Punto de vista

Más solo que Marco en el Día de la Madre, el gobierno intentó dialogar con la oposición. La primera ministra Ana Jara convocó a los líderes políticos el 9 de febrero pasado. A estas alturas, gracias a la intransigencia de Alan y Keiko, ya se debe haber dado cuenta de que es inútil dialogar con políticos cuyo objetivo es canalizar, como líderes de la oposición, el descontento popular de cara a las elecciones del 2016.

El mismo día comenzaba un conflicto social que advertía consecuencias trágicas en Pichanaki. Un paro indefinido convocado por el Frente de Defensa Ambiental, presidido por el etnocacerista Carlos Chavarría, cual profecía autocumplida, costó la vida de Ever Pérez Huamán y sumó 35 heridos más por armas de fuego.

No era un conflicto nuevo. El paro ya había empezado en setiembre del año pasado, pero fue suspendido gracias a la promesa del gobierno de iniciar una mesa de diálogo.

El diálogo nunca llegó, como consta en el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo emitido en enero de este año. En él se menciona el conflicto entre el Frente de Defensa Ambiental y la empresa Pluspetrol por los trabajos de exploración que la empresa argentina venía realizando en el lote 108. Se lee claramente el rótulo: “No hay diálogo”.

Este informe dice, además, que en una asamblea que contó con la asistencia de unas 400 personas, se acordó retomar el  paro indefinido el 9 de febrero. Como para no creer el viejo refrán que dice: “Guerra avisada no mata gente”.

Podríamos añadir que marginación y olvido son el caldo de cultivo de movimientos extremistas y que en el Perú no queremos aprender de las heridas que la historia nos ha dejado.

Actualmente existen 16 procesos de consulta en diferentes regiones del país, cifra bastante magra si tomamos en cuenta que existen 140 conflictos socioambientales en todo el país según el citado informe, aunque claro, habría que analizar cuántos de estos estarían enmarcados dentro de los alcances de la ley.

Las comunidades nativas de la zona, que no participaron en el paro indefinido convocado por el Frente de Defensa Ambiental, dicen que no se realizó el proceso de consulta previa antes del inicio de las actividades de exploración de Pluspetrol, como manda la Resolución Ministerial N° 350-2012-MEM/DM.

De haberse realizado esta consulta, se habría tenido que identificar a los pueblos indígenas participantes, ofrecer información clara y oportuna, y llevar a cabo un proceso de diálogo entre el Estado y los representantes de las comunidades.

De acuerdo con los principios invocados para realizar un proceso de consulta previa, “debe existir un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”… “estando prohibidos de todo proselitismo partidario y conductas antidemocráticas”,  lo que dejaría sin piso a los grupos extremistas que pretenden aprovechar la falta de información de la población.

Tanto el Estado como las empresas que realizan actividades extractivas en los territorios de comunidades nativas deberían entender que el diálogo es la mejor medida preventiva para asegurar la paz social, el éxito de sus inversiones y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Enseñanza

Proceso necesario para evitar los conflictos

— Después del ‘baguazo’, que dejó 33 muertos durante el gobierno de García, se planteó la necesidad de llevar a cabo procesos de consulta previa a las comunidades indígenas y nativas afectadas por actividades extractivas dentro de sus territorios.

vigencia

La norma es reciente y rige hace dos años

— El 6 de setiembre del 2011, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

Esta norma entró en vigencia el 3 de abril del 2012, cuando se aprobó su correspondiente reglamento.