¿Qué reformas deberíamos debatir este 2024? Estos especialistas apuntan a justicia, educación y política

El programa PISA de la OCDE muestra una lamentable realidad: los estudiantes de colegios privados de zonas urbanas tienen mejores resultados en aprendizaje que los de colegios públicos de zonas rurales, lo que luego se refleja en desventajas salariales, agrandando las diferencias que tanto daño nos hacen. Mientras que en el Perú la educación de calidad siga siendo un privilegio ¿cómo pueden nuestros niños desarrollar su potencial y tener oportunidades en un país con profundas desigualdades socioeconómicas?

Para este 2024, se priorizó a la educación destinándole 19,3% del presupuesto público, sin embargo, es importante entender que la solución no se basa únicamente en una mayor asignación, prueba de ello es que los recursos del sector se triplicaron en los últimos años, sin embargo, la crisis educativa continúa.

La problemática también radica en la incapacidad de gestión y la falta de priorización en el gasto, por ejemplo, se debe invertir más en los primeros grados escolares, ya que es fundamental contar con una base sólida de conocimiento y en la formación de calidad de profesores. Asimismo, se requiere acelerar los esfuerzos para disminuir las inmensas brechas en tecnología.

El futuro de las nuevas generaciones y el del Perú está en juego.

Las reformas en el sistema penal tienen que armonizar la búsqueda de la verdad y los derechos de la persona que se ve afectada por la investigación. Una reforma penal tiene que estar lejos de la corriente política y cerca de expertos técnicos; quién se beneficie en si no es tan importante como mejorar un servicio público.

Una práctica sana sería reducir lo largo que puede resultar el procedimiento; buscar formas de culminar procesos que no pueden sustentar una sentencia válida, sin necesidad de ir por todo el camino completo. La verdad no solo se logra con la sentencia, sino que se alcanza cuando el camino no puede avanzar más de lo ya recorrido; ir más allá de lo que el caso permite hace que cualquier sentencia pierda su valor, una victoria pírrica si se quiere.

Descargar al Poder Judicial de casos que nunca debieron abrirse, dándole al Juez la posibilidad de controlar el inicio del proceso, es una vía válida para garantizar que el investigado no se afecte más allá de lo que se justifica y que quien se considere agraviado obtenga una respuesta a su problema en tiempo mucho más corto que el actual.

Esta idea aplica a las demás decisiones de fiscalía; los fiscales son personas y puede que su criterio necesite una “revisión” por parte de otra para evitar arbitrariedad

Para implementar una verdadera reforma política es fundamental darle más poder al ciudadano a través de canales institucionales y fortalecer la rendición de cuentas y responsabilidad política que deben existir en toda democracia.

La renovación del Congreso a mitad de un quinquenio es clave para lograr ese objetivo. Tener elecciones parlamentarias con mayor frecuencia y permitir cambiar la composición del Parlamento le da al ciudadano una herramienta de evaluación doble.

Por un lado, puede premiar o castigar el trabajo de sus representantes y de los partidos políticos, votando para mantenerlos en el Parlamento o reemplazándolos por otros en caso no cumplan con las expectativas sin esperar hasta al final de un periodo. Por otro lado, este sistema permite que el ciudadano evalúe el desempeño del gobierno de turno, premiándolo con una mayoría parlamentaria afín a sus políticas o castigándolo con una mayoría opositora.

De aprobarse la bicameralidad, esta debe ser complementada con un mecanismo de renovación de la Cámara de Diputados por mitades y del Senado por tercios. Así, quedarán sin piso las medidas autoritarias que han servido para cerrar congresos una y otra vez, habrá mayor estabilidad política y una relación más dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo.

La dispersión electoral hace que nuestra democracia sea precaria. Si no lo corregimos, el próximo Congreso podría ser aún más fragmentado y caótico que el actual. Ello garantizaría la continuidad de la inestabilidad política: mociones de censura, intentos de disolver el Parlamento, etc. Para evitarlo, debemos promover reformas.

Actualmente, se castiga a las agrupaciones que postulan en alianzas, elevando la valla electoral del 5% al 6%. La regla debería ser inversa. Quienes construyen coaliciones deben ser premiados, no castigados por el Sistema.  

También debería aprobarse una ley anti-transfuguismo. Los parlamentarios son escogidos, mayoritariamente, por el arrastre de sus partidos; en consecuencia, no deben tener derecho a formar bancadas nuevas. 

Finalmente, deberían establecerse distritos uninominales. Si mantenemos el sistema actual, siempre tendremos partidos políticos débiles y un Congreso fraccionado en aproximadamente 10 bancadas. Por el contrario, si eligiéramos congresistas en circunscripciones de aproximadamente 185,000 personas— correspondientes a provincias, o distritos — podríamos tener un Congreso con 4 o 5 bancadas. 

Una política más ordenada e institucional podría estar a nuestro alcance.