La bancada de Perú Libre (PL), cuyo secretario general y fundador es el prófugo Vladimir Cerrón, busca suspender no solo al fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena; sino también a los magistrados que integran la Junta de Fiscales Supremos Pablo Sánchez y Delia Espinoza.
Esto, a través de un proyecto de ley que propone declarar en “emergencia” el Ministerio Público por el lapso de dos años, descabezando así a dicha institución.
La iniciativa legislativa tiene como autor al congresista Segundo Montalvo Cubas y como coautores a sus colegas de bancada Waldemar Cerrón -hermano del prófugo exgobernador de Junín- Margot Palacios Huamán, María Antonieta Agüero Gutiérrez, Américo Gonza Castillo y Kelly Portalatino Ávalos.
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El documento, presentado formalmente el miércoles último, plantea además que se conforme la “Asamblea Nacional de Fiscales (ANF)” que estaría integrada por siete fiscales titulares. Cuatro de estos serían elegidos entre los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y los otros tres saldrían de los presidente de las Juntas de Fiscales Provinciales.
“Declárese en Emergencia y Reorganización al Ministerio Público, hasta por dos años, durante el tiempo en que se resuelva la situación disciplinaria y/o penal de los Fiscales Supremos Titulares, dentro del marco y alcances de la presente ley.”
Proyecto de Ley de Perú Libre
El proyecto fue saludado desde la clandestinidad por Vladimir Cerrón, quien una vez más utilizó su red social de “X” para resaltar la iniciativa de su partido político.
“Saludamos el PL (proyecto de ley) del congresista Segundo Montalvo que declara en emergencia el MP (Ministerio Público) y su reorganización institucional”, anotó.
Como se recuerda, Cerrón Rojas tiene más de cinco procesos judiciales en curso (Los Dinamicos del Centro, lavado de activos por presuntos aportes ilícitos a Perú Libre -donde su hermano, el congresista Waldemar Cerrón también está incluido-, Chupaca, etc) y dos condenas por corrupción (Aeropuerto Wanka y La Oroya)
Este Diario se comunicó con el Ministerio Público para conocer si emitirían algún pronunciamiento, pero al cierre de este informe no hubo ninguna declaración.
Intervendrán en Equipos Especiales y coordinaciones de Fiscalías
El proyecto propone integrar seis disposiciones complementarias transitorias a la Ley Orgánica del MP, entre las que disponen la intervención de los Equipos Especiales, así como las coordinaciones de las Fiscalías.
El documento plantea que se precise que la interpretación auténtica del artículo 80-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público sea que “la coordinación de los equipos especiales que establece el artículo 80-A de la Ley Orgánica del Ministerio Público, debe recaer en un Fiscal Superior Titular”. Y que un fiscal con dicha condición de titular será quien intervendrá en las etapas procesales de su competencia, que se indica en la referida norma.
Actualmente, la norma no precisa que los coordinadores de los Equipos Especiales sean fiscales superiores “titulares”, solo indica que sea un equipo “de Fiscales Provinciales Penales y Adjuntos para que bajo la coordinación de un Fiscal Superior” se avoque a las investigaciones.
De prosperar este proyecto de ley, una de las principales afectadas directamente, sería la Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Marita Barreto, quien actualmente tiene la condición de “Fiscal Superior Provisional”.
La iniciativa de Perú Libre también apunta a los Fiscales Superiores Coordinadores, proponiendo que el presidente de la Asamblea Nacional de Fiscales, en el plazo máximo de un mes de haber sido elegido, “deberá estimar la permanencia de los actuales Fiscales Superiores Coordinadores”. De tal manera que ratifique a los actuales coordinadores o proceda a su “inmediato cambio”.
“Esta norma no impide el cambio de determinado Fiscal Superior Coordinador, en el tiempo que lo estime pertinente, conforme a la facultad que confiere la ley, conforme a la interpretación que se expone en la disposición precedente”, se indica.
Con este extremo en la propuesta, podría cambiarse al coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba -actualmente suspendido del cargo- si así lo considera quien asuma como presidente de la ANF.
¿Cómo funcionaría el MP según el proyecto de Ley?
Según el proyecto de Ley se incorporaría una disposición complementaria a la Ley Orgánica del Ministerio Público, disponiendo la conformación de la “Asamblea Nacional de Fiscales”.
Aquí se precisaría que durante el plazo de la emergencia que sea declarada por ley, “se suspenden las funciones y atribuciones determinadas en la Ley Orgánica del Ministerio Público” del Fiscal de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos.
Y, las funciones y atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos serán asumidas por la ANF; mientras que el presidente de dicho órgano asumiría el rol del fiscal de la Nación, con todas sus atribuciones.
“Las funciones y atribuciones del Fiscal de la Nación son asumidas por el Presidente de la Asamblea Nacional de Fiscales. El Presidente es elegido entre los integrantes de la Asamblea Nacional de Fiscales, de entre sus pares, y debe reunir los requisitos que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, se indica.
Para ello, se dispone que la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional de Fiscales se debe realizar dentro de los cinco días de publicada la aprobada ley; y dos días después de haber sido electa la ANF, se debe elegir al presidente.
Además…
Fiscal de la Nación se pronunció días atrás ante idea similar
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ya se había pronunciado por una iniciativa similar que se venía analizando en la Bancada de Renovación Popular, rechazándola y asegurando que una propuesta de esa magnitud "pretende quebrantar el orden constitucional y democrático" con el que se pretendía volver a la toma del Ministerio Público como sucedió en los años '90.
“Este proyecto de ley, abiertamente inconstitucional y arbitrario, evidentemente vulneraría el estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público, el equilibrio de poderes, esencial en una verdadera democracia”, dijo.
Advirtió que iniciativas que propongan la suspensión de las funciones de los fiscales supremos titulares y del Fiscal de la Nación, lo que buscaban en realidad era “frustrar las investigaciones a los altos funcionarios” y las indagaciones realizadas por los equipos especiales de fiscales, como Lava Jato, Cuellos Blancos y de Corrupción en el Poder.
Voces encontradas desde el Congreso
En diálogo con El Comercio, el vocero de Acción Popular (AP) Luis Aragón, sostuvo que sí “apoyaría” la iniciativa de sus colegas de PL, en la medida que tenga un “debate prolongado, serio, imparcial y que no corresponda a otros intereses”.
Según el congresista, si bien se debe pensar en la separación de poderes y la autonomía que tiene que tener el Ministerio Público, sí se tiene que hablar de una política de reorganización.
Dijo no estar muy convencido si dicha reforma tiene que ser vía un proyecto de ley en estos momentos, pero de que tiene que haber una reorganización estructural, debe haber.
Por tanto, señaló que dicha reorganización debe ser en un debate serio, prolongado, con intervención de las universidades, los colegios profesionales, juristas, los mismos representantes de la fiscalía; no solo presentar un proyecto de ley para aprobarlo mañana o al siguiente mes.
Aseguró que actualmente, sí existe una crisis en el Ministerio Público, con fiscales “que parecen políticos”, por lo que el problema que atraviesa dicha institución es serio.
“Estoy de acuerdo, pero que haya un debate prolongado y serio. Apoyaría sí (el proyecto de ley), en la medida que se vea que hay un debate serio, maduro, prolongado, imparcial, por supuesto, y que tampoco no corresponda a otros intereses políticos, no. Hay que tener mucho cuidado, porque el Congreso finalmente puede aprobar, pero que sea una verdadera reforma”, anotó.
El congresista Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP), desde el Congreso, señaló que todo proyecto tiene que ser debatido, puesto que, a las luces de todo lo ocurrido está claro que para todos los peruanos existe un terremoto en la fiscalía y en todo el aparato judicial.
“Ese proyecto, que entiendo, pasa por que se proponga una reforma, va a pasar por el Congreso y tiene que ser el Congreso porque es la institución que constitucionalmente está adecuada para poder esta modificación. No hemos tomado una decisión así que sobre eso tendremos una reunión de bancada”, dijo.
Por su parte, sobre el proyecto, la congresista Lady Camones de Alianza por el Progreso (AP), consideró que “posiciones radicales creo que no funcionan”. Agregó que como congresistas “tenemos que tener decisiones mesuradas”, por lo que “tomar una decisión donde se pretenda destituir a todos los fiscales, creo que no es lo correcto”.
“Sabemos que hay una crisis en el Ministerio Público y creo que las decisiones deberían tomarse de manera multisectorial, de repente una comisión que ayude a que las cosas estén mejorando en el Ministerio Público, creo que es la mejor decisión”, propuso.
José Cueto de Renovación Popular, indicó que no han analizado el proyecto, pero aseguró que la propuesta de Perú Libre difería de la que aún viene analizando su bancada.
“Estamos evaluando lo nuestro, porque puede haber allí un viso de inconstitucionalidad, porque es un órgano totalmente autónomo, más allá no puedo decir. No tiene nada que ver con el nuestro”, dijo.
Como se recuerda, días atrás se conoció que Renovación Popular se encontraba elaborando una propuesta que apuntaba también hacia la reforma del Ministerio Público. “No es un viso, queremos precisar que no vayamos a cometer un error en el sentido de que una ley, pueda ir encima de lo que manda la Constitución”, comentó.
Caso de la JNJ
Sin fecha para su debate en el Pleno
La propuesta legislativa que busca inhabilitar por diez años a la mayoría de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aún no tiene fecha para ser debatida y votada en el Pleno del Congreso de la República.
Ayer, el tema no fue incluido en la sesión del Consejo Directivo, y tampoco fue propuesto por alguno de sus integrantes.
Sin embargo, este jueves 29 de febrero, el caso podría ser tocado por la Junta de Portavoces, que se ha convocado para el mediodía.
Marco Tulio Falconí, el flamante titular de la JNJ y quien no se afectaría con la inhabilitación propuesta por el Legislativo, señaló que el Congreso sería el llamado a establecer los mecanismos a fin de que dicha entidad no se quede sin quórum.
“Ese es un tema que es competencia del Congreso de la República y el Congreso es el que tendrá que resolver esa situación. De acuerdo al artículo 157 de la Constitución Política del estado, es el Congreso el que tiene que calificar, tomar una decisión”, dijo a Radio Nacional.
