Juan Jiménez: “El Gobierno no está dando los pasos que aseguren una relación de confianza” | Entrevista

MIRA: Pedro Francke intenta aclarar dichos de Pedro Castillo sobre el gas de Camisea: ¿Es distinto estatizar que nacionalizar?

— El presidente Castillo planteó trabajar con el Parlamento un proyecto de ley para “estatizar o nacionalizar” el Gas de Camisea. ¿Ha petardeado la presentación de Mirtha Vásquez en el Congreso con esta iniciativa?

Sin duda no es una buena señal y, además, tampoco es oportuna, porque la primera ministra está realizando los esfuerzos para generar consensos y obtener el voto de confianza, y el presidente lanza esto. Luego, en un tuit, ha dicho que van a respetar las inversiones, también han anunciado que asistirá al foro de Davos. Esto [proponer la “nacionalización” del gas] no es una buena señal ni para el Congreso ni para la opinión pública. Esperemos que no solo se desmarque de esto en un tuit, sino que haga una firma declaración de respeto a la inversión y a la seguridad jurídica.

Y, sobre todo, que no confunda las cosas, porque la masificación del gas es una tarea que le corresponde al gobierno y se realiza a través de infraestructura que todavía no existe. Él debería documentarse, informarse un poco y que los técnicos del gobierno empiecen a hacer los proyectos, lo cual no será de ejecución inmediata, porque va a tomar un tiempo la licitación.

— Castillo, un día después de esta propuesta, precisó, en un tuit, que su gobierno será respetuoso de la “libertad de empresa”. ¿Existe de parte del presidente un desconocimiento del impacto que puede generar sus palabras?

El presidente Castillo tiene que estar convencido de que cualquier cosa que diga tendrá un impacto tremendo. Entonces, no puede ser que esté dando señales equívocas o discordantes. Esta situación se puede entender el primer día, la primera semana o los primeros 15 días, pero a casi 100 días, no. El presidente tiene que estar con la certeza de que cualquier cosa que diga o que haga va a tener impacto en la economía, en la sociedad y en la política. Hace falta afinar los mensajes y que no haya estas discordancias.

— Desde APP, Acción Popular y Somos Perú- que respaldaron la investidura a Bellido en agosto- han puesto en duda si dará el voto de confianza a Vásquez, tras la propuesta de Castillo sobre Camisea. ¿Qué pasos debe dar la primera ministra para revertir esta situación?

Establecer claramente una posición de Gobierno. Y más que la primera ministra, es el propio presidente Castillo el que tiene que lanzar esa señal. Antes de que esto ocurra, cuando la primera ministra fue al Congreso, el espíritu que uno notaba era uno proclive a la confianza. No olvidemos que Bellido, quien es un tipo controvertido, que ha sido realmente un lastre para el gobierno, obtuvo 73 votos. Y si Bellido obtuvo 73 votos, lo razonable era que Vásquez obtenga eso y más, pero esta señal [de alerta de Castillo] ha generado mucha preocupación a nivel nacional e internacional.

Creo que [encontrar una solución] requiere más que un tuit, [se necesita] una aclaración que ponga paños fríos y vuelva a poner el tema en su dimensión. Y no solamente eso, el presidente también ha hablado de asamblea constituyente nuevamente, a pesar de que la primera ministra ha dicho que no es el momento, de que están en otra cosa.

— ¿Cuál es su balance sobre el discurso de Mirtha Vásquez ante el Parlamento? ¿Ha logrado definir la ruta del actual gobierno?

Antes de que la señora Vásquez vaya al Congreso, el Gobierno emitió un decreto supremo aprobando la política general. En realidad, lo que ha hecho la primera ministra es ratificar lo que estaba en ese documento. Es decir, no hay mucha novedad en relación a las propuestas salvo en el énfasis que le ha dado ella a los temas de derechos humanos. Esto requiere que el Congreso analice y todavía faltan las preguntas. Yo espero que, cuando se retome el debate, que los congresistas pidan puntualizaciones sobre el decreto supremo y el discurso.

Por ejemplo, uno de los ejes es el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana. La pregunta que yo haría si fuera congresista es si este punto de participación ciudadana implica una asamblea constituyente o no. Que la primera ministra aclare si la asamblea constituyente estaría subsumida en ese eje de la política de gobierno, porque no lo ha dicho y tampoco está en el decreto supremo.

— Vásquez refirió que el Ejecutivo establecerá, a través de un decreto supremo, protocolos que aseguren “el acceso justo” a los puestos públicos. Pero en los primeros tres meses de gobierno hubo marchas y contramarchas en una serie de cuestionables designaciones…

No hay un puesto en el Estado que no tenga requisitos, incluso los de confianza, según Manual de Organización y Funciones (MOF) de cada organización. A estas condiciones hay que agregarle una serie de impedimentos que tienen las personas para ocupar cargos públicos. Por ejemplo, la ley de muerte civil, o que impide a las personas condenadas por corrupción ejercer cargos públicos. En el caso de loa maestros, no pueden ejercer la docencia los condenados por delitos contra la libertad sexual. No sé si la primera ministra, quizás, quiere hacerle más precisiones a la normativa que ya existe.

Lo que tiene que hacer el gobierno para evitar nombramientos que violen el MOF y las normas de impedimentos es aplicar filtros. Es decir, verificar en las bases de datos que tiene el Estado si la persona tiene o no impedimentos, si tiene antecedentes penales en el Poder Judicial, si tiene investigaciones en el Ministerio Público o si tiene sanciones o inhabilitaciones. SERVIR tiene un registro de funcionarios inhabilitados. Aparentemente, de lo que uno puede apreciar, el gobierno no está utilizando estos filtros en los nombramientos que está realizando.

— La primera ministra ha propuesto al Congreso un “pacto por la gobernabilidad”. ¿Es viable en medio de un clima de alta tensión entre ambos poderes?

Sería lo óptimo, es una propuesta muy sensata, el país no puede seguir como está, no podemos seguir con este tipo de enfrentamiento. Pero esto debe ir de la mano con una voluntad de generar espacios de diálogo y de encuentro y que cada parte entienda cuál es el punto de vista de la otra. El Congreso tiene que analizar cuáles son las expectativas del gobierno y viceversa. Por ejemplo, el gobierno debería entender que no existe un espacio dentro del Congreso para una asamblea constituyente, y que lo mejor es plantear reformas a la Constitución dentro del Parlamento.

Y el Congreso comprender los puntos de vista del Ejecutivo en determinados temas. Uno de ellos, es la renegociación de los contratos de gas. Entender que es una política del gobierno y eventualmente apoyar en su momento. Lo que no deberíamos tener es un proceso de enfrentamiento que nos lleve a la vacancia y a la disolución del Congreso, eso es lo que tendríamos que desterrar de nuestro sistema política y del debate en general. Ya hemos pasado una alta inestabilidad política durante el gobierno anterior, hemos tenido cuatro presidente, 11 primeros ministros y 165 ministros en todas las carteras. Una volatilidad que genera inestabilidad y afecta la gestión pública de manera enorme.

— Tras el deceso del congresista Fernando Herrera, se suspendió el debate sobre el voto de confianza hasta el 4 noviembre. ¿Se ha dilatado mucho la definición de la investidura al Gabinete?

Sí, no entiendo eso, por qué el Congreso se ha dado tantos días. Usualmente, cuando hay temas de alto interés público, de alto interés de la nación, el Congreso puede habilitar cualquier día para sesionar de forma especial. De hecho, decidieron que la presentación de la primera ministra sea un lunes que no es un día usual para las sesiones. Pero esa es una pregunta que se le debe hacer a la presidenta del Congreso [María del Carmen Alva] y a la Junta de Portavoces.

— ¿Este tiempo es una oportunidad para que Vásquez retire del Gabinete a los ministros del Interior y de Educación?

Esa no es una competencia de la primera ministra. Plantear la renuncia de un ministro, sí, pero decidir, no. La única posibilidad que tiene la primera ministra de lograr la renuncia de un ministro es si ella también dimite, como ocurrió con Ferrero cuando obligó al retiro de Olivera de la Cancillería, pero esa es una fórmula un poco extrema. Si hay decisión política, [el relevo de un ministro] se hace en un día, si realmente el gobierno quiere sacarse esas piedras del zapato, lo hace inmediatamente, no se necesita 10 u 11 días para tomar esa decisión. Y creo que ahí el gobierno no está dando los pasos que aseguren una relación de confianza.

— La primera ministra afirmó que el Gobierno continuará con la erradicación de los cultivos ilegales de hoja de coca, pero mantiene en el Gabinete a Barranzuela, que se ha opuesto a esa política. ¿Existe una contradicción?

Hay que decir una cosa que yo no he escuchado en este debate de la política antidrogas, hay que decir que la lucha contra las drogas y el programa de sustitución de cultivos es una política de Estado, que está en el Acuerdo Nacional, que ha sido suscrito por todos los partidos y la sociedad civil. Cualquier persona que ocupa un cargo público tiene que cumplir con las políticas de Estado, le puede no gustar, puede ser que tire para otro lado, pero está obligado a hacerlo. La política antidrogas no está en función a una decisión unilateral o individual de un funcionario por más ministro que sea. Aquí el Congreso tiene toda la potestad de fiscalizar si es que esta política de Estado no es cumplida.

— La facción cerronista de Perú Libre continúa con sus críticas al actual Gabinete. ¿Qué significaría una ruptura de la bancada oficialista a solo tres meses de la administración Castillo?

En realidad, yo creo que ellos están partiendo de un error. El señor Cerrón cree que al haber ganado las elecciones el profesor Castillo apoyado por su partido político, ellos tienen ya asegurado que van a dirigir el Gabinete, que van a componer el Gabinete, según lo que ellos consideren. Mira, en los últimos 20 años, desde que se recupera la democracia en el 2000, hemos tenido 29 primeros ministros, incluyendo a Bellido. De estos, solamente 10 ha sido del partido de gobierno. El 65% ha sido personalidades o personas independientes. No es cierto que tengan este derecho o prerrogativa, la historia reciente del Perú, nos dice que la mayoría de primeros ministros no pertenecen a partidos políticos. La reflexión que hay que hacer es: “Señor Cerrón, mire usted lo que ha pasado en el Perú en los últimos 20 años y después opine”.

— El Congreso ha limitado el uso de la cuestión de confianza, a través de una ley de desarrollo constitucional. ¿Existe un desbalance de poderes, como acusa el Ejecutivo?

Me parece interesante el debate, el Tribunal Constitucional, en una sentencia anterior, recomendó o exhortó al Congreso a que haga una reforma constitucional para que pueda plantearse específicamente cómo va a funcionar la cuestión de confianza. Lo que planteó el TC fue una reforma constitucional y lo que ha hecho el Congreso es una ley de desarrollo constitucional, que no es lo mismo. Lo que ha planteado el gobierno está bien, que el tribunal defina ahora si esta norma es o no constitucional. El Congreso está haciendo lo que creo que es razonable. Es decir, está defendiendo su fuero señalando que no puede haber una disolución, una determinación de la cuestión de confianza de manera fáctica. Si eso es o no constitucional, lo señalará el tribunal, mientras tanto estamos en compás de espera.

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