Incluyen a Odebrecht como tercero responsable por Costa Verde Callao

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Odebrecht para que la constructora brasileña sea incorporada como tercero civil responsable en los casos vinculados a los proyectos Costa Verde Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco.

En el primer caso, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Ricardo Manrique Laura, declaró fundado, el pasado 3 de noviembre, el pedido para incluir como responsable civil a las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC, las cuales conformaron el Consorcio Vía Costa Verde S.A.

Cabe anotar que en este proceso están  investigados el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, y el ciudadano israelí Gil Shavit, por un presunto soborno de US$ 4 millones que habrían recibido para favorecer al citado consorcio con el otorgamiento de la buena pro del proyecto.

Fue así que, el 25 de junio del 2013, el Gobierno Regional del Callao emitió la resolución Nro. 750-2013 convocando al proceso de selección y licitación, otorgándose la licitación al consorcio Vía Costa Verde,  firmándose un contrato por S/313'755.404.​

De igual modo,  en el caso del proyecto Vía de Evitamiento Cusco, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Manuel Chuyo Zavaleta, aceptó el 6 de noviembre la solicitud para que se incorpore como responsables civiles a las referidas empresas.

En este caso, se viene investigando al ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, y Gustavo Salazar Delgado y José Zaragozá Amiel, quienes, según la fiscalía, habrían recibido pago ilícito para favorecer a Odebrecht con el otorgamiento de la obra.

Fuentes de Procuraduría Ad Hoc, indicaron que estas resoluciones judiciales constituyen precedentes importantes para la lucha contra la corrupción en los casos en los que están involucradas Odebrecht y las otras compañías brasileñas y peruanas.

Las fuentes indicaron que, con estos pronunciamientos, los jueces reconocen que la criminalidad empresarial puede valerse de terceras personas, como intermediarios o los que actúan por encargo a pedido de las empresas, con el fin de favorecerlas con el otorgamiento de concesiones u obras públicas.