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Cinco meses después de finalizada la investigación a Keiko Fujimori, el Poder Judicial inicia una nueva etapa en el proceso que afronta la excandidata a la Presidencia, acusada de lavado de activos, entre otros delitos, por el caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas electorales 2011 y 2016.
El juez Víctor Zúñiga Urday dirige, desde este 31 de agosto, las audiencias donde revisa la acusación que presentó el fiscal José Domingo Pérez contra Fujimori y otros 39 imputados, en marzo pasado. Aquí es donde el magistrado aplica una especie de filtro a la acusación fiscal para decidir si cumplió con los requisitos.
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Esta fase denominada ‘etapa intermedia’ o ‘control de acusación’ es previa al juicio oral, donde la justicia determinará finalmente la responsabilidad penal de la lideresa de Fuerza Popular.
Además de tratarse del inicio de una fase definitoria para un proceso a cargo del equipo especial Lava Jato, este es el segundo caso que dirige el grupo de fiscales y que su acusación podrá ser revisada.
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La etapa intermedia tiene su comienzo después de que el equipo especial Lava Jato se desistiera de insistir con el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, a quien la fiscalía señala como la cabeza de una red criminal al interior del partido político.
¿En qué consiste el control de acusación?
Esta etapa del proceso permite al juez Víctor Zúñiga revisar, en fondo y forma, la acusación que el fiscal Pérez presentó el 11 de marzo pasado contra Keiko Fujimori, y con lo que solicitó 30 años y 10 meses de prisión en su contra.
“En el control de la acusación se va a verificar por el juez que la acusación cumple con todos los requisitos que exige la normativa procesal”, explica el abogado penalista Rafael Chanjan Documet.
Participan el juez Zúñiga, el fiscal José Domingo Pérez, la procuraduría de lavado de activos, representada por Miguel Sánchez Mercado, y la defensa de los 40 acusados.
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Al finalizar esta fase, lo que seguiría es el juicio oral. Para esto, el juez a cargo deberá pronunciarse y resolver si los acusados serán juzgados o no.
“Si la acusación cumple con los requisitos de ley, se dicta auto de enjuiciamiento cuando se hayan resuelto todas las cuestiones planteadas”, indica Chanjan tras afirmar que “es posible que la defensa presente excepciones de improcedencia de acción para cuestionar la delictuosidad de los hechos”.
Zúñiga verificará si la tipificación de delitos es la correcta o si las imputaciones son las adecuadas en este proceso, por ejemplo.
El especialista precisó que en esta primera audiencia del control de acusación el juez otorgará la palabra al fiscal, luego a la defensa del actor civil (procurador) y los acusados, quienes debatirán sobre las diversas observaciones que se puedan plantear a la acusación.
Es en esta etapa además en la que el juez evaluará el pedido de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país que presentó el fiscal en la acusación contra Keiko Fujimori. De momento, la acusada afrontará el proceso con prohibiciones como no dejar la ciudad donde reside sin permiso judicial y no comunicarse con investigados o testigos.
Lo que tardará el control de acusación y la relación con el caso Humala-Heredia
El caso del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia guarda similitud con el de Keiko Fujimori. En ambos procesos se investigó el presunto financiamiento ilícito a las campañas electorales y lavado de activos.
En el proceso a Humala y Heredia ya se superó la etapa del control de acusación, aunque esta fase tuvo una duración de un año y medio. El control por parte del juez Richard Concepción Carhuancho inició a mediados de 2019 y finalizó en febrero de este año. A la fecha no se ha determinado si el caso pasa o no a juicio.
“Debemos tener en cuenta que estuvo de por medio la pandemia. Ahora, el Poder Judicial está más preparado y con mayor experiencia para gestionar, procesalmente hablando, esta fase del proceso penal acusatorio moderno”, sostiene el exprocurador Antonio Maldonado.
El letrado consideró que, para determinar cuánto podría tardar el caso de Keiko Fujimori, solo habría que mirar atrás y recordar cuál fue la actuación de la defensa de la exparlamentaria durante la investigación fiscal.
“Se caracterizó por demorar y obstruir la acción de la justicia lo más que ha podido. En esta fase, la estrategia que observaremos, no habrá cambiado. Saben que si ingresan a la etapa procesal del juicio, estarán perdidos pues existe una alta probabilidad que Keiko sea condenada”, expresó.
Maldonado apuntó que entre el Ministerio Público y la defensa de los acusados, el Poder Judicial aparecerá como dirimente durante el proceso, por lo que buscará que esta etapa intermedia finalice antes del año.
“Acá hay dos fuerzas en pugna, Keiko y abogados para quienes el objetivo debe ser demorar esta etapa al menos un año o más (aquí sí con el precedente Humala). Y la otra fuerza, el Ministerio Público que debe tener la estrategia de salir de esta fase procesal en seis meses”, dijo.
El exprocurador explicó también que en el control de acusación se debe controlar aspectos técnicos de la acusación, “que el planteamiento del fiscal sea completo, que los hechos sean precisos y concretos, que la tipificación sea correcta para la individualización de la responsabilidad penal, entre otros”.
Lo que imputa el equipo especial contra Keiko Fujimori
El fiscal Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión contra la excandidata a la presidencia y otros 39 acusados por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Fuerza Popular en el 2011 y 2016.
Para la fiscalía, al interior del partido político existió una red criminal, encargada de ocultar financiamiento ilícito para las campañas electorales a través de aportantes falsos, quienes han declarado en contra de Keiko Fujimori y otros implicados.
Fujimori fue acusada de los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Otros acusados son Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz y Jaime Yoshiyama, a quienes la fiscalía acusa de los mismos delitos y ha solicitado la misma pena que para Keiko Fujimori. Mark Vito Villanella es otro de los acusados, aunque solo por el delito de lavado de activos. Para él se pidió 22 años de cárcel.
Todos ellos pertenecen al círculo más cercano de Keiko Fujimori. A Silva Checa se le imputa ser “el asesor en las sombras” de la lideresa del partido, mientras que Figari y Herz eran asesores directos de Fujimori. Para la fiscalía son parte del “núcleo duro” de la organización criminal.
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En la acusación fiscal han sido incluidos como delito previo, vinculado a corrupción, la entrega de US$1,2 millones de parte de Odebrecht para la campaña de 2011 de Keiko Fujimori.
También los US$3,6 millones que Dionisio Romero Paoletti dio para la campaña de 2016. La fiscalía encontró responsabilidad penal en este hecho por el presunto delito de fraude en la administración de persona jurídica.
El testimonio más importante para la fiscalía es el de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama. Fue sindicado como el nexo entre los aportantes falsos y la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori.
Otro testimonio clave es el del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien declaró en febrero de 2018 que Odebrecht aportó a la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011, y que había entregado el dinero en manos de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camere, sindicados como los receptores de US$1 millón.
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