Si uno le pregunta a Richard Rojas cómo fue que llegó a Perú Libre, su respuesta es la misma: en setiembre del 2015, al partido le hacía falta un fotógrafo y como él era un aficionado a tomar fotografías y –lo más importante– contaba con una cámara, aprovechó la oportunidad.
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Ocurrió en Lima, cuando PL estaba tramitando su proceso de inscripción en el JNE. Aquella vez, dice Rojas, su enlace fue Braulio Grajeda, hoy viceministro de Gobernanza Territorial y dirigente del partido, como él.
Rojas, de 46 años, nació en Huancayo y en su historial no aparece relacionado a otra organización política. Es militante de PL desde octubre del 2017. Al año siguiente postuló sin éxito a regidor provincial de Lima. En el 2019 se convirtió en el secretario de organización norte de su partido y fue también personero legal. Formalmente, no tuvo otro cargo dirigencial en PL ni tampoco ha sido integrante del comité ejecutivo nacional. Sin embargo, era tal la confianza que le tenían que fue delegado de su agrupación en Lima, la plaza con mayor cantidad de votantes. Y en abril pasado, cuando su partido por primera vez pasaba a la segunda vuelta electoral, fue nombrado jefe de campaña de Pedro Castillo.
Desde entonces se le vio en todo evento público al que acudió el hoy presidente de la República. Richard Rojas ha dicho que la amistad y confianza entre ellos creció cuando en enero de este año Castillo se contagió de COVID-19 y él se preocupó de sus cuidados. Pero nunca dejó de llamar “líder” ni “doctor” al fundador de PL: Vladimir Cerrón.
Embajador frustrado
Rojas se define como un empresario dedicado a la venta de paneles publicitarios y repuestos de televisores en el jirón Paruro. Asegura que esa es su única fuente de ingresos.
Pero para la fiscalía de lavado de activos, este dirigente es parte de un engranaje que su agrupación política montó para blanquear dinero proveniente de los sobornos por la entrega de brevetes en el Gobierno Regional de Junín. Principalmente por dos indicios: las coordinaciones telefónicas que registra con integrantes de Los Dinámicos del Centro como Arturo Cárdenas Tovar y José Bendezú Gutarra (ambos prófugos de la justicia) y por un cheque de gerencia que Cerrón, el pasado 8 de julio, puso a su nombre con un valor de S/376.930, pero que fue bloqueado por la UIF antes de que fuera cobrado.
Por esa razón, Rojas fue incluido en setiembre en la investigación por lavado de activos que enfrenta Cerrón como encargado de la conversión, transferencia y ocultamiento del dinero. Él afirmó que el dinero fue para que su partido colocara paneles en sus locales en Lima.
Como parte de la investigación, el pasado miércoles el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por seis meses. A consecuencia de ello, Rojas no podrá ser embajador del Perú en Venezuela, como había pretendido el gobierno de Castillo la semana pasada. Un mes antes, intentaron colocarlo en Panamá, pero no tuvo la aceptación de ese país. Según Rojas, la idea de ser embajador nació del propio presidente. Él solo pidió que sea en una zona hispanohablante. Ahora no podrá salir de territorio nacional mientras la fiscalía escudriña sus cuentas. El dirigente de PL sostiene que no teme lo que puedan encontrar las autoridades. Mientras tanto, su alejamiento de Palacio de Gobierno es evidente. Si antes se lo veía junto a Castillo en actividades oficiales, hoy ya no. Semanas atrás, dijo que estaba a disposición cuando lo llamasen. No obstante, es uno de los pocos militantes de Perú Libre que puede decir que ha contado con la confianza tanto de Castillo como de Cerrón. Más aún para alguien que dice haber entrado al partido por pura casualidad.
Más datos:
Rojas indica que fue él quien propuso el nombre de José Luis Fernández Latorre para director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El dirigente dice que conoció a Fernández, mayor PNP (r) y natural de Chota, en abril. Su cuñado se lo presentó porque necesitaban en la campaña alguien que conociera temas de seguridad.