Punto de vista

La gestión del Congreso peruano no se caracteriza por la rigurosidad del análisis costo–beneficio para legislar, tampoco por promover alturados debates sobre los proyectos de ley ni, mucho menos, por convocar a los más destacados profesionales especializados en las diferentes materias que se discuten.

Por ello, no sorprende que en la pasada legislatura se haya aprobado una norma que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución para prohibir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores (antes presidentes regionales). Me pregunto: ¿Qué análisis –aparte de alinearse con la opinión mayoritaria– realizaron los congresistas para aprobar una ley tan importante, que implica una reforma constitucional, lo que afecta la representación política y la gestión pública en nuestro país?

Los legisladores sostuvieron, en una limitada reflexión, que se trataba de una medida para enfrentar la corrupción que existe en la política distrital, provincial y regional, donde se forman mafias que intentan permanecer en el poder. Sin embargo, no presentaron evidencias o fundamentos sólidos para afirmar que la corrupción disminuiría y los servicios a los ciudadanos mejorarían luego de eliminar el derecho a reelegir alcaldes y gobernadores.

Sabemos (Aragón e Incio, IEP, 2014) que en las elecciones del 2014, 60% de los alcaldes distritales tentó la reelección, pero solo 17% a nivel nacional logró ser reelecto. En el caso de alcaldes provinciales, únicamente el 10% logró la elección consecutiva, a pesar de que más de la mitad de las autoridades provinciales se presentó a la reelección, mientras que en el caso de los gobernadores, solo 16% ejerce un segundo período consecutivo, lo cual confronta el mito de la “permanencia mafiosa” y a su vez subestima el poder de la voluntad popular.

En ese sentido, vemos que los países destacados por su calidad democrática y desarrollo social admiten la reelección de autoridades subnacionales, porque entre otros aspectos, entienden que es un incentivo para los políticos, los cuales son evaluados por la ciudadanía y juzgado en las urnas. Algunos ejemplos: Noruega, Alemania, Canadá y Estados Unidos, así como Uruguay y Costa Rica, reconocidos por su calidad de vida en América Latina.

La propuesta: derecho a una reelección inmediata para autoridades locales y regionales, que permita a los electores premiar o castigar una gestión, al valorar la experiencia. Asimismo, enfocarnos en construir y fortalecer los partidos políticos; priorizar debates sobre la voluntariedad del voto, composición de los distritos electorales, financiamiento de los partidos, voto electrónico, entre otros; y recordar que no existe gobernanza sin rendición de cuentas.

Ojalá nuestros congresistas no distraigan su trabajo con legítimas aspiraciones reeleccionistas. Aún tienen la oportunidad de hacer que su último año de funciones sea el menos malo del quinquenio.