El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional continuará este viernes 17 de mayo, a las 6:00 p.m., la audiencia de prisión preventiva contra los exasesores de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y otros cinco investigados por presunta organización criminal.
Al término de la audiencia, el juez Raúl Justiniano explicó que ese día el Ministerio Público debe concluir con la oralización de los hechos materia de investigación tras lo cual se resolverá imputado por imputado.
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“Los temas van a ser por cada investigado, la imputación, elementos de convicción y los demás presupuestos”, indicó el magistrado al término de la sesión de este miércoles 15.
En la audiencia el Ministerio Público detalló cómo funcionaba la organización criminal para la designación de fiscales y los montos recibidos, así como el archivamiento de algunos casos.
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Según la tesis fiscal, tanto Jaime Villanueva como Miguel Girao, exasesores de Patricia Benavides, recibieron entregas de 2 mil dólares cada uno por promover la designación de la fiscal Magaly Quiroz Caballero en el equipo especial del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” con la finalidad de obstaculizar la investigación seguida contra el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho y otros.
El mismo monto habrían recibido ambos por lograr que se nombrara a la abogada Margot Cusihuamán Tineo como fiscal adjunta provincial del distrito fiscal de Lima norte.
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Además, se detalló que el fiscal provincial Marco Huamán Muñoz llamó a Villanueva para que vaya a su oficina en el piso 8, entregándole un sobre amarillo con 20 mil dólares para ser dividido entre él y Miguel Girao.
El dinero fue entregado por el archivamiento de la investigación contra Camilo Peirano Blondet y otros. Villanueva relató que Girao le dijo que utilizaría ese monto para comprar un departamento con su esposa.
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También se detallaron las acciones de desprestigio y elaboración de denuncias falsas contra la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), y los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano.
La solicitud fiscal alcanza a Miguel Girao y Abel Hurtado, así como al abogado José Luis Castillo Alva, los empresarios Mirtha Gonzales Yep y Giancarlo Valer Enciso, el oficial de la PNP Jorge Rodríguez Menacho y el exfuncionario del Ministerio Público Jorge Luis Palomino Quesada.
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Según la hipótesis fiscal, los siete integraron una supuesta red liderada por Patricia Benavides. Esta habría negociado los votos de congresistas a cambio de archivarles investigaciones fiscales y habría direccionado contrataciones públicas a cambio de sobornos.
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