La próxima semana, la suerte de la tercera vicepresidenta del Congreso puede complicarse más.  (Foto: Archivo GEC)
La próxima semana, la suerte de la tercera vicepresidenta del Congreso puede complicarse más. (Foto: Archivo GEC)
Héctor Villalobos

Que a la ciudadana no le importe participar en fiestas a las que acuden personajes de dudosa reputación es algo que solo a ella le concierne. La ciudadana Amuruz es libre de participar en cualquier actividad social de su preferencia, sin importar si a esta asisten personas decentes o si la concurrencia tiene más bien un perfil hamponesco. Pero cuando la tercera vicepresidenta del Congreso Rosselli Amuruz acude a una fiesta que termina en un violento crimen y da versiones contradictorias sobre la hora de su salida de la reunión y sobre sus vínculos con los protagonistas del incidente, el caso se convierte en un asunto de interés público.

Además de lo inquietante que es saber que una alta autoridad del Congreso se rodea de malas juntas, su sola presencia en esa fiesta fue una falta de respeto a la investidura que ostenta. Pero, sobre todo, fue una falta de respeto a la memoria de un colega que había fallecido trágicamente hacía pocas horas. Y no cualquier colega. Nano Guerra García, además de parlamentario, era compañero de Amuruz en la Mesa Directiva, era una persona cercana a ella en su día a día laboral. Las imágenes difundidas en redes sociales de Amuruz contoneándose alegremente mientras familiares y amigos de Guerra García lloraban su muerte debe ser una de las mayores muestras de falta de respeto en el acontecer político reciente.

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La presencia de Amuruz en la fiesta trágica no solo es un ejemplo de aparente indolencia ante una tragedia y de su apego por la juerga y las malas compañías. El caso ha levantado el polvo que estaba oculto debajo de la alfombra y ha puesto bajo el escrutinio la relación que tiene con el excongresista Paul García, el homenajeado cumpleañero de aquella fiesta (su saliente, según la declaración que dio Amuruz a la policía, aunque no están en “una relación formal”).

Tal como ha informado esta semana el periodista Martín Hidalgo, ocho personas allegadas al “más que amigo” de Amuruz trabajan en oficinas del Congreso vinculadas a la parlamentaria o fueron contratadas a pedido de ella. Aquí hay material para que la Comisión de Ética inicie al menos una indagación de oficio e incluso es un asunto que debería generar el interés de la propia Fiscalía de la Nación. La situación hace por momentos recordar el escándalo y posterior investigación en la que se vio envuelta una ex primera ministra, hoy recluida en un penal, quien se refería a su entonces pareja como “un joven paisano mío”.

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La próxima semana, la suerte de la tercera vicepresidenta del Congreso puede complicarse más. Parlamentarios de cinco bancadas han presentado una moción para censurarla y retirarla de la Mesa Directiva y día a día surgen nuevas revelaciones en el caso que podrían convencer a representantes de las bancadas que aún no han tomado una decisión. La posición que finalmente adopte Fuerza Popular, la bancada a la que pertenecía Guerra García, puede ser decisiva para el destino de la pachanguera parlamentaria. Nadie le quitará lo bailado, pero lo que sí le pueden quitar es el cargo.

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