El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha resuelto que los primeros regidores electos que hayan ejercido como alcaldes en el período anterior no podrán volver a asumir alcaldías porque la Constitución prohíbe la reelección edil. Así, ha establecido, de manera correcta pero sumamente inoportuna, que Rafael López Aliaga no podrá asumir la alcaldía de Lima porque la razón de ser de dicha prohibición es evitar que la misma persona ejerza dos mandatos consecutivos.
Esto nos genera un problema político difícil; mientras que cientos de miles de limeños que votaron por López Aliaga quieren verlo jurar como alcalde, lo cierto es que la ley es clarísima: la reelección está prohibida y rige para todos. Aunque no nos guste, no existe ambigüedad alguna.
En este escenario, hay responsabilidades por asumir. El JNE ciertamente ha agravado la situación. Primero, permitió que López Aliaga renunciara al cargo de senador para el cual fue elegido y habilitó a su accesitario, cuando ese cargo es irrenunciable. Esta decisión le permitió postular indebidamente en las elecciones municipales y originó el problema que enfrentamos hoy.
Además, el JNE pudo zanjar este asunto con mayor anticipación, aun si simplemente reafirmara lo que es obvio: que hay que cumplir con la ley. No hacerlo ha llevado a muchísimos limeños a votar creyendo que su candidato había encontrado la forma de ser la excepción a la regla.
Sin embargo, quien se lleva la cuota más grande de responsabilidad es, sin lugar a dudas, el propio Rafael López Aliaga. No solo defraudó la voluntad popular al negarse a asumir el cargo de senador para el cual fue elegido, sino que volvió a hacerlo al inducir a sus electores a error, haciéndoles pensar que él podría asumir el cargo de alcalde de Lima.
Demostrando una profunda irresponsabilidad, el candidato pretendió doblegar los límites de la legalidad, asumiendo que, si nadie lo detenía en la carrera, podría torcer las reglas del juego con éxito una vez en la meta. Y ahora culpa al JNE por no haberle enmendado la plana antes.
Esto es grave porque subvierte por completo un principio básico para el orden social: que las leyes obligan a todos mientras tengan vigencia. Es absurdo exigir una “advertencia previa” para recién cumplir con la ley, como si los candidatos fueran niños a los que hay que perseguir y atrapar antes de que hagan alguna travesura.
Enfrentadas preferencias políticas con la primacía del Estado de derecho, esta última debe prevalecer. Sin embargo, esta suma de malas decisiones nos deja una pérdida irrecuperable: la legítima expectativa de un millón y medio de electores.
