Lambayeque: mafias invaden áreas protegidas

Es mediodía en Chaparrí, la primera área de conservación privada del país, ubicada en Chongoyape, a dos horas de Chiclayo (Lambayeque). De pie en lo que alguna vez fue un bosque, Juan Plenge muestra el pecho y el brazo con grandes moretones, marcas de golpes recientes. Aquí ya no crecen frondosos algarrobos y faiques, y solo hay tierra seca y huellas de maquinaria pesada. Los dos mil árboles que había en el lugar fueron talados por invasores ilegales.

El 26 de mayo, Juan y su hermano, Heinz, se encontraban en este mismo lugar realizando una inspección con policías y funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Cerca había una veintena de invasores. Una discusión pasó rápidamente a las agresiones: Juan fue golpeado por la turba y Heinz sufrió cortes en la cabeza por los palazos que recibió. Los policías tuvieron que hacer disparos al aire. Juan y Heinz solo intentaban defender esta reserva ecológica, un paraíso que fue, hace pocos días, un verdadero infierno.

—Reserva expuesta—
La reserva tiene 34.412 hectáreas. Al menos tres mil hectáreas ya han sido afectadas por los invasores, y algunas fueron convertidas en campos de cultivo de arroz, yuca, repollo o tomate; otras zonas han sido incluso lotizadas. Desde el 2012, mafias dedicadas al tráfico de terrenos intentan apoderarse de Chaparrí. Juan dice que sabe quiénes son los invasores, y a varios de ellos los señala con nombres y apellidos.

El Comercio tuvo acceso a documentos que demostrarían la presencia de uno o más grupos ilegales dedicados al tráfico de tierras en esta zona. El caso del campesino Javier Cruzado Carranza es uno de los más representativos. Él siembra hortalizas en Chaparrí; pagó S/3.500 por un terreno de 3,5 hectáreas en el sector El Faique. El terreno le fue traspasado por Celia Asenjo el 19 de octubre del 2015. Sin embargo, según se supo después, Asenjo había recibido el lote por parte de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape en setiembre de 1994, cuando ella tenía apenas 4 años. Para ser beneficiario de tierras uno debe ser mayor de edad, según los estatutos de la comunidad. El mismo estatuto indica que las tierras no pueden ser traspasadas, pero aun así lo hacen.

Otro hecho que apunta a un interés directo por apropiarse de estas tierras es que el padrón de la comunidad campesina se incrementó en más de 200% desde el 2012, cuando comenzaron las invasiones, los hostigamientos, las amenazas. Muchos de los empadronados ni siquiera viven en la comunidad, sino en Pimentel, Chiclayo e incluso Lima.

Esta semana, la congresista María Elena Foronda (Frente Amplio) realizó una inspección en el lugar donde los hermanos Plenge fueron atacados. Estuvo acompañada por policías y funcionarios del Serfor, quienes con la ayuda de un GPS confirmaron que se habían invadido terrenos que pertenecen a la reserva. Según dijo la parlamentaria, hay “claros indicios” de la presencia de mafias dedicadas al tráfico de tierras. “Se han talado árboles e invadido terrenos protegidos por el Estado, y se habrían fraguado documentos”, explicó Foronda, presidenta de la Comisión de Ecología y Ambiente del Congreso. “El daño está hecho”, dijo antes de retirarse.

Ha transcurrido poco más de una semana desde la salvaje agresión contra Juan y Heinz. Nada garantiza que esta situación no vaya a repetirse. Ellos dicen que han informado varias a veces a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque sobre estos hostigamientos, pero nunca ha habido una respuesta efectiva. La reserva está a solo 13 kilómetros del puesto policial más cercano, pero el mal estado de la trocha impide reaccionar con rapidez. Ellos saben que están expuestos, igual que el bosque.