Presidente de JNJ: “Se está haciendo el estudio de la información acopiada [contra Zoraida Ávalos]” | ENTREVISTA

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Ávila Herrera, quien lidera la institución en el tercer año de funcionamiento desde su creación, también explicó los concursos públicos que llevan adelante para nombrar magistrados titulares, pues indicó que actualmente el sistema de justicia está conformado por casi 50% de jueces y fiscales provisionales.

—¿Han llegado al tercer año de creación de la JNJ, qué se ha logrado en ese tiempo?

Desde un inicio, la gestión estuvo llena de retos y grandes desafíos, pero retos y desafíos a partir de una visión de Estado que debemos tener sobre el sistema de justicia, con tres notas importantes: un sistema de justicia confiable, predecible y conformado por jueces íntegros, probos y debidamente capacitados.

—¿Y qué hizo la JNJ desde que se instaló para alcanzar ese objetivo?

Trabajamos bajo una visión de planificación de cinco años. El primer año de gestión a cargo del doctor Aldo Vásquez era el fortalecimiento institucional de la JNJ, de los marcos reglamentarios, de una nueva gestión de la administración de la junta. El segundo año de la doctora Inés Tello, la orientación fue hacia la generación de precedentes, marcó los grandes hitos de los procesos disciplinarios respetuoso de la función jurisdiccional.

—Estamos entrando al tercer año de gestión de la JNJ, que es la suya ¿Qué marcará su gestión?

De la experiencia del primer y segundo año de gestión ha generado una reflexión en la Junta y esa reflexión es el tema de la provisionalidad de los jueces y fiscales en el Perú a partir de los procesos disciplinarios. Y es que casi el 50% de jueces y fiscales en el Perú son supernumerarios o fiscales provisionales. La provisionalidad es una situación que afecta la autonomía de los jueces y fiscales en el Perú ¿Qué ha pasado? Es un tema de Poder Ejecutivo que no le está reconociendo las partidas presupuestales al Ministerio Público y al Poder judicial. Por esos es que hemos comenzado a elaborar algunos estudios para mirar con exactitud dos cosas: cuáles son las causas y cuál es el conjunto de propuestas para, progresivamente, ir reduciendo la provisionalidad.

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—De lo que usted menciona, podemos decir que la justicia en el país está en manos del 50% de jueces y fiscales provisionales, pero por muchos años se hicieron intentos para reducir esas cifras ¿Cuál será la diferencia con la JNJ para aumentar la cifra de titulares?

Creo que la diferencia estará en la estrategia, en la visibilización del tema y en el llamado urgente sobre este tema. La provisionalidad, si bien es cierto se ha tocado en varios estudios, en varios encuentros, es el momento de ponerla en la agenda pública. Creo que aquí es determinante el papel del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y del Consejo de la Reforma del sistema de Justicia.

—Días atrás la JNJ sancionó a las fiscales que estuvieron a cargo del caso “Cuellos Blancos”. Teniendo en cuenta lo que significaron las fiscales para la lucha contra la corrupción ¿Hay algún mensaje en ese caso?

En abstracto, en general, el mensaje es que la Junta busca, entre otras cosas, recuperar la independencia y la autonomía de los jueces y fiscales. Ese caso que usted menciona es el caso bandera, un caso muy importante, porque lo que nosotros queremos es que los jueces y los fiscales sean autónomos e independientes. Para decirlo en términos más simples, los jueces y fiscales no pueden tener ese tipo de reuniones en privado con representantes del Poder Ejecutivo ¿Por qué? Porque hay que garantizar la teoría de las apariencias. Es decir, que yo no solamente digo que soy un fiscal o un juez independiente; sino que tengo que demostrar con mis actos que soy independiente.

—¿Cuántos jueces y fiscales se ha destituido en lo que va de la JNJ, incluidos los derivados del caso Los Cuellos Blancos?

Desde el 6 de enero del 2020, que fue el año que nos tomamos para hacer los reglamentos y del inicio de los procesos disciplinarios que usted alude. En el año 2021 - que ya empezaron a tomarse las decisiones de destitución - hasta ahora, tenemos 89 destituciones, que incluyen los magistrados supremos del caso al que hace referencia. Creo que este dato de 89 casos, por un lado, se demostró la responsabilidad de estos magistrados, pero por otro lado hay otra lectura; que nuestro sistema de justicia estuvo conformado por magistrados que no eran idóneos, no eran íntegros, tenían muchas fragilidades y precariedades. Esa doble lectura nos sirve para reflexionar sobre un aspecto muy delicado; y es que para hacer el proceso de selección y nombramiento, que ya está en camino, debemos verificar la probidad, la idoneidad y la integridad de estos magistrados que van a servir al sistema de justicia.

—¿Y cómo están evaluando ese aspecto? pues ya se conoce que muchos de los magistrados destituidos tenían las mejores notas, pero ética y moralmente no habían sido aptos para haber ejercido el cargo…

Cuando se ha hecho el reglamento de selección y nombramiento, a partir de esa reflexión que usted hace, lo primero que hicimos es firmar un pacto ético político. Es decir, nada de llamadas, no visitas, nada de interferencias, cero recomendaciones, cero ‘tarjetazos’. Los procesos de selección y nombramientos tienen que ser bajo estrictos criterios de objetividad y justicia. Esa es la única forma de garantizar de que no se repita la historia, tenemos que mejorar los controles de los exámenes, de los diplomas; por eso es que hemos comprometido a la universidad en los procesos de evaluación de conocimiento. Ya no es acá en la Junta, nosotros no vamos a hacer la evaluación de conocimientos; sino los mejores catedráticos de las facultades de leyes y ciencias políticas del país.

—Otro aspecto es; y se está viendo ahora mismo en funcionarios del Estado, que una vez nombrados o designados, salen a luz una larga lista de antecedentes judiciales, penales, policiales ¿La JNJ ha solicitado sus antecedentes penales a los postulantes?

Ese es otro gran tema donde hemos ajustado los controles de calidad. Es decir, hemos adoptado la debida diligencia en buscar los antecedentes de los candidatos, pero además, estos procesos de selección y nombramientos tienen la participación de la ciudadanía y de los medios de comunicación que pueden hacer llegar observaciones o cuestionamientos sobre la idoneidad, integridad y probidad de los candidatos.

—Hablábamos hace un momento de la provisionalidad ¿Cómo va el proceso de selección y nombramiento de magistrados titulares?

A finales del 2021 anunciamos la convocatoria de diez procesos de concursos públicos. Uno para la autoridad de control del Ministerio Público y otro del Poder Judicial. El del Poder Judicial ya se declaró desierto, pero el del Ministerio Público, el 11 de abril es la entrevista final; y en abril, la primera quincena, si todo sale correcto, estaríamos nombrando la primera autoridad que va a ejercer el control disciplinario y funcional de los 8,080 fiscales que hay a nivel nacional. Y el resto son proceso que apuntan a cubrir 222 plazas de jueces y fiscales. Es decir, de 73 jueces y de 149 fiscales.

—¿Y en qué porcentaje aumentaría el número de titulares frente al 50% de provisionales que usted mencionaba líneas arriba?

El porcentaje es bajísimo. Actualmente, aproximadamente son 4,400 fiscales provisionales y son cerca de 1,268 plazas de jueces que son supernumerarios; y en realidad, nosotros solo vamos a poder cubrir 222 plazas (entre jueces y fiscales). Entonces, el porcentaje es realmente mínimo ¿Por qué? porque no hay presupuesto, porque el Poder Judicial y el Ministerio Público no tienen presupuesto para financiar esas 4,400 plazas del Ministerio Público y 1,268 plazas del Poder Judicial. Entonces, como se irá identificando, el foco de atención hay que ponerlo en el Poder Ejecutivo porque si ellos no les dan las demandas presupuestales para crear esas plazas, la provisionalidad de jueces y fiscales en el Perú, en gran parte, podría ser de responsabilidad del Poder Ejecutivo.

—Existen dos plazas para fiscales supremos en concurso ¿Cómo va el proceso teniendo en cuenta que urge su designación?

Sí, fiscales son 127 (aptos) y de jueces son 73 (aptos). Para fiscales supremos son 2 plazas y jueces supremos son 6 plazas. Y para todos los procesos, el total de candidatos han sido 2,698.

—Días atrás publicaron la lista de postulantes aptos a magistrados supremos ¿Qué es lo que sigue?

Ahora viene la etapa de evaluación de conocimientos, la siguiente etapa es la curricular, la tercer etapa es el estudio de caso, que es la novedad, donde tendrán que hacer el análisis de un caso, cómo lo resuelven.

—Esa etapa, el estudio del caso, que creo que es importante porque se sabrá cómo se desenvuelve el magistrado ¿Qué analiza? ¿Será escrito o tendrán que exponerlo ante el pleno?

El estudio del caso es analizarlo y exponerlo, sustentarlo, cuál es el razonamiento y analizar la calidad de conocimiento que tiene el candidato; y la última etapa que es la entrevista. Ahora, en la Junta Nacional de Justicia hemos prestado una atención especial en el caso de los fiscales supremos y para la última semana de mayo deberían estar designados los dos fiscales supremos y podrían estar jurando el 1 de junio.

—¿Y los jueces supremos?

No se olvide que son seis jueces supremos que van equilibrar la Corte Suprema porque serán titulares y allí está la responsabilidad de los junta para elegir a los mejores perfiles ¿Cuándo estarían elegidos? Según nuestro cronograma sería la segunda quincena de junio. Los demás magistrados de jueces y fiscales de otras instancias estarían elegidos para julio y octubre. Entonces, lo ideal es que para este año se cubran estas 222 plazas.

—Hablando de fiscales supremos; el caso de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que por estos días ha sido objeto de señalamientos por el tema de sus diplomados y en una declaración de colaboración eficaz ¿La JNJ ha tomado cartas sobre estos temas?

Precisamente, un poco la naturaleza del proceso de ratificación es el escenario donde los ciudadanos y medios de comunicación tienen todo el derecho de dar cuenta sobre un supuesto cuestionamiento a una fiscal suprema o juez supremo. Estos cuestionamientos se trasladan al juez cuestionado para que pueda hacer su descargo, dentro del debido proceso. Entonces, si hay ese cuestionamiento de una fiscal suprema que dicen que su legajo estuvo formado por certificados que se cuestiona su legitimidad y su origen, que presenten esas observaciones. Esos hechos se van a verificar en su proceso de ratificación y se va a trasladar a la magistrada para que aclare.

—Pero más allá de ello, el principal denunciante de la fiscal Zoraida Ávalos es el procurador anticorrupción ¿La JNJ le ha solicitado una copia de esa información?

Sí, la Junta Nacional ha solicitado formalmente, en oficio que yo lo he firmado, a la Procuraduría General un informe sobre esa denuncia del procurador Pacheco contra la fiscal de la Nación. Ya han mandado la información. Eso se llama acopiar información. En este momento se está haciendo el estudio de esos elementos [contra Zoraida Ávalos] y luego de eso se tomará la decisión correspondiente.

—¿La decisión correspondiente para qué?¿Abrir una investigación preliminar individual o sumarla para el proceso de ratificación?

Ese es un tema que se definirá en el pleno, eso no lo puedo adelantar. Ese es el criterio de siete magistrados que cuando se presente el caso, luego de haber analizado esos elementos, será el pleno el que decidirá lo que jurídicamente corresponde.

—La mención de la doctora Ávalos en la declaración de una colaboradora eficaz se está analizando como acopio de información...

Son hechos que recién aparecieron y cuando haya un pleno (de la JNJ); y cualquiera de los miembros puede dar cuenta de esos hechos que han aparecido en los medios; y el pleno decidirá si se pedirá información o no.

—También está el caso del fiscal superior coordinador de las fiscalías anticorrupción Omar Tello ¿Existe alguna investigación abierta?

En el marco de las funciones que tiene la Junta se solicita información y ya llegó la información. Ahora, lo que se está haciendo es el estudio de esos elementos ¿Para qué? para ver si hay causa probable. Si hay causa probable evidentemente se propondrá al pleno el inicio de un proceso disciplinario. No es que se abre de la noche a la mañana; sino que hay un procedimiento. Yo no quiero decir que se va a abrir o no se abrirá, esas son decisiones del pleno.

—Mencionaba usted hace un momento el proceso de ratificación y tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial solicitaron suspender este proceso ¿Por qué no se atendió?

Porque es una función constitucional de enorme responsabilidad el proceso de ratificación. Es una herramienta que permite medir la evaluación de los jueces y fiscales a partir de la conducta e idoneidad. No es un capricho de la junta, es una exigencia constitucional que responde a una exigencia de la ciudadanía.

—Tanto el MP como el PJ se ampararon en la sentencia de CIDH del Caso Cuya Lavy y otros vs Perú indicando que se violaba los derechos de los magistrados…

Cuando se hizo el reglamento de ratificación lo pre-publicamos para recibir las sugerencias. Además, yo mismo elaboré 35 cartas para los presidentes de las 35 cortes pidiéndoles para que convoque a sus jueces y que les muestre el reglamento y que opinen; lo mismo hicimos con los 34 fiscales decanos de todo el Perú. Y lo hicieron, hicieron llegar sus recomendaciones y las introdujimos en el texto. Ahora, la Constitución dice que cada siete años es la ratificación, pero hay muchos jueces y fiscales que se han pasado los siete años, ya tienen nueve años o diez años. Los jueces y fiscales se han presentado, 200 jueces y fiscales. Entonces, allí es cuando sale la sentencia, han interpretado y es su derecho, solicitaron a la junta el proceso de ratificación, pero eso es muy delicado porque es un mandato constitucional. Lo que nosotros hemos hecho, siempre con el mayor respeto, hemos hecho un nuevo proceso de consulta sobre la sentencia. Ya nos han enviado sus informes y en este momento estamos en proceso de valoración de las sugerencias.

—¿Desde que inició funciones la JNJ, las denuncias han ido en mayor o menor grado?

Han incrementado enormemente, el año pasado hubo un incremento del número de denuncias. En el 2021 ingresaron 963 denuncias, de las cuales 260 ya están en trámite, distribuidas con sus instructores, 95 ya están en trámite de calificación, 260 ya fueron concluidos. En el 2020 ingresaron 738, en el 2021 fueron 963 y en el 2022, en estos dos meses ingresaron 204.

—Si en dos meses ya van 204 y si sigue la misma correlación, terminarán con más de mil denuncias ¿A qué se debe el incremento?

Yo estimo de que esta conducta institucional de cero llamadas, nada de tarjetas, nada de visitas, creo que es una característica de una institución con transparencia. Entonces, si la institución se maneja con ese sentido de responsabilidad, yo creo que los ciudadanos se dan cuenta; y creo que este incremento de denuncias es porque los ciudadanos empiezan a confiar en la junta ¿por qué? por las destituciones.

—Finalmente, ¿Qué más caracterizará su gestión?

Además del tema de la provisionalidad con una nueva estrategia para llamar la atención de la agenda del Estado, pero lo que quisiera es que la Junta sea una isla de integridad, que tenga mucho componente de transformación digital y la inter-operatibilidad. Este año, gracias a los esfuerzos de modernidad del Banco Mundial vamos a inter-operar con el Poder Judicial para que nos dé la información de productividad de sus sentencias, con el Ministerio Público, con la Academia de la Magistratura, para que nos den los certificados, los cursos que han hecho los jueces y fiscales; y con el Tribunal Constitucional, porque cuando llega un proceso de hábeas corpus muchas veces lo declara fundado por mala actuación del juez o fiscal, porque violó derechos, y nosotros no podemos permitir que un juez o fiscal viole derechos, porque ellos son garantes de los derechos.

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