El pacto informal. Pedro Castillo y el Congreso se entienden en algo malo. Una crónica de Fernando Vivas

LEE TAMBIÉN | El mayor enemigo de Pedro Castillo: La trinidad de Patria Roja, Sutep y la Derrama Magisterial. Una crónica de Fernando Vivas

Miren, por ejemplo, cómo agarraron pista los colectiveros. La Municipalidad de Lima les hizo guerra durante la gestión de Susana Villarán del 2011 al 2014, pero su sucesor Luis Castañeda no tomó esa posta. La tomó el gobierno de PPK y la llevó más lejos, proponiendo al Congreso la creación de la ATU (Autoridad para el Transporte Urbano de Lima y Callao), adscrita al MTC pero con autonomía. La bancada fujimorista se resistió hasta que cedió en el 2018, ya durante la gestión de Vizcarra. El congresista fujimorista Roy Ventura, fue un entusiasta pro-colectivero; pero su bancada giró a favor de la reforma. La ATU se echó a andar.

El Congreso complementario elegido en el 2020 fue fragmentado e individualista, pletórico de ‘invitados’ que desoían a sus portavoces para hacer un despliegue de agendas particulares. No había líderes partidarios capaces de disciplinarlos para que, al menos, se concentraran en los grandes temas y dejaran al gobierno avanzar con reformas consensuales como la del transporte, la universitaria, o con el combate a la minería ilegal y al narcotráfico.

Las condiciones estaban dadas para que los lobbies informales y contrarreforma permearan varias bancadas y sumaran mayoría simple. Los colectiveros se dieron el lujo de contar con un congresista orgánico, Guillermo Aliaga, de Somos Perú, que hizo desembozada campaña con ellos y por ellos. La pandemia les dio combustible, ayudándolos a justificar prórrogas y excepciones a la norma, con el argumento del hambre y el desempleo. El 23 de diciembre del 2020, a pesar de las observaciones del gobierno de Sagasti, el Congreso, por insistencia, formalizó con la Ley 31096, a los taxis colectivos en todo el Perú con excepción de Lima y Callao.

La contrarreforma del transporte se anotó tremendo gol en las regiones, de allí de donde viene el 70% de congresistas y que hoy empata con un gobierno de fuerte raigambre regional; de allí donde la informalidad supera el 70% del empleo, mientras en Lima se acerca al 60%. He aquí las condiciones esenciales del pacto informal.

MIRA | “Cuéntame otra”: Don Aníbal Torres, no nos defraude, no dispare contra el procurador Daniel Soria, por Fernando Vivas | VIDEOCOLUMNA

Se les apareció la virgen

Hasta que tuvimos, pues, un gobierno con los mismos ingredientes de descomposición política que veíamos en el Congreso complementario. Era cuestión de semanas, para que las demandas de contrarreforma de los colectiveros, de los mineros ilegales, de los cocaleros y otros grupos en zonas grises de la ley, se hicieran carne en el Congreso y, en especial, en la bancada oficialista, la de Perú Libre.

Por ejemplo, los mineros informales e ilegales (la frontera entre unos y otros es muy difícil de trazar) consiguieron una prórroga del proceso de formalización planteado en la Ley 27651 de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Si bien es la cuarta ampliación en dos décadas de ley y tuvo un amplio consenso entre bancadas, veamos quienes promovieron los proyectos que se fusionaron en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas: Eduardo Salhuana, portavoz de APP y único congresista por Madre de Dios, el epicentro del problema; y dos parlamentarios de Perú Libre. El eje bancada de gobierno con bancada de centro, se hizo notorio en esta oportunidad.

En el caso de los proyectos de ley que buscan limitar a la Sunedu y a la reforma universitaria; no hay informalidad a secas, pero detrás de las universidades no licenciadas que piden prórrogas por enésima vez, hay un mundo de prerrogativas informales, con políticos locales encaramados en rectorías y decanatos, que chocan con las normas. Los proyectos de contrarreforma vienen de distintos frentes y Waldemar Cerrón, portavoz de Perú Libre, promueve uno de ellos. Si vemos cómo la bancada de gobierno se alinea con otras bancadas en el propósito de defender el status quo de poderes grises que reemplazan a los partidos; entenderemos mejor los alcances del pacto informal.

Los colectiveros, para seguir con nuestro ejemplo estelar, han conseguido nada menos que la simpatía presidencial. Según fuentes que conocen el sector transporte; en regiones del sur habían apoyado la campaña de Pedro Castillo en la segunda vuelta. A los congresistas que ya tenían por amigos en bancadas claves, sumaron al mismísimo jefe del MTC. Castillo colocó y blindó al ministro Juan Silva, que ha hecho evidentes concesiones a la contrarreforma. La última ha sido abrir un padrón, con el pretexto de tener un censo con fines de estudio, para que se registren los colectiveros.

Tal registro no es un permiso formal para conducir, pero lo parece para los inscritos, e incluye a Lima y Callao, que estaban excluidas en la generosa Ley 31096. Silva, además, ha hecho un nombramiento que revela lo que queremos contar en esta crónica, que hay un pacto de poderes en aroma de informalidad: ha designado, por RM 1440-2021-MTC/01 del 1 de enero, a Lenin Checco como cabeza de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte. Checco, ex congresista del Frente Amplio, fue precisamente uno de los promotores de la 31096 y, ahora, está una dirección crucial, pues es la encargada de desarrollar el reglamento pendiente de esa ley.

TE PUEDE INTERESAR | “Alerta: el pacto infame”, por Fernando Vivas

He ahí una prueba de la comunión de poderes y aprendizajes para atender demandas informales de contrarreforma. He aquí otra: el ex congresista humalista Josué Gutiérrez, es abogado de Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre (PL) y es hoy el principal asesor de su bancada. También es asesor de la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, gremio que defiende las prerrogativas de transportistas frente a la reforma. La influencia de los colectiveros va más allá del núcleo partidarizado de PL. Édgar Tello, uno de los profesores en la bancada y amigo de Castillo, promovió un evento con transportistas que la emprendieron contra la ATU.

Luego de ser interpelado el 25 de noviembre, la congresista morada Susel Paredes echó a correr una moción de censura contra Silva. No obtuvo los votos suficientes para que fuera admitida. Es cierto que, en ese momento, la mayoría congresal priorizaba otra censura, a del ex ministro de Educación Carlos Gallardo; pero también es cierto que el lobby de los transportistas informales ha permeado a casi todas las bancadas, que se hicieron de la vista gorda ante la moción morada.

Pero, funciona, ¿no?

El sociólogo Martín Tanaka ha escrito más de un artículo sobre la falta de representación política de sectores informales, que resuelven por sus propios medios aquello que debiera resolver el Estado. Entre sus ejemplos está el caso de los colectiveros. Le pregunto, con ironía, si esto que he descrito como un ‘pacto informal’, atiende de algún modo, esa demanda de representación.

Martín sonríe. “En parte, solo en parte. El dato es que claramente se vio, en el Congreso del 2020, que los partidos han perdido el mínimo control que tenían en el pasado, de los intereses informales. Tenías, sí, a la bancada de UPP, pero tenías a los serios como dique de contención de proyectos irresponsables que no debían pasar. Ese dique, desde el 2020, parece haberse roto y no importa si los proyectos vienen de la izquierda, el centro o la derecha”.

MÁS INFORMACIÓN | Los subterfugios de la contrarreforma del transporte.

Le pido a Martín que extienda su reflexión al Ejecutivo. ¿Allí también se rompió el dique?. “Castillo y algunos de sus ministros son parte de ese mundo informal. Y Castillo ha cumplido, porque en la campaña criticó la reforma del transporte”. Seamos abogados del diablo: muchos de estos actores que reclaman prórrogas o indulgencias normativas, hacen que las cosas funcionen. Los colectivos, por ejemplo, movilizan más rápido a la gente y, en algunos pocos lugares, cubren rutas despobladas de ómnibus. “Funcionan y resuelven problemas, pero con costos enormes, de desorden e inseguridad”, dice Tanaka.

En el caso de los colectiveros, hay que agregar que implican una competencia desleal a quienes si invirtieron en unidades grandes para acogerse a la reforma. Por otro lado, según me han explicado más de una vez en la ATU, las rutas cubiertas exclusivamente por colectivos son poquísimas y despobladas; el lobby apunta a rutas densamente pobladas y ya cubiertas por vehículos grandes. Mis fuentes de la ATU agregan que la contrarreforma no solo busca copar cargos fundamentales en el MTC sino del organismo regulador de transporte, Sutran; además de debilitar la capacidad de la ATU de hacer operativos con apoyo policial.

¿Y los ambulantes qué?

La pregunta de Tanaka sigue en suspenso. ¿Hay representación política de la informalidad? Está claro que el pacto de los poderes solo alcanza a sectores con capacidad de aportar a campañas políticas y montar lobbies persuasivos. De paso, alcanza a las mafias asociadas a esos sectores, como en los casos de mineros informales y cocaleros.

Conversé con Carmen Roca, socióloga e investigadora de la red WIEGO, con larga experiencia de trabajo con los sectores informales más poblados y vulnerables, aquellos que necesitan representantes en el Congreso no para disparar contra normas y reformas; sino para crear leyes que los protejan y atenúen su precariedad. A la pregunta genérica sobre si están representados, Carmen responde que no. “Tienen ambiciones [políticas y de representación], pero no llegan a concretarlas. Por ejemplo, los canillitas apoyaron a Keiko; y los estibadores apoyaron a Verónika, no necesariamente a Castillo. Ahora, en el caso de los canillitas, había en el congreso anterior un proyecto de ley que se aprobó en los últimos días de la legislatura”. En efecto, Castillo lo promulgó con bombos y platillos el 17 de agosto. Sin embargo, ese proyecto, según Roca, está lleno de vacíos y no contenta a todos. Que se aprobara fue cosa, “del azar, de contactos personales, no de una representación organizada”.

Veamos el caso del sector que, de lejos, es el más numeroso y uno de los más vulnerables, el comercio ambulatorio. Alrededor de dos millones de peruanos (medio millón en Lima, millón y medio en el resto del país) sobreviven trabajando en la calle. “En el congreso pasado, el secretario de la Comisión de Producción, Isaías Pineda, del Frepap, tenía un asesor sensible al tema del comercio ambulatorio y prepara un extenso dictamen. Sin embargo, este no llegó a discutirse y aprobarse”.

Las trabajadoras del hogar sí hicieron, según me cuenta Carmen, un trabajo de hormiga a favor de una ley que obliga a sus empleadores a reconocerles ciertos beneficios sociales. La Ley 31407 fue aprobada en plena pandemia, en octubre del 2020 y su reglamento se aprobó en abril del 2021. Fue mal ‘timing’, pues el empleo de trabajadoras del hogar se contrajo dramáticamente durante la cuarentena, y luego de ella no ha recuperado ni de lejos, su nivel. La cobertura formalizadora incide, en tiempos críticos, en el desempleo.

En resumen, el pacto informal entre los poderes peleones no es un pacto con el pueblo sino solo con algunos grupos que reclaman prerrogativas ante la ley y ante reformas indispensables. Es un pacto, en algunos casos, para dar pasos atrás y expedir indulgencias a emprendedores que no las merecen; en otros, solo busca para mantener la inercia, el status quo informal.

VIDEO RECOMENDADO:

TE PUEDE INTERESAR:

• Palacio de Gobierno: “Es legal y materialmente imposible proporcionar” lista de reuniones de Pedro Castillo en Sarratea
• Procurador Daniel Soria evalúa medidas en caso de Pedro Castillo
• Presidente Castillo: “Quién sabe, hemos sido silenciados por gente que no asume que conduzcamos el país”
• Pedro Castillo: ¿Quién es Eduardo Pachas, el abogado del presidente de la República?