Desde las 9:00 de la mañana de este miércoles 29 de marzo, la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación de Pedro Castillo, para anular la prisión preventiva de 36 meses que se impuso en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción.
Esta medida en contra del vacado expresidente fue dictada en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en los Casos Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Descentralizado-Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
Como se recuerda, el 09 de marzo del 2023, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkely dispuso la medida contra Castillo Terrones, así como para el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas.
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En ese momento, el magistrado de primera instancia indicó que existían evidencias que vinculaban al exjefe de Estado con los presuntos delitos que se le imputan al haber utilizado su cargo para facilitar el accionar de la presunta organización criminal que habría liderado durante su gobierno.
Además, concluyó que existía el riesgo de que fugue del país si está en libertad y de que obstaculice la justicia. Mientras que para Silva Villegas, indicó que también habían elementos que vinculaban al exministro con presuntos actos irregulares y recepción de dinero ilícito, aunado que se encuentra prófugo de la justicia desde el 7 de junio del 2022.
Sin embargo, rechazó dictar la misma medida limitativa para el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
“Señalar fecha de vista de causa para el día miércoles veintinueve de marzo, a horas nueve de la mañana, que se realizará por el aplicativo Google Hangouts Meet; conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución Administrativa N.° 173-2020-CE-PJ”, dispuso el mencionado tribunal.
La fiscalía suprema ha proyectado que, por este caso, Castillo Terrones podría ser condenado a una pena de 32 años de prisión. En tanto que Silva podría tener una condena de 24 años y 8 meses de cárcel y Alvarado López podría ser sentenciado a 17 años y 8 meses.
Esta es la segunda orden de prisión preventiva contra Castillo Terrones, pues anteriormente se dictó otra por 18 meses en el marco del presunto delito de rebelión y otros delitos debido al golpe de Estado que encabezó el 7 de diciembre del 2022.
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