Pedro Castillo: los casos sobre los que fiscalía de la Nación todavía no se pronuncia

En las últimas semanas, se han iniciado indagaciones de parte de las Fiscalías Anticorrupción en las que están o estuvieron cerca al presidente, como el ex secretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. Esto a partir de revelaciones periodísticas y denuncias a través de medios de comunicación.

Si bien los hechos denunciados rodean a la propia figura presidencial, Pedro Castillo no está siendo investigado hasta el momento por ninguno de ellos.

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Un presidente no puede ser acusado por hechos cometidos durante sus funciones, a excepción de casos puntuales como no convocar a elecciones o traición la patria. Sin embargo, el Ministerio Público sí lo podría investigar de forma preliminar. La decisión depende de la Fiscal de Nación y la pone frente a un decisión: investigar los hechos, de forma preliminar, desde ahora o esperar a que el presidente termine su mandato.

Hasta el momento, hay al menos un pedido explícito hecho por la Procuraduría General del Estado para que la Fiscal de la Nación investigue al presidente.

Además, una fiscal anticorrupción provincial dispuso remitirle el extremo de una investigación que involucraría a Pedro Castillo para que se “avoque conforme a sus atribuciones”. Hasta el momento, Zoraida Ávalos no se ha pronunciado sobre ninguno de ellos.

El caso Petroperú

El más reciente de estos casos se conoció el último fin de semana. Un informe de Punto Final reveló que el presidente Pedro Castillo recibió el 18 de octubre en su despacho a a la referida empresaria; al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, al gerente de Heaven Petroleum Op. Días después, la empresa de este último ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

Al día siguiente, la fiscal anticorrupción de Lima Norah Córdova abrió una investigación preliminar a López, Chávez, Abudayeh y otros por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. También dispuso la realización de diligencias de recolección de documentos en PetroPerú y en Palacio de Gobierno, a donde llegó un equipo de su despacho.

Según el acta fiscal de esa diligencia, el propio Pedro Castillo, no autorizó el ingreso a la oficina de la Secretaría de la Presidencia al personal de la fiscalía que acudió a Palacio. Segú el documento, la disposición fue comunicada por el secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, al director de Asesoría Jurídica, Julio Ernesto Salas Becerra.

Por su parte, un comunicado emitido por la Presidencia de la República este martes por la mañana asegura que el presidente dispuso dar todas las facilidades a los fiscales y que “en ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno”.

Por otro lado, la resolución donde se abrió la investigación de este caso dispuso también lo siguiente: “Póngase en conocimiento del despacho de la Fiscal de la Nación el extremo de los hechos que implicarían la participación del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, a fin de que se avoque conforme a sus atribuciones”.

Para el abogado penalista Percy García Cavero, en este caso la fiscal interpreta que el presidente sí podría ser investigado preliminarmente por estos hechos. “Creo que, por lo menos, la fiscal provincial deja abierta esa posibilidad [de que el presidente sea investigado preliminarmente] y le deja a la Fiscal de la Nación la responsabilidad de tener que decidir”, dijo a El Comercio.

“La interpretación que podría tener cierta acogida es la decir: investigar sí, porque es necesario, no podemos paralizar una investigación; pero claro, la acusación [tendría que] suspenderse o mantenerse en stand-by hasta que el presidente concluya su mandato (…) “[Zoraida Ávalos] tendría que pronunciarse, ya no puede seguir evadiendo la responsabilidad de tener que decidir un tema importante: si los presidentes pueden ser investigados durante su mandato”

Para García Cavero, sí hay elementos suficientes para que la titular del Ministerio Público inicie indagaciones preliminares conta el presidente en este caso relacionado a PetroPerú. De hecho, considera que es el caso vinculado a la gestión de Pedro Castillo donde hay indicios más fuertes para que el mandatario sea investigado preliminarmente.

El abogado Franco García Lazo también considera que la fiscal provincial actuó de forma correcta. “Es una recomendación que no es vinculante, pero que de todas maneras tiene que merecer algún pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación”, comentó. Para él, sí existen elementos suficientes, los cuales deberán ser evaluados por Zoraida Ávalos.

García Lazo señala que, ante esta disposición de la fiscal Córdova, la fiscal de la Nación deberá “analizar con sus propias competencias y en sus tiempos”. “No está obligada a determinados tiempos, es una recomendación nada más, pero siendo estrictos con un sistema integrado, tendría que merecer una respuesta: sea abriendo investigación preliminar o no”, dijo a El Comercio.

El abogado consideró que la Fiscalía de la Nación debe pronunciarse y que, si bien podría iniciársele una investigación preliminar al presidente, no podrían dictarse medidas limitativas en su contra. “También se puede ordenar la suspensión de la investigación hasta que culmine su mandato”, agregó.

“[La fiscal Norah Córdova] está obligada a remitir información a la Fiscal de la Nación cuando conozca de algún hecho en el que pueda estar involucrado un dignatario o un funcionario que tiene prerrogativas constitucionales. Lo que ha hecho es correcto (…) La Fiscal de la Nación recibe la información y ella es la que tiene que decidir, la que tiene la facultad definir qué hacer”, expresó, por su parte, el abogado penalista Julio Espinoza.

Ante esto, señala que Ávalos tiene dos opciones: “la más radical sería decir que la inmunidad de proceso se impone y que no mueve ni una paja hasta que culmine su mandato; la otra alternativa es decir que no puede formular cargos contra el presidente, pero sí puede investigarlo preliminarmente, realizar diligencias preliminares. Esa es la otra posibilidad, pero que tiene que, en uno u otro sentido, pronunciarse, sí lo tiene que hacer”.

Espinoza también cree que hay elementos suficientes para que la Fiscal de la Nación inicie una indagación preliminar al presidente. “Existen porque los datos son evidentes. Si uno hace una línea de tiempo de los hechos que han ocurrido, por supuesto. Por casos similares o con menos evidencias que estas hoy hay funcionarios y particulares procesados (…) Es necesario que se realice diligencias preliminares porque, como se dice en el argot jurídico, tiempo que pasa, verdad que escapa”, dijo.

El caso Provías

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción ya investiga a la empresaria Karelim López y a Bruno Pacheco, quienes tiene medidas de impedimento de salida del país por este caso.

El 28 de noviembre, El Comercio reveló que el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía a la que asesora López, obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado relacionado a la obra “construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”. Esto luego de que López registró reuniones con Pedro Castillo y Pacheco en Palacio de Gobierno.

Ese mismo día, un reportaje de Cuarto Poder reveló que López también acudió luego a la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde Pedro Castillo sostenía reuniones extraoficiales

Al día siguiente, la fiscal Karla Zarraceno abrió una investigación preliminar por el plazo de 120 días para poder “determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelim López y Bruno Pacheco, así como contra los que resulten responsables”. Luego pidió 8 meses de impedimento de salida del país, que fueron dictados por el juez Manuel Chuyo el 10 de diciembre.

Una semana después, el 17 de diciembre la Procuraduría General del Estado (PGE) decidió denunciar al presidente Pedro Castillo por este mismo caso ante la Fiscalía de la Nación. Con esto, se hizo un pedido explícito a la titular del Ministerio Público para que abre una investigación preliminar al jefe de Estado por la presunta comisión de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Según informó la Procuraduría, la denuncia se sustenta en las reuniones entre Karelim López y el presidente de la República, las cuales “se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra”.

“El procurador general del Estado señala una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente de la República también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en la cual vienen siendo investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo, informó la PGE en una nota de prensa.

Para el procurador general Daniel Soria, si la investigación de este caso no incluye a Pedro Castillo y solo involucra a López y Pacheco, estaría incompleta. “Estamos hablando de los mismos hechos donde hay tres participantes. Lo ideal es que se investigue a los tres en conjunto. Con la denuncia, queremos contribuir a que sea una investigación integral y homogénea”, dijo a El Comercio.

Aún no se conoce de una decisión o un pronunciamiento de parte de la Fiscal de la Nación respecto a este pedido para investigar al presidente de la República. Fuentes de El Comercio indicaron que hasta ahora no se informa a la Procuraduría General del Estado sobre una decisión de Zoraida Ávalos sobre el requerimiento. Desde la oficina de prensa del Ministerio Público no hubo respuesta sobre el tema.

Julio Espinoza consideró que la decisión que tome Zoraida Ávalos en este caso sería similar a la que adopte frente al caso relacionado a PetroPerú. “Lo que no puede hacer la Fiscal de la Nación es quedarse callada, tiene que emitir un pronunciamiento uno u otro sentido (investigar preliminarmente al presidente durante su mandato o espera a que deje el puesto)”.

Percy García comentó que la lógica del procurador Soria en este caso sería similar a la de la fiscal del caso PetroPerú, que sí pueden hacerse una investigación preliminar al presidente. “Si la posición de la Fiscal de la Nación es que se puede investigar, no me cabe la menor duda de que hay indicios reveladores, hasta para una formalización [de investigación]”, dijo al respecto.

El caso de los ascensos militares

Hasta el momento, el único caso por el que un exministro de Pedro Castillo está siendo investigado por la Fiscal de la Nación es el del presunto intento de injerir en ascensos en las Fuerzas Armadas. Tras las denuncias que hicieron los exjefes del Ejército y la Fuerza Aérea sobre esto, la Fiscal de la Nación decidió abrir una investigación preliminar al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y al entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Pedro Castillo no ha sido incluido como investigado en este caso. Sin embargo, la Fiscal de la Nación lo ha citado para que declare en calidad de testigo. La citación estaba prevista inicialmente para el pasado 14 de diciembre. Sin embargo, el presidente pidió reprogramarla para una nueva fecha, que fue anunciado luego como el 29 de diciembre.

Este martes, luego de la polémica por el acta donde se consignó su negativa para que fiscales entren a la oficina de la Secretaria General del Despacho Presidencial, Pedro Castillo acudió a la sede central de la Fiscalía de la Nación para reunirse con Zoraida Ávalos. Según informó el Ministerio Público, allí el jefe de Estado informó sobre su disposición para declarar un día antes, el 28 de diciembre, por motivos de agenda.

Para Percy García, sí hay elementos para que la Fiscal de la Nación incluya al presidente como investigado en este caso, sobre todo a partir de los chats revelados por El Comercio en los que le envía un nombre al general Vizcarra y un puesto en el escalafón militar. “No hay un pedido explícito, pero es evidente porque le da el nombre completo y de qué a qué tiene que pasar. Elementos que ya lo vinculan y que permiten una sospecha inicial simple, existen”, dijo.

Por su parte Julio Espinoza comentó que, en este caso, “las evidencias son mucho más indirectas, a diferencia del reciente caso de la venta de biodiesel (caso PetroPerú). Pero bueno, es potestad de la Fiscal de la Nación [si decide incluirlo como investigado]”.

Las pruebas filtradas

Finalmente, está el caso de la filtración de las pruebas de la evaluación docente denunciada a mediados de noviembre. Actualmente, hay al menos dos investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción al respecto, una en Lima y otra en la región San Martín.

Durante el desarrollo de la investigación en San Martín, la semana pasada se conoció que un testigo protegido declaró que la congresista Lucinda Vásquez (Perú Libre) estaba involucrada en la venta del examen en esa región y que la hija del ministro de Educación, Carlos Gallardo, también está envuelta en la filtración. Ambas niegan la acusación.

Conocida esta versión, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia –quien investiga el caso en Lima- dispuso citar como testigo a Lucinda Vásquez para este miércoles 22 de diciembre, al censurado ministro Carlos Gallardo para el jueves 23 de diciembre. Ambos, por su antejuicio como altos funcionarios, solo podría ser investigados por la Fiscal de la Nación.

Para García Cavero, la Fiscal de la Nación también debe evaluar si abre una investigación a Carlos Gallardo y Lucinda Vásquez por este caso. “Es un tema muy fuerte. Es un colaborador que habría que corroborar lo que ha dicho, pero creo que hay elementos (…) Lo que habría que determinar es que, efectivamente, el camino de la filtración ha sido la hija del ministro, que con la congresista se lo ofertaron a los maestros que pagaban una cantidad de dinero. Ese es el punto que queda, la filtración es evidente”.

Franco García Lazo manifestó que, en este caso, no ve elementos suficientes para abrir una investigación en Fiscalía de la Nación, debido a que “el dicho de una persona sin soporte no es suficiente”. “La diferencia del caso de PetroPerú, es que se tiene registro de entradas a Palacio de gobierno de un contratista, y del titular de la entidad, que inmediatamente después obtuvo la buena pro. Es un tema objetivo”, opinó.

Por su parte, la propia Zoraida Ávalos se refirió al tema durante una actividad en Arequipa. “Eso se está investigando. A mi despacho, tengo entendido que ayer [el último miércoles] parece que ha llegado (la información sobre la hija de Carlos Gallardo y Lucinda Vásquez). Recién estoy yendo a ver qué es lo que está pasando. Se hará una investigación, como siempre, correcta”, dijo la semana pasada en declaraciones difundidas por RPP.

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