Recordemos el caso de la investigación al ex primer ministro británico Boris Johnson por el caso de las fiestas realizadas en las oficinas del Primer Ministro durante el periodo de cuarentena en pandemia. ¿Quién condujo la investigación? La funcionaria senior del servicio civil británico. ¿Se llevó a cabo la investigación cuando Johnson ya había dejado el poder? No. El informe final de la investigación fue ciertamente utilizado para reemplazar a Johnson, pero resultó una consecuencia lógica de una inconducta mientras se ejerce el poder.
No he podido evitar comparar ese caso con lo que viene pasando ahora en el Poder Legislativo.
El Congreso se encuentra hoy en un escándalo mayúsculo. Son varias las voces que claman por una investigación profunda. De hecho, la Fiscalía ya abrió una investigación, pero sabemos que carece de recursos para llevar adelante investigaciones prolijas y detalladas. Internamente, el presidente de la Comisión de Fiscalización quisiera tomar cartas en el asunto, pero no ha podido. De la Comisión de Ética del Congreso no se ha escuchado nada. El presidente del Congreso nombró una comisión investigadora interna, compuesta por funcionarias administrativas del Parlamento, pero esta quedó nula tras la renuncia de sus integrantes.
Más allá del caso concreto que requiere de una investigación que establezca claras responsabilidades, el conjunto de acciones en falso descritas en el párrafo anterior no hacen más que subrayar la necesidad de que los trabajadores administrativos del Congreso sean de carrera y pieza fundamental de ese servicio civil al cual todos aspiramos.
Ha trascendido que las funcionarias designadas para conducir la investigación tienen contratos temporales y que se les habría recordado que su continuidad en el puesto sería contingente a que atendiesen las necesidades políticas de la Mesa Directiva del Congreso -todo dicho, por supuesto, en el condicional. ¿Sería posible un trascendido de este tipo si, por ejemplo, las funcionarias fueran parte de un servicio civil? Mi hipótesis es que sería altamente improbable, ya que la continuidad en el cargo de personal en el régimen de servicio civil tiene su normativa propia y no depende de las voluntades o vientos políticos que soplan en un determinado momento. Postulo que es menos factible torcer la voluntad de cumplir el deber de un funcionario de carrera que la de otro cuya designación depende, en última instancia, de los deseos de una autoridad.
Que hoy tengamos en las comisiones del Congreso un dictamen que busca eliminar el servicio civil en el Perú no hace más que abonar argumentos a mi hipótesis. De aprobarse dicho dictamen, seremos testigos de un debilitamiento de la gestión pública.
