La empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A formalizó ante el Poder Judicial (PJ) una demanda contra el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto y otras cinco personas luego de que estas fueron beneficiadas con el archivo de su proceso penal por estafa al pedir la aplicación de la Ley N°31751 (Ley de prescripción).
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A través de un documento, al que accedió El Comercio, la empresa solicitó un monto global de S/1′371.981,58 por cinco hechos imputados en contra del parlamentario y sus codemandados.
Tal como lo ha informado este Diario, Soto Reyes fue uno de los procesados que pidió ser beneficiado con la referida ley semanas después de que el Legislativo aprobó la norma y el Ejecutivo la promulgó.
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Ante ello, el pasado 24 de julio, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Cusco dispuso declarar prescrita la acción penal en contra de los acusados que venían afrontando un juicio oral.
El Ministerio Público había solicitado ocho años y ocho meses de cárcel para actual presidente del Congreso.
Antes del citado dispositivo legal, Soto había intentado archivar hasta cuatro veces su proceso judicial; sin embargo no lo había logrado puesto que el juzgado había determinado que los hechos cometidos eran materia de persecución penal para su aclaración.
La última vez, en marzo del 2022, el congresista había pedido el archivo de su caso a través de un recurso de excepción de naturaleza de acción alegando que los hechos atribuidos en su contra no podían ser tipificados dentro del delito de estafa.
Sin embargo, el juzgado desestimó el pedido y ordenó continuar con el proceso penal.
“En ese escenario, corresponde desestimar la excepción deducida por la parte imputada, puesto que los hechos se subsumen dentro del tipo penal, concurre el engaño como es el cobro de un pago por una prestación de servicios inexistente, y el aprovechamiento que tenía por la vinculación con los altos directivos”, había resuelto en ese entonces el órgano judicial.
Demanda por daños
Si bien el proceso penal ya fue declarado prescrito por el Poder Judicial; y hasta la fecha el Ministerio Público no ha presentado apelación, la defensa de la empresa de Transportes Turísticos Waynapicchu S.A interpuso este último lunes la demanda por daños y perjuicios, solicitando una reparación civil.
Y, tal como informó este Diario, la defensa del parlamentario solicitó al juez del caso declare consentido el archivo de su proceso penal.
Darwin Urquizo, abogado de la empresa, solicitó ante el Tercer Juzgado Unipersonal – Sede Cusco “la instalación de juicio oral respecto a la reparación civil” en contra de Alejandro Soto.
La demanda fue presentada ya que, en la resolución de archivo del proceso penal, el Poder Judicial dejó a salvo el derecho de la empresa para presentar la acción civil.
“Se deja a salvo el derecho del actor civil, que de ver por conveniente, recurra a otra vía extrapenal para reclamar la reparación civil, o caso contrario de persistir en esta vía, una vez que quede consentida y/o ejecutoriada esta resolución presente un escrito en el plazo de cinco días para que ponga en conocimiento que va reclamar la reparación civil ofreciendo las pruebas correspondientes, y oportunamente se señalará fecha para juicio oral respecto a la reparación civil”.
Tercer Juzgado Penal Unipersonal-Sede Cusco
La denuncia también incluye a Mario Justo Sequeiros Fajardo, Juan José Durand Gonzales, José Carlos Quenta Escalante, Datne Flores Medina y Marco Antonio Quenta Escalante.
El actual presidente del Congreso ha sido comprendido en dos de los cuatro hechos señalados en la demanda, por lo que el monto aproximado que le correspondería sería de S/84.436,92 respecto del global solicitado.
En el primero, se le imputa a Soto Reyes que en el 2014, en calidad de asesor legal de la empresa, haberse contratado para la elaboración de un estatuto, por el cual se autopagó la suma de S/10.000 sin que haya cumplido con el servicio profesional por el cual se suscribió el contrato.
Por este hecho, la empresa ha solicitado que Soto Reyes pague la suma de S/. 36.558,33 por concepto de reparación civil por indemnización de daños y perjuicios ocasionados.
En otro hecho, el congresista de Alianza Por el Progreso (APP) es sindicado de haber comprado un terreno de 640,61 m2 por el valor de US$/. 5.000,00 y haberlo vendido a través de un tercero (Juan José Durand Gonzales, quien actuó como “supuesto corredor de la Empresa Inmobiliaria Los Faros”) a la empresa Waynapicchu S.A por el monto de US$265.000,00, indicando que el terreno era de 879,9 m2.
Según la denuncia, Soto Reyes habría concertado dicha venta fraudulenta con Mario Justo Sequeiros Fajardo, induciendo al error a los integrantes del directorio de la empresa.
Por ello, el representante legal de Waynapicchu S.A ha solicitado que Soto y otros cinco demandados paguen la suma de S/. 287.271,54 por concepto de reparación civil por indemnización de daños y perjuicios ocasionados en calidad de responsables solidarios.
Por un tercer hecho, también han demandado que Mario Sequeiros y Datne Flores, paguen la suma de S/. 364.327,54. En un cuarto hecho, los antes mencionados también han sido requeridos por la suma de S/. 43.710,77; y por un quinto hecho la empresa solicitó contra Mario Sequeiros la suma de S/. 640.113,40.
