEI). Además, solo los distritos de Mazuko, Laberinto, las Piedras, Salvación y parte del distrito de Tahuamanu están considerados como pobres. El resto de distritos como Tambopata, Madre de Dios, Fitzcarradl están considerados como zonas no pobres.

Por ello, a la región Madre de Dios no llegan todos los programas sociales.

Para la arquitecta Yuliana Yabar Bautista, los problemas de hacinamiento en las viviendas es consecuencia de que existe una población flotante, y que las propiedades son informales (invasiones). Si bien es cierto la población de la ciudad crece normalmente, la población urbana ha crecido extraordinariamente, sostuvo.

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