Casi al cierre de la legislatura, la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el legislador Omar Chehade (APP), aprobó —por unanimidad, con 10 votos— una reforma con la que se impediría a los expresidentes de la República a abandonar el territorio nacional por un año, una vez culminada su gestión.
El texto sustitutorio aprobado este miércoles, realizado a partir de propuestas del Frepap, el Partido Morado y Acción Popular, plantea al pleno del Congreso modificar el artículo 112 de la Constitución Política del Perú, referido al mandato presidencial.
“Culminado el mandato presidencial, el ex presidente de la República, o quien hubiese ocupado el cargo, permanece dentro del territorio nacional por el periodo mínimo de un año, salvo autorización de salida aprobada por el Congreso de la República, con más de la mitad del número legal de sus miembros, considerando las razones objetivas que hubiesen motivado la solicitud”, se indica en el dictamen.
Se trata de una reforma constitucional con la que se establece el “régimen de residencia temporal del expresidente de la República”.
En el dictamen se hace un repaso por la situación procesal de los últimos exmandatarios, desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra.
“Las situaciones analizadas permiten entrever que existe una gran posibilidad que quien haya ocupado la función de presidente pueda ser objeto de investigaciones judiciales. Su presencia en suelo peruano y dentro de nuestras fronteras es entonces necesaria para permitir una mejor acción de la justicia, evitando de pasar por los procedimientos de extradición que se conocen y que pueden ser demasiado largos y costosos para el erario nacional”, se señala.
Durante el debate, el legislador Gino Costa (Partido Morado) cuestionó el plazo que se estaba proponiendo y pidió retornar a la propuesta de los seis meses al considerarlo “más que suficiente”, puesto que, en caso de considerarlo, ya las autoridades fiscales y judiciales podrían disponer medidas cautelares restrictivas más amplias en el marco de las investigaciones a los exjefes de Estado.
“De lo que se trata es de que las autoridades que tienen que investigar, se aboquen a investigar y si consideran que esa investigación requiere medidas cautelares restrictivas de la libertad puedan ponerse en práctica antes de que el posible investigado se vaya del país y esa salida del país impida la acción de la justicia con este funcionario”, apuntó.
La propuesta del Frepap era que los expresidentes no puedan salir del país por dos años, “para responder a los requerimientos parlamentarios o judiciales, por delitos comunes o vinculados al ejercicio de su función”.
El portavoz de Acción Popular, Otto Guibovich, manifestó que si se analizan “los antecedentes que tenemos en los últimos 30 años de la situación de los expresidentes”, establecer el plazo de seis meses de residencia “es casi nada”.
Manifestó que “es tiempo de que seamos un poco menos tolerantes en la corrupción y más severos en la aplicación de la norma en su doble sentido, punitivo y disuasivo”.
“Yo estaría más cerca de los dos años que plantea el Frepap, pero ponerle seis meses es casi un simbolismo, quizás un año podría ser un intermedio. Pero tengamos en cuenta la experiencia vivida. […] Lamentablemente si dejamos una rendija por ahí están pasando los delincuentes, desafortunadamente. Estamos viendo todas las formas y todas las argucias que emplean quienes tienen el máximo poder para saquear al país en 200 años”, remarcó Guibovich.
Minutos más tarde, Gino Costa retiró su planteamiento a fin de que mantener el consenso entre los miembros de la comisión y se pasó al voto, aprobándose el texto sustitutorio planteado con el plazo de un año. En el pleno podría ser modificado.
Al ser una reforma constitucional, para su entrada en vigencia, la misma requiere ser aprobada en dos plenos del Congreso en diferentes legislaturas. La actual está prevista que culmine el 18 de diciembre, pero la próxima semana es de representación, por lo que tendría que ser revisado en esta semana.
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