Cuando comparamos al Perú, con más del 70% de informalidad en su economía, con países desarrollados como Suiza, donde la informalidad es de apenas 10%, podemos ver el enorme trabajo de formalización que tenemos por delante. La informalidad en nuestro país se extiende a todos los sectores, como el comercio, el transporte, la agricultura y la minería, y afecta transversalmente a toda la economía.
Esta informalidad se opone al buen orden de las cosas, impactando negativamente en lo económico, social y ambiental. No es un problema cosmético, sino que nos lleva a la ilegalidad y, en algunos casos, a la delincuencia. Además, abarca actividades fuera del sistema que no generan ingresos al fisco, contribuyendo a la deficiencia de los servicios públicos y afectando la calidad de vida de la población.
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El marco normativo actual incentiva la informalidad, agobia a las empresas formales y a aquellas que desean formalizarse. El sector minero también se ve afectado por la informalidad, con una alta incidencia de delincuencia organizada y prácticas no reguladas que impactan negativamente en la economía, el medio ambiente y la sociedad.
Según la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), la informalidad descendió de 74% a 71% en el período 2022-2023. Pero esta cifra, lejos de ser alentadora, se explica más bien por la pérdida de más de 600 mil empleos en el sector informal en tal periodo.
La informalidad es responsable de que miles de peruanos no tengan CTS, gratificaciones, vacaciones remuneradas ni aportes a un plan de jubilación. Esta se concentra principalmente en Lima, Tacna, Arequipa, Puerto Maldonado y Pucallpa.
Desde el sector empresarial proponemos algunas soluciones. Primero, impulsar la recuperación económica destrabando los proyectos y agilizando los permisos, con el objetivo de generar nuevos puestos de trabajo formal. También es necesario flexibilizar la legislación laboral con incentivos fiscales y administrativos que la hagan más amigable con la formalización, en lugar desalentarla. Y se debe abordar prioritariamente la problemática de la minería informal.
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Cada vez que el gobierno toma decisiones arbitrarias sobre la política salarial o que el Congreso endurece la regulación laboral, miles de trabajadores y empresas transitan hacia la informalidad. Debemos buscar el efecto contrario. Para ello, la colaboración público-privada es clave en el desarrollo de programas de formalización, cuyo foco debe ser la competitividad laboral.
Además, se puede recurrir a la cooperación internacional, como el Banco Mundial, que tiene amplia en este campo.
El Perú no es el único país que enfrenta este problema, y podemos incorporar políticas efectivas de formalización que han funcionado en otros países.
Es imperativo que tengamos la voluntad política de enfrentar la informalidad con decisiones valientes y bien pensadas. La colaboración multisectorial y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para implementar soluciones innovadoras. Solo así estaremos en la capacidad de seguir construyendo un Perú más formal, próspero y justo para todos.
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