El pleno del Congreso suspendió por 120 días al legislador Freddy Díaz Monago el miércoles pasado, más de un mes después de que fuera denunciado por violación sexual por una trabajadora del Parlamento.
La decisión se tomó con 99 votos a favor (incluyendo el del propio Díaz) y cuatro en abstención. Estos últimos fueron de los legisladores Alfredo Pariona, Janet Rivas (ambos de Perú Libre), Jorge Luis Flores (Acción Popular) y Jorge Coayla (Perú Bicentenario).
Aún está pendiente que se resuelvan las denuncias constitucionales contra el legislador, que provocarían su desafuero.
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Las denuncias deben ser tramitadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero este grupo sigue sin instalarse en el actual período legislativo 2022-2023.
La subcomisión ni siquiera tiene definido oficialmente quiénes conformarán su nueva Mesa Directiva, una decisión que está en manos de la Comisión Permanente, que suspendió su sesión del martes pasado debido a la censura de Lady Camones como presidenta del Congreso.
La sesión del pleno en la que se decidió la suspensión de Díaz fue reservada por acuerdo de la Junta de Portavoces.
La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, de Fuerza Popular, argumentó que la sesión era “secreta” porque se vería “un tema relacionado con la intimidad personal”.
En el hemiciclo solo estuvieron los legisladores, las abogadas de Freddy Díaz y este último. En tanto, la prensa y los asesores parlamentarios tuvieron que abandonar la sala.
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La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, se encargó de exponer la resolución final de su grupo ante el pleno.
Paredes señaló –según información a la que accedió El Comercio– que Díaz reconoció que el pasado 27 de julio tomó bebidas alcohólicas en su oficina parlamentaria, que allí sostuvo relaciones sexuales y que dejó las instalaciones del Parlamento en estado de ebriedad, pero no aceptó la denuncia de violación.
En sus descargos, el legislador sostuvo que mantenía “una relación de salidas no formales” con la denunciante, y que no se pronunciaría sobre la acusación porque se encuentra en proceso de investigación por el Ministerio Público.
El pasado 27 de julio, la víctima narró a la policía que fue abusada por el congresista tras tomar bebidas alcohólicas y quedar inconsciente.
Aquel día, la trabajadora del Congreso fue auxiliada por un colega y luego recibió asesoría del Ministerio de la Mujer.
Según dijo Díaz, varios congresistas estuvieron bebiendo alcohol en las instalaciones del Congreso el 27 de julio.
El miércoles pasado, el Congreso valoró, entre otros aspectos, que Díaz se mantuvo no habido durante cinco días luego de la denuncia, y no acudió a la primera citación que le realizó la fiscalía.
El legislador, quien renunció a la bancada de Alianza para el Progreso tras la denuncia, recién se puso a derecho el 1 de agosto pasado, luego de que la fiscalía solicitara nueve meses de impedimento de salida del país en su contra.
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El pedido fiscal fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, y es la única restricción que mantuvo Díaz, quien incluso permaneció despachando en su oficina parlamentaria y ordenó el despido de su denunciante.
La trabajadora del Congreso fue recolocada en otra área, donde continúa laborando.
El pleno del Parlamento determinó que Díaz “realizó acciones que vulneraron el Código de Ética Parlamentario”.
Se le encontró culpable de vulnerar los artículos 1 y 4 del Código de Ética Parlamentario, sobre la conducta de los legisladores, y los artículos 3,4, 5 y 8 del Reglamento del Código de Ética, sobre el respeto por los órganos del Congreso.
Luego de aprobar la suspensión, las congresistas Flor Pablo, de Integridad y Desarrollo, y Patricia Chirinos, de Avanza País, precisaron que buscarán el desafuero de Díaz y exhortar a la subcomisión a priorizar este caso.
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