La gran traba, por Alfredo Torres

Sorprende el encono con el que se miran el oficialismo y Fuerza Popular. ¿Creen los ppkausas o sus simpatizantes que si el Congreso tuviese una mayoría absoluta del Frente Amplio o de Acción Popular les iría mejor? ¿Piensan los fujimoristas que habría sido más fluida la relación con el gobierno si hubiese ganado las elecciones Verónika Mendoza o Alfredo Barnechea? La realidad es que el Perú votó por un tecnócrata experimentado para la presidencia y le dio mayoría en el Congreso a un partido de gran arraigo popular. El encargo implícito para ambos: sumar esfuerzos para sacar el país adelante. Si el Perú no mejora para el 2021 ninguno se salva.

Es comprensible que al oficialismo le irrite tener que escuchar agresiones desmesuradas de algunos congresistas fujimoristas, especialmente si provienen de gente como Luis Galarreta o Lourdes Alcorta, que fueron elegidos en el Congreso del 2011 gracias a la votación que obtuvo Pedro Pablo Kuczynski entonces. Pero también se entiende que a los fujimoristas les irrite ver cómo en el entorno gubernamental continúan, tras bambalinas, funcionarios y asesores de entraña antifujimorista. Pero lo cierto es que de continuar estos dimes y diretes, los que van a terminar más irritados son los electores, que castigarán a unos y otros con un voto de rechazo.

Hace exactamente seis meses, el presidente Kuczynski y su Gabinete acudieron al CADE a transmitir un mensaje de esperanza y comprometerse con los 21 objetivos de desarrollo social, institucional y económico propuestos para el 2021 por CADE Mide. La primera evaluación de estos indicadores revela hoy avances muy modestos y algunos retrocesos. En educación hay mejores resultados, pero la tasa de anemia entre niños menores de 5 años continúa en 43%, lo que es gravísimo. Se ha reducido la población víctima de algún delito al año de 30,8% a 28,8% pero la posición del Perú en el ránking de corrupción ha caído del puesto 88 al 101. Las personas en situación de pobreza pasaron de 21,8% a 20,7% en el 2016 pero ya es un hecho que el PBI no crecerá este año ni la mitad del objetivo propuesto de 5%.

Si bien los resultados del 2016 no pueden atribuirse completamente al nuevo gobierno, lo más probable es que los resultados del 2017 no sean mejores debido a los embates del Caso Lava Jato y El Niño costero, que han restado ya más de dos puntos de crecimiento del PBI. Lo grave es que estos resultados podrían ser incluso peores si el Gobierno y el Congreso no se ponen de acuerdo en resolver juntos determinadas situaciones que pueden terminar de paralizar la economía nacional.

Sin duda, el caso reciente de mayor impacto es el affaire del contralor Edgar Alarcón. Y no me refiero a su insólito negocio de “fierros” sino a su destructivo informe sobre el caso Chinchero, que Jaime de Althaus ha calificado de “confuso, contradictorio, equivocado y abusivo”. Lo más grave es que es un informe cuyas consecuencias van más allá del aeropuerto que demandan los cusqueños. Roberto Abusada ha advertido que “los últimos actos del contralor tendrán un efecto negativo mayor [a El Niño costero] y sus secuelas perdurarán como un lastre permanente del progreso”; y Carlos E. Paredes que “en la práctica, la controlaría ha prohibido equivocarse por acción (no por omisión) bajo amenaza de denuncia penal. Y lo que ha logrado es trabar al Estado”.

El desenlace lógico de esta situación es la destitución del contralor. Como ha señalado Walter Albán, director de Proética, “su permanencia es insostenible e inaceptable” dadas las denuncias en su contra: el negocio de los autos y el pago irregular a una ex trabajadora vinculada a él. Pero lo fundamental es que la contraloría debe entender que su rol es promover una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos y no trabar el desarrollo.

Lamentablemente, Alarcón cayó en la fácil tentación de presentarse como un adalid de la lucha contra la corrupción, vicio en el que también incurren diversos congresistas, no solo de Fuerza Popular sino sobre todo de Acción Popular y el Frente Amplio. En palabras de José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico: “La contraloría debe reforzar el control concurrente, ese que acompaña y aconseja al funcionario público… y el Congreso debe comprender que la persecución al funcionario público con fines políticos destruye la vocación de las nuevas generaciones de servir al Estado”.

El tema de fondo es que, si el Gobierno quiere cumplir sus objetivos para el 2021, necesita conversar mucho más con el partido que tiene la mayoría en el Congreso. Y si Fuerza Popular quiere ser gobierno en el futuro, la ciudadanía tiene que percibir a este partido como constructivo, no como obstruccionista. El encono de las “cabezas calientes” que operan en ambos bandos es actualmente la mayor traba para el desarrollo nacional.