El juez Juan Carlos Checkley concedió los recursos de apelación presentados por la Fiscalía de la Nación, así como por Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, los exministros de Pedro Castillo procesados por el golpe de Estado del 7 de diciembre, contra la decisión con la que rechazó imponerles prisión preventiva.
Esta resolución, donde se eleva el caso a una sala de la Corte Suprema, fue emitida exactamente un mes después de la decisión impugnada.
Las cuatro apelaciones no tienen el mismo propósito. El documento da cuenta de que con su recurso, Betssy Chávez busca que su caución -el monto a pagar para asegurar que se someterá al proceso- se reduzca de S/100 mil a S/10 mil.
Por su parte, Roberto Sánchez pide que se reduzca su monto de S/50 mil a S/5 mil; mientras que Willy Huerta solicita que en lugar de ser S/ 80 mil, se “exonere y/o reduzca prudencialmente”.
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En tanto, con su apelación, la Fiscalía de la Nación solicita que se revoque la resolución de primera instancia y, en su lugar, se declare fundada la prisión preventiva por 18 meses contra los tres investigados: Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Además, se da cuenta que un grupo de nueva evidencia aportada por el Ministerio Público se presentó fuera del plazo de ley, por “lo que se deberá dar cuenta en la instancia correspondiente”.
El camino de la apelación
El 26 de abril, Checkley rechazó imponer 18 meses de prisión preventiva contra Chávez, Huerta y Sánchez. Si bien determinó que, al menos en el caso de los dos primeros, había una sospecha fuerte y graves elementos que los vinculaban con el presunto delito de rebelión; descartó imponerles esa medida al no hallar un riesgo alto de fuga o que obstaculicen las indagaciones fiscales.
En su lugar, el magistrado supremo les impuso comparecencia con restricciones. Es decir, determinó que sean procesados en libertad, pero con reglas de conducta como no ausentarse de su lugar de residencia sin su permiso y pagar cauciones: S/100 mil para Betssy Chávez, S/80 mil para Willy Huerta y S/50 mil para Roberto Sánchez. Si no cumpliesen una o más de estas, podría revocarse su libertad por prisión preventiva.
Conocida la decisión del juez, ninguna de las partes estuvo completamente conforme. La fiscalía anunció su apelación contra lo resuelto, con el objetivo de insistir en que se imponga prisión preventiva a los tres investigados.
En tanto, los abogados de los exministros también informaron que iba a apelar por escrito, pero solo en lo referido a los montos de las caución impuesta contra sus defendidos.
Así, la resolución que eleva las apelaciones da cuenta de que la defensa de Betssy Chávez presentó su recurso por escrito el 4 de mayo. Al día siguiente, tanto la fiscalía como las defensa de Roberto Sánchez y Willy Huerta hicieron. Luego, el 18 de mayo, cuando la apelación todavía no era concedida, el Ministerio Público presentó nuevos elementos de convicción (evidencia) para integrar a su apelación original.
Finalmente, el 26 de mayo, exactamente un mes después de su resolución de primera instancia, el juez Checkley verificó que las apelaciones cumplían con los requisitos formales y las concedió a todas las partes. En consecuencia, el recurso fue elevado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que esta se pronuncie en segunda instancia.
Con la apelación elevada, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, deberá convocar a las partes para una audiencia en la que se debatirán los cuatro recursos de apelación. Tras esta, el tribunal emitirá su resolución definitiva respecto al tema.