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El pasado martes, la justicia estadounidense certificó que Alejandro Toledo Manrique, investigado por el caso Lava Jato, puede ser extraditado al Perú. Según la fiscalía, el expresidente recibió una coima de US$ 35 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
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Para que el pedido se haga efectivo y Toledo sea entregado a la justicia peruana, tienen que agotarse las instancias en las cuales la decisión puede ser apelada. En efecto, la defensa del exmandatario confirmó que, en un plazo de tres a cuatro semanas, presentará un hábeas corpus.
En caso este recurso sea rechazado, Toledo Manrique puede apelar ante un tribunal de circuito, según ha explicado el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado a El Comercio.
Una vez agotadas todas las posibles vías de la defensa, el pedido de extradición pasará a manos de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Esta, luego de valorar el caso políticamente, comprobar que no existe persecución política y verificar que se cumplan los requisitos para la extradición, aprobará en última instancia la solicitud del gobierno peruano.
Siguientes pasos
Actualmente, sobre Toledo Manrique pesan dos órdenes de prisión preventiva, una por el caso Ecoteva y otra por el caso Interocéanica. Sin embargo, la única que se aplicará al momento de su llegada al Perú es esta última, pues la extradición es por ese caso, explicó a El Comercio el exprocurador anticorrupción Amado Enco.
No es posible conocer si es que irá al penal de la Diroes, donde purga su condena el expresidente Alberto Fujimori, o a otro centro penitenciario.
Según Amado Enco, no puede saberse con anticipación en qué penal cumplirá Toledo la orden de prisión preventiva -que es por 18 meses-, ya que ello es decidido directamente por el juez a cargo del caso.
“En cuanto sea puesto a disposición de las autoridades peruanas, la Policía Nacional lo tendrá que poner a disposición del juzgado que conoce el caso. Entonces, el juez decide, previos informes del INPE, a qué centro penitenciario es derivado para cumplir con prisión preventiva”, expresó.
Extradiciones que hicieron historia
Quizás el proceso de extradición más recordado de la historia reciente del Perú es el de Alberto Fujimori. Cinco años después de haberse fugado al Japón, el expresidente arribó a Chile en noviembre del 2005. Desde allí, tenía la intención de dirigir la campaña presidencial del año siguiente, con la que buscaría volver a hacerse del gobierno, según relató el politólogo Carlos Meléndez en el libro “El Informe Chinochet: Historia secreta de Alberto Fujimori en Chile” (Aguilar, 2018).
Sus planes, sin embargo, fueron rápidamente frustrados luego de que la justicia chilena ordenara su detención. En enero del año siguiente, el gobierno peruano solicitó formalmente la extradición del exmandatario.
Sin embargo, no fue sino hasta setiembre del 2007 que Chile aprobó la extradición por siete casos, entre ellos los referidos a las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales Fujimori cumple una condena de 25 años en el penal de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).
Así, el 22 de setiembre del 2007, a las 4 y 38 de la tarde, un avión Antonov 227 de la Policía Nacional del Perú, con el ingeniero a bordo, aterrizó en la base aérea Las Palmas, en Surco. La vista del expresidente extraditado fue impedida gracias a una enorme tela que frustró los intentos de la prensa por capturar el momento. Al día siguiente, la primera plana de El Comercio señalaría: “Cómo no admitir que nos sentimos sorprendidos y decepcionados por no haber podido ver a Alberto Fujimori dando sus primeros pasos en tierra peruana después de tantos años como prófugo”.
El pasado 28 de agosto, el Ministerio de Justicia oficializó una solicitud de ampliación de extradición activa de Fujimori, para que pueda ser procesado en el Perú por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Otro notorio proceso de extradición fue el seguido contra el empresario Martín Belaunde Lossio, acusado de integrar una organización criminal dedicada a realizar actos de conversión de dinero para la campaña presidencial de Ollanta Humala, así como por los casos “La Centralita” y “Antalsis”.
Belaunde Lossio fugó del Perú rumbo a Bolivia, donde permaneció desde el 1 de diciembre del 2014. Su argumento para mantenerse prófugo fue que era un perseguido político en el Perú, por lo cual pidió refugio en el país vecino. La solicitud fue denegada.
El 11 de mayo del 2015, la justicia boliviana aprobó la extradición del exasesor de Humala y 18 días más tarde fue entregado a las autoridades peruanas.
Desde entonces, el gobierno peruano ha solicitado numerosas veces la ampliación del cuadernillo de extradición, con la finalidad de que pueda ser juzgado por más delitos que los originalmente previstos.
En diciembre del 2019, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Belaunde Lossio, quien venía cumpliendo cinco años de prisión preventiva en el penal de Ancón. Desde entonces, afronta el proceso en su contra en libertad.
César Hinostroza: el caso pendiente
El 7 de octubre del 2018, el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, investigado por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, huyó del Perú por la frontera con el Ecuador, a pesar de tener una orden de impedimento de salida del país. Desde Guayaquil, tomó un avión con destino a Madrid.
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Dos días después de llegar a España, Hinostroza fue detenido mientras intentaba pedir asilo político. Al mismo tiempo, el Perú inició el proceso de extradición por cuatro delitos: tráfico de influencias, negociación incompatible, patrocinio ilegal y organización criminal. El exjuez fue puesto en libertad provisional en abril del 2019.
En mayo de ese mismo año, la justicia española concedió el pedido de extradición, pero únicamente por tres de los cuatro delitos solicitados: tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal. De ese modo, se cerró la puerta para que Hinsotroza sea juzgado por organización criminal.
Posteriormente, en julio del 2020, el gobierno español aprobó la extradición en última instancia. Sin embargo, un pedido de asilo del exjuez paralizó el trámite. Este recurso fue rechazado el pasado 16 de setiembre. En ese entonces, el procurador especial para la extradición de Hinostroza, Javier Pacheco, dijo que las autoridades peruanas se encuentran a la espera de que el gobierno español comunique el momento de su entrega.
“Ya no hay ningún tipo de necesidad de que (Hinostroza) siga allá. Es potestad del Gobierno español efectuar los trámites que falten para hacernos la entrega. Está en manos del Gobierno Español”, señaló a Andina luego de que se rechace el pedido de asilo.
El exprocurador Enco, quien en su momento estuvo encargado de hacer seguimiento al proceso de extradición contra Hinostroza, precisa que el exjuez todavía tiene la posibilidad de presentar un recurso, motivo por el cual no se conoce aún la fecha de extradición. Este sería un recurso de casación contra la decisión que le denegó el asilo político, el cual puede presentar hasta 30 días luego del fallo.
“Así como a Toledo le queda el hábeas corpus, a Hinostroza le queda el recurso de casación. Este se presenta excepcionalmente por causas que podrían haber lesionado su derecho a la defensa. Esa casación es la que falta definir si se va a interponer o no”, explicó.
Extradición versus expulsión
No todos los requeridos por la justicia peruana que huyen al extranjero son retornados a través de un proceso de extradición. En los casos de Rodolfo Orellana y Vladimiro Montesinos, por ejemplo, la figura empleada para entregarlos a la justicia fue el de la expulsión.
Según Amado Enco, a diferencia de la extradición, que es un proceso bilateral entre dos países, la expulsión es una decisión unilateral del país donde se encuentra la persona a deportar. Esta figura responde a la normativa interna, y no a tratados internacionales.
Por ello, su aplicación depende de la legislación de cada país, y normalmente ocurre cuando los extranjeros han cometido alguna irregularidad en el ingreso al territorio o durante su estadía.
Debido a su naturaleza unilateral, explica Enco, la expulsión es “mucho más rápida” que la extradición.
Orellana Rengifo, acusado de encabezar una red de estafa, tráfico de terrenos y lavado de activos, fue capturado en noviembre del 2014 en Cali, Colombia, donde permaneció cuatro meses antes de su detención. Tan solo un día más tarde, el empresario y abogado fue deportado al Perú.
La decisión se fundamentó en la ley migratoria colombiana, la cual señala que “se podrán expulsar los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, o cuando existan informaciones de Inteligencia por autoridad extranjera al Estado colombiano que, en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura, por delitos comunes o se encuentre registrado en los archivos de Interpol”.
Actualmente, Orellana cumple prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Challapalca en Tacna. En marzo del 2019, la fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de lavado de activos, organización criminal y otros. Se piden 35 años de prisión en su contra.
Por su parte, el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos huyó del país en octubre del 2000 vía marítima, a bordo de un velero, luego de desatado el escándalo por el video Kouri-Montesinos, que representó la debacle del fujimorato. Ocho meses más tarde, el 24 junio del 2001, fue capturado en un barrio al oeste de Caracas, Venezuela. Al día siguiente, fue expulsado de aquel país bajo la figura de “indeseable”.
Hoy en día, Montesinos cumple una condena de 25 años en el penal de Ancón II, luego de ser trasladado desde el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao el pasado agosto.
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