PAMELA SANDOVAL DEL ÁGUILA @padmejones
José Miguel Castro Gutiérrez, gerente general de la Municipalidad de Lima, dejó el cálido clima brasileño que disfrutó en sus vacaciones para regresar a una ciudad fría, aunque agitada por las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en la colocación de bonos de Caja Gas y un préstamo a favor de un ex compañero suyo cuando laboraba en Interbank. Ambas operaciones realizadas por la Caja Metropolitana de Lima, en la cual él también se desempeña como presidente del directorio.
"Yo soy presidente del directorio, pero no soy ejecutivo, no soy quien asigna los créditos, sino que hay un proceso regulado por la SBS [Superintendencia de Banca, Seguros y AFP] en un directorio colegiado", aseveró Castro en declaraciones a Canal N.
Horas antes, pero en la emisora RPP, el gerente ya había descartado alguna responsabilidad o irregularidad en las operaciones, aunque admitió que, como denunció el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Caja Metropolitana, el dinero prestado por dicha entidad a Promotora Chulucanas S.A.C. para un proyecto inmobiliario terminó en la cuenta personal de Andrés Muñoz Ramírez. Este último es un especialista financiero, de nacionalidad chilena, allegado a la consultora que contrató la Caja para la colocación de bonos de Caja Gas, además de propietario de la mayoría de acciones de Promotora Chulucanas y ex jefe de Castro Gutiérrez en Interbank.
"El crédito [de Promotora Chulucanas] se ha pagado íntegramente. El proceso concreto de construcción de las viviendas se formaliza en dos o tres años. Lo que a la Caja le interesaba es que el préstamo por las cartas fianzas, a tasas del 13%, a comisiones del 4%, se pague. [El dinero] corrió a otra cuenta porque [Muñoz Ramírez] es propietario de la empresa y los procesos de pago pueden hacerse así", afirmó Castro, quien reconoció su amistad con Muñoz y lamentó que las dudas sobre estas operaciones hayan empañado sus trayectorias.
NO ILEGAL, PERO SÍ IMPRUDENTE
Pese a que el área de prensa del municipio confirmó a El Comercio una entrevista con Castro para el mediodía, esta se canceló media hora antes porque el gerente adujo tener otras obligaciones. Ello impidió que, por ejemplo, se le consultara a sobre el riesgo que habría corrido la Caja al otorgar un crédito para viviendas que hasta hoy no se han construido.
"La prioridad de cualquier entidad financiera es recuperar su crédito, pero si este no se usa para el fin que se dijo, así se haya pagado, convierte al cliente en uno de riesgo y hace dudar de la naturaleza del mismo crédito porque eleva la posibilidad de que la financiera no recupere la inversión", explicó Jorge Chávez Álvarez, ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y actual presidente de la Consultora Maximice.
Según explica Chávez, todo crédito, independientemente de quién lo pide y quién lo emite, puede ser de libre disposición o con un propósito específico, como la compra de un auto, la construcción de una casa o la adquisición de un departamento. Por ello, si el préstamo que da una entidad financiera no se emplea para lo que el prestatario aseveró no se incurriría en delito, aunque sí genera un mal precedente para el sujeto de crédito. Incluso, si así lo considera la entidad financiera, podría terminar en una sanción interna para el agente que aprobó el desembolso, sin investigar bien al interesado.
Sobre los bonos de Caja Gas otorgados a Corporación Financiera de Desarrollo S.A (Cofide), que desembolsó S/.40 millones a la Caja a cambio de su deuda (que data del 2010), Chávez dijo que es prematuro cuestionar tanto la consultoría que dio Acres Sociedad Titulizadora S.A. (donde Muñoz Ramírez también es accionista), como la rentabilidad o perjuicio de la operación en sí. Según el especialista, falta conocer detalles de la contratación y un peritaje que valorice si, pagando intereses hasta el 2017 y que en total sumarán S/.8 millones, la Caja gana o pierde capital por la venta de dicho pasivo.
Regidores del Partido Popular Cristiano (PPC) también cuestionaron la rentabilidad de la colocación de bonos durante la sesión del concejo del pasado martes 17. Similar posición tiene el especialista en Derecho Municipal, Julio César Castiglioni. Este aseveró que para él sí hay indicios de delito como asociación ilícita para delinquir y colusión, pues se habría concertado voluntades entre funcionarios de la Caja con tal de favorecer a allegados al gerente Castro.
Hasta el momento, la SBS no se pronunciado sobre este caso. Ello pese a que, según Castro, dicha entidad habría supervisado las dos operaciones descritas y felicitado a la Caja por "el fortalecimiento patrimonial" tras la emisión de bonos.
"Estoy dispuesto a allanarme a cualquier investigación. No tengo ningún problema en ir a explicar estas operaciones porque son totalmente transparentes", insistió Castro.
“PREGÚNTENLE A SECADA”
Quien también expresó su malestar, pero no por las afinidades entre todos los protagonistas de esta denuncia, sino por cómo se trató a Castro en su entrevista de radio, fue la alcaldesa Susana Villarán. En su cuenta de Facebook, la funcionaria calificó de "linchamiento" las preguntas hechas al gerente y consideró como "afirmaciones tendenciosas" aquellas que comparan lo sucedido con la Caja con el caso Comunicore, escándalo que implicó un desvío de fondos del municipio a una empresa fantasma.
"¿Se olvidaron que los S/. 40 millones de los préstamos por los taxis metropolitanos no los pagaron? ¿Se olvidaron de que dejaron en riesgo la Caja Metropolitana? Pablo Secada, del PPC, presidió la comisión investigadora metropolitana que señaló este grave hecho. Pregúntenle a él. Pregúntenle", escribió en su página de la red social.
"Si quieren revisarme a mí o a la gente que trabaja conmigo en materia de corrupción, que vengan y nos revisen todo, porque no van a encontrar nada irregular", agregó luego en una entrevista concedida a Panamericana TV.
Según Villarán, fue tal la transparencia de las operaciones de la Caja que la Contraloría General de la República las habría supervisado y aprobado. No obstante, en el único comunicado que emitió la Contraloría al respecto, solo se dio cuenta de la recepción del informe del OCI y que, "de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas internas de la institución, el informe pasó a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para su evaluación y revisión".
"La Contraloría adoptará las acciones que corresponda a partir de las conclusiones a las que llegue la Gerencia de Aseguramiento de Calidad", puntualizó el comunicado.
Según reveló “Panorama”, la Caja Metropolitana le otorgó en mayo del 2012 a la promotora Chulucanas, del empresario chileno, un crédito hipotecario directo por 2 millones de dólares y una línea de hasta 4.5 millones de dólares para construir un enorme complejo habitacional. Sin embargo, a más de dos años de entregado el dinero, la constructora no ha levantado ni una sola vivienda.
El OCI, por medio de un informe, detalló que gran parte del millonario préstamo a la promotora Chulucanas terminó en la cuenta personal de Muñoz Ramírez. Además, el documento señala que funcionarios de la caja y el chileno se habrían coludido para desviar fondos.
