La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se refirió al dictamen de la Comisión de Descentralización que plantea cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por el de Ministerio de la Familia y consideró que de aprobarse, “se generarán retrocesos”.
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A través de su cuenta en Twitter, dijo que le “preocupa profundamente” el dictamen aprobado porque “invisibilizará” a las mujeres como destinatarias de las acciones del Estado para alcanzar una igualdad real y no solo formal.
“De lograrse esta pretensión se generarán retrocesos en la política pública para combatir la violencia y la discriminación estructural que viven las mujeres, al invisibilizarlas como destinatarias de las acciones del Estado para alcanzar una igualdad real y no solo formal”, escribió en la red social.
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“Hace 40 años el Perú ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este tratado reconoce que, pese a los avances en materia normativa de protección, ‘las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones’”, añadió.
Barrios Alvarado pidió no retroceder en todo lo avanzado, pues si el Perú pretende integrarse a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), debe apostar por superar las barreras que las mujeres enfrentan en la educación, el empleo y la vida pública.
“Confío en que el pleno del Parlamento legislará con arreglo a los tratados internacionales que conforman nuestra legislación nacional y de los que el Estado peruano es parte”, sentenció.
El dictamen aprobado el último marte 5 recae en la iniciativa legislativa Nº 1229/2021-CR, presentada por el parlamentario Américo Gonza (Perú Libre), que indica que la propuesta declarativa “permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”.
“Si bien, no se cuenta con la competencia para plantear la modificación real del nombre del Ministerio, el Congreso de la República si podría hacerse un llamado al Poder Ejecutivo mediante una ley declarativa de interés público con la finalidad que advierta de la falta de atención que sufren los demás miembros vulnerables de las familias, como son los menores de edad y las personas adultas mayores en estado de abandono”, reseña el documento.
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Agrega que “ciertamente, las mujeres violentadas son un grupo vulnerable en nuestro país que merece políticas públicas que las protejan; pero también los niños en estado de abandono y los adultos mayores en el mismo estado de abandono necesitan de políticas públicas que incidan en su protección”.
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