Fiscal presenta subsanaciones a acusación contra Keiko Fujimori: lo que sigue en el caso y las posturas de las partes

El documento con estas subsanaciones tiene más de dos mil páginas que ingresaron el lunes por la tarde a la mesa de partes del juez Víctor Zúñiga, encargado a nivel del Poder Judicial de dirigir esta etapa del proceso. Esta era la fecha límite para presentarlas tras haber sido ordenadas por el magistrado a solicitud de las defensas de los acusados.

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Al día siguiente, en una audiencia de control de acusación, el juzgado informó que las subsanaciones fueron compartidas con las defensas para que estas las pueden revisar y presenten sus observaciones cuando sea su turno. El Ministerio Público también entregó discos compactos con los documentos escaneados.

Por la tarde, los abogados manifestaron haber recibido con conformidad los documentos y el juez dispuso darles tiempo a las partes para poder revisarlo adecuadamente. De esta forma, se dispuso que las audiencias de control de acusación por el caso, en el que se piden 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko Fujimori, continuarán el miércoles 25 y viernes 27 de mayo.

El documento presentado por la fiscalía contiene correcciones y precisiones referidas a 33 de los 42 acusados iniciales, entre ellos Keiko Fujimori. La mayoría fue solicitada por los abogados a lo largo de las audiencias de control de acusación que comenzaron a mediados del año pasado, pero otras fueron hechas de oficio por el Ministerio Público.

Fuentes de El Comercio explicaron que -por ejemplo- en las subsanaciones referidas a Keiko Fujimori, la fiscalía apuntó a hacer precisiones referidas a la presunta entregas de dinero de Odebrecht, de compañías vinculadas al fallecido empresario Juan Rassmuss y del banquero Dionisio Romero Paoletti, entre otras.

Estas imputaciones ya estaban en la acusación original, pero a pedido de las defensas, se buscó precisar las modalidades: el cuándo y el cómo de las supuestas entregas.

La acusación fiscal sostiene que los aportes de Odebrecht fueron de US$ 1 millón de para la campaña del 2011; mientras que de las empresas vinculadas a Rassmuss se afirma que fueron de más de US$ 7 millones entre 2011 y el 2016; y en cuanto a lo de Romero Paoletti se apunta que fue de US$ 3,650,000 para el 2011 y US$ 480 mil para el 2016.

En total, el monto que la fiscalía atribuye haber lavado a la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori en relación a ambas campañas bordea los 15 millones de dólares. Los acusados, entre ellos la lideresa de Fuerza Popular, rechazan la tesis del Ministerio Público.

José Domingo Pérez afirmó este jueves que con lo presentado, cumplieron con levantar las observaciones dentro de su propósito de resguardar el buen desarrollo del proceso y evitar que los acusados aleguen faltas a sus derechos. En diálogo con Ideele Radio, explicó que el propósito de esta etapa de control de acusación es precisamente ese: subsanar o corregir la acusación para que esta llegue a juicio sin defectos.

Además, rechazó que esto signifique una debilidad en el caso o que este se vaya a caer. “Lo que solicitaban [los abogados de los acusados] eran precisiones, aclaraciones, situaciones en las cuales la fiscalía consideró que no había ningún impedimento para precisar, aclarar; y nos adherimos, nos allanamos a que se puedan subsanar esos aspectos que la defensa cuestionaba”, indicó.

El fiscal agregó que estas observaciones de los abogados son usuales en esta etapa en los casos de presunta criminalidad organizada. Como referencia, indicó que el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia pasó por subsanaciones similares ante de llegar a la etapa de juicio donde hoy está. Lo mismo ocurrió en el Caso Metro de Lima, el cual -según informó- hoy está en una fase más avanzada del control de acusación: el llamado ‘control substancial’.

En esa línea, la abogada Liliana Calderón dijo a El Comercio que este caso es “sumamente complejo” por ser de crimen organizado y por el número de acusados, lo que genera que el proceso judicial sea más largo de lo previsto. Así, destacó que es habitual que durante el control de acusación se hagan estas correcciones al ser es la etapa adecuada para ello, si bien “es natural que nos parezca que es demasiado el tiempo que se está tomando”.

“Es importante explicarle a la ciudadanía que estamos en esta etapa de control, de subsanación. Tienen que levantarse todas las observaciones para que luego se produzca todo el debate entre las partes, fiscalía y defensa, y el juez pueda tomar la mejor decisión”, comentó. El objetivo, explicó, es que el magistrado determine si el caso tiene los méritos y cumple los requisitos para llegar a juicio y, eventualmente, a una sentencia.

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Para la fiscalía, se lograron hacer la subsanaciones solicitadas por las defensas y ordenadas por el juzgado. “Se ha cumplido con lo que el juez ha señalado, se ha subsanado la acusación, se ha aclarado, se ha precisado (...) Esperamos que el desarrollo de este control de acusación continúe este próximo 25 de mayo”, afirmó José Domingo Pérez.

“Estamos en un tratamiento regular, usual, que está previsto en la ley. No hay nada irregular, nada ilegal, nada anormal”, agregó el fiscal del equipo especial Lava Jato. En esa audiencia, y en la prevista para el 27 de mayo, él y la fiscal adjunta Paulina Roque deberán sustentar sus correcciones ante el juez Víctor Zúñiga. En las sesiones posteriores, el magistrado pasará a escuchar las observaciones de las defensas.

Una de las defensas que se pronunciará es la del acusado Jaime Yoshiyama Tanaka, ejercida por el abogado Humberto Abanto. En diálogo con El Comercio, el penalista explicó que hizo 22 observaciones a la acusación, de las cuales “el Ministerio Público se allanó a 20. De esas, estamos revisando y encontramos que, en nuestra opinión, no han sido satisfactoriamente absueltas o subsanadas”.

Para Humberto Abanto, varios de los defectos de la acusación no fueron corregidos, en particular en lo relacionado a que -según él- no se han relatado adecuadamente los hechos de la acusación por lavado de activos. “Vamos a presentar estas objeciones después de que el fiscal sustente su subsanación y veremos qué dice el doctor Zuñiga, aunque yo subrayo mi absoluto escepticismo respecto a que él vaya a ser muy exigente con el Ministerio Público”, sostuvo.

Similar es la posición de Juan Carlos Portugal, abogado de la acusada Carmela Paucará, exsecretaria de Keiko Fujimori. Para él, la acusación “está como inició: defectuosa”, por lo que pedirá al juez que le devuelva la acusación al fiscal para que “esta vez sí garantice el derecho a una imputación necesaria”. “Si bien debo reconocer que ha sido subsanado un porcentaje, un 35% de todo lo que sostuve, hay un porcentaje importante que aún no se ha resuelto”, declaró a El Comercio.

“Lo que aquí encontramos es una narración del hecho, no una explicación del suceso, que son conceptos diferentes (...) La evidencia tiene que estar vinculada con la imputación fáctica y la fiscalía tiene nuevamente el defecto de la imputación de bloque”, dijo el letrado. “Si bien es una imputación por organización criminal, los roles al interior de la presunta organización son diferentes. Mi clienta no puede tener la misma evidencia que la supuesta lideresa”, añadió.

De esta forma, una vez escuchada la sustentación de la fiscalía y las observaciones de las más de 40 defensas, será el juez Víctor Zúñiga quien decida si las observaciones han sido corregidas o no.

Si el juez considera que las subsanaciones presentadas por la fiscalía no son suficientes, puede disponer estas se vuelvan a hacer. Si decide que se el Ministerio Público cumplió con lo requerido, el control de acusación seguirá en marcha y se pasará a una etapa clave: el mencionado control substancial.

En esta fase, los abogados podrán presentar recursos para que el juzgado desestime la acusación contra sus clientes. Se puede plantear un recurso de excepción de improcedencia cuando se considera que los hechos descritos por la fiscalía no constituyen el presunto delito; o un pedido de sobreseimiento (archivo) cuando se cree que no hay evidencia del supuesto acto ilícito.

Superada esa etapa, lo que sigue es el control de pruebas. Allí, el juez analizará las pruebas ofrecidas por la fiscalía, la procuraduría y los abogados de los acusados para determinar si son útiles para el futuro juicio. Las pruebas incluyen testigos, documentos y peritajes. Finalmente, se emite el auto de enjuiciamiento: un documento en el que se resumen todo lo resuelto en el control de acusación y donde el juez ordena formalmente que el caso pase a juicio.

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“Hemos aclarado, hemos precisado, hemos subsanado todo lo que consideraban las defensas y por lo tanto, entendemos que tenemos que pasar ya a la etapa de control sustancial y control de pruebas y de ahí iremos al juzgamiento”, sostuvo este jueves José Domingo Pérez. De ser así, el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, estima que el juicio podría empezar a inicios del 2023, mientras que Pérez espera que sea a fines de este año.

Las defensas de los imputados consultadas por El Comercio consideran que la acusación -al menos como está ahora- no cumple los requisitos para llegar a esa etapa, pero coinciden en que esa sería la ruta del caso en el supuesto de que supere las fases del control que hará el juez Víctor Zúñiga. Nuevamente, todo dependerá de lo que decida este magistrado en los próximos meses.