Editorial El Comercio

La Procuraduría General del Estado solicitó ayer el inicio de contra el congresista (Acción Popular) por el presunto delito de concusión y, alternativamente, cohecho en agravio del Estado. Esto, a raíz de este domingo en el programa “Cuarto poder” en el que se lo escucha hablando sobre el recorte del salario a los trabajadores de su despacho. En la grabación, Flores Ancachi afirma también que se arrepiente de no haber aceptado una propuesta –a todas luces ilegal– para conceder puestos de trabajo en el a cambio de US$250 mil.

Dirigiéndose aparentemente a sus trabajadores, el parlamentario menciona el 10% del salario y el 50% de los bonos con los que supuestamente ellos lo iban a “apoyar”, y les increpa a algunos el no haber cumplido ese compromiso. Por último, en alusión al recorte en cuestión, añade: “No crean que soy el único que hace eso”.

Y hay que decir que, por lo menos en ese punto, decía toda la verdad, pues con él son ya nueve los miembros de la representación nacional acusados de “mochasueldos”. Nos referimos a (ex Fuerza Popular), (Bloque Magisterial), (Podemos), , (Alianza para el Progreso), (no agrupada) y los acciopopulistas y : una auténtica pléyade de la ignominia.

Ayer, sin embargo, el legislador Flores se que pesa en su contra aludiendo a que sus palabras fueron ‘malinterpretadas’ producto de la “acumulación de audios sesgados”. Y, en el colmo de la desfachatez, mencionó que cuando se registraron dichas “grabaciones ilícitas” él se encontraba “emocionalmente vulnerable debido a la destrucción” de su casa “a causa de las protestas sociales”. Una excusa que por sí sola debería hacerlo acreedor de una sanción ejemplar.

Sin embargo, dado que sus colegas han blindado con anterioridad a otros “mochasueldos” en la Comisión de Ética y dado que él mismo recibió dicho trato en el pleno a propósito del caso de ‘Los Niños’, es poco probable que vaya a ser castigado por esta revelación.

Editorial de El Comercio

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