El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional realizó la mañana de este martes la audiencia de control de identidad de Jaime Villanueva Barreto, asesor principal de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien fue detenido de manera preliminar este lunes.
Villanueva es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder integra una presunta organización criminal en las altas esferas del Ministerio Público que lideraría la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Durante la audiencia el magistrado Leodan Cristobal Ayala expuso lo cargos que le imputa el Ministerio Público y los motivos de su detención, así como los derechos que le asisten como investigado.
Tras realizar preguntas al investigado, puso formalmente a Villanueva a disposición del Ministerio Público por el plazo señalado en la resolución judicial de detención preliminar (diez días), que vence el 7 de diciembre. En esa fecha la fiscalía debe decidir si solicita la prisión preventiva o su liberación.
Mira aquí la audiencia:
La diligencia se realiza un día de la operación Valkiria V en la cual fue detenido Villanueva Barreto y allanadas tanto su oficina en el Ministerio Público como su domicilio.
“Villanueva Barreto tiene vigente una medida de detención preliminar por un plazo de 10 días, la cual fue ejecutada el día de ayer lunes 27″, recordó el Poder Judicial.
Villanueva permanece detenido en la Prefectura de Lima, donde fue trasladado luego de que fuera dado de alta de un hospital al cual fue internado poco antes de que la policía efectivamente realizar la operación para intervenirlo.
La investigación contra el exasesor principal de Patricia Benavides está a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), específicamente de la fiscal Marita Barreto, a quien la fiscal de la Nación ha removido del cargo con una resolución que fue difundida la madrugada del lunes antes de la detención de Villanueva.
Se sindica al exfuncionario, así como a otros dos funcionarios (Miguel Ángel Girao y Abel Hurtado) ser parte de una presunta organización criminal que realizaba negociaciones con diversos congresistas.
La hipótesis del equipo liderado por la fiscal Marita Barreto apunta a que los miembros de la presunta organización habrían influenciado ilícitamente en decisiones claves del Congreso vinculadas con la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (para evitar así una eventual destitución de Benavides), la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ávalos como fiscal suprema.
