Defensoría: Sentencia del TC a favor del Congreso constituye un retroceso y afecta independencia judicial

La Defensoría del Pueblo consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Congreso constituye un retroceso y vulnera las bases del Estado constitucional del derecho peruano, ya que en reiterada jurisprudencia precisó que no existen zonas exentas de control constitucional.

A través de un comunicado, indicó que en el pasado el TC garantizó que todo acto del poder público se someta a la Constitución como norma vinculante, incluidos los actos del Congreso.

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“Sin embargo, en su reciente sentencia, ha incorporado la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, retirando del control jurisdiccional a ciertos actos del Parlamento, sin justificar el apartamiento de la línea jurisprudencial sostenida hasta el momento”, manifestó.

Recalcó que a juicio de la Defensoría del Pueblo, esta doctrina “supone un retroceso en la obligación de garantizar derechos fundamentales, y debilita la fuerza normativa de la Constitución y el Estado constitucional de derecho”.

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“Como resulta evidente, existen actos discrecionales sujetos a valoración política, pero ello no significa que no puedan afectar derechos fundamentales que corresponde a los jueces garantizar”, subrayó.

Pretende limitar sus facultades

Asimismo, la Defensoría señala que el fallo del TC “afecta la independencia judicial”, ya que el artículo 139, inciso 2, de la Constitución establece el principio de independencia judicial y prohíbe expresamente que una autoridad interfiera en un proceso a cargo de un juez.

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“La sentencia trasgrede dicho principio pues el TC, al declarar nulas diversas resoluciones judiciales en el marco de procesos en curso, interviene en la autonomía del juez para resolver el proceso a su cargo. Lo resuelto por el TC resulta particularmente grave, pues, incluso, ha solicitado a la Junta Nacional de Justicia evaluar la conducta funcional de los jueces que dictaron dichas resoluciones”, enfatizó.

“Ello tendrá un efecto disuasorio frente a los jueces del Poder Judicial a quienes se solicite que ejerzan el control de actos parlamentarios y cuyo mandato es hacer prevalecer el Estado constitucional y democrático de derecho y la protección de derechos fundamentales”, añadió

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En ese sentido, la Defensoría explicó que en nuestro Estado constitucional de derecho, el TC no se encuentra jerárquicamente por encima del Poder Judicial. Señala que ambos son autónomos para ejercer sus respectivas competencias y lo contrario constituye un desbalance de poderes.

Debilita sistema electoral

También detalla que el fallo debilita al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al sistema electoral en su conjunto porque exhorta a modificar el artículo 99 de la Constitución para permitir que los miembros del máximo tribunal electoral y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  (Reniec) sean acusados constitucionalmente ante el Congreso de la República.

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Además, la Defensoría advirtió que la sentencia pretende limitar el pleno ejercicio de las facultades de la Defensoría del Pueblo por considerar que se encuentra “acéfala” cuando cesa en sus funciones su titular electo por el Congreso y que su sucesor/a debe limitarse a labores administrativas.

“La Defensoría del Pueblo rechaza dicha interpretación, la cual nos llevaría a claudicar e incumplir el mandato constitucional de defensa irrestricta de los derechos fundamentales y la buena administración pública. Bajo esta interpretación del TC, la Defensoría del Pueblo no podría ejercer su rol mientras el Congreso de la República no logre realizar la elección que le corresponde hacer”, anotó.

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Finalmente, la Defensoría del Pueblo aseguró que en una situación de crisis social y política como la que atraviesa el país, pretender limitar el alcance de sus funciones representa un retroceso en la defensa de los derechos humanos.

“Por tal motivo, hacemos un llamado a los estamentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y organismos del Sistema de Naciones Unidas para que tomen atención sobre la situación de nuestra institución nacional de derechos humanos en un contexto de debilitamiento de la democracia”, sentenció.