Abogado de Galaga acusa a la ONPE de caos electoral, pero no despeja dudas planteadas por Contraloría

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Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizara directamente a Servicios Generales Galaga SAC por las demoras que obligaron a extender los comicios una fecha más, el abogado de la empresa, Cristian Castillo, respondió enviando una carta notarial al jefe de la institución, Piero Corvetto, exigiendo que se rectifique y culpando al ente estatal por las demoras.

En conversación con El Comercio, Castillo asegura que sus representados no incumplieron con las especificaciones del contrato.

Un informe de la Contraloría General de la República publicado el 14 de abril detalla que el contrato suscrito entre la ONPE y Galaga detallaba que la distribución a 168 rutas debía iniciar a las 10:00 p.m. del viernes 10 de abril, mientras que las 49 restantes estaban programada para las 07:00 a.m. del 11 de abril.

Sin embargo, el último vehículo salió del almacén de ONPE recién el 12 de abril, el mismo día de la elección, a las 5:51 a.m. luego de que el cronograma de salida se modificara el 11 de abril entre las 7:30 p.m. y la medianoche sin evidencia documental de aprobación.

Al respecto, el abogado asegura que Galaga dispuso “los 424 camiones en la puerta del almacén de ONPE” a la hora indicada del 10 de abril y el trabajo se desarrolló con normalidad “hasta la noche previa al proceso electoral cuando nos encontramos con que no había posibilidad de cargar más camiones porque no tenían material. Teníamos 35 camiones esperando ser abastecidos de material del sistema de cómputo”.

“La mejor forma de comprobarlo es que nosotros no tenemos ningún requerimiento de cumplimiento de obligaciones, no tenemos ningún correo, no tenemos ninguna notificación de parte de ONPE que nos diga que no están los camiones”, señala Castillo, quien asegura que al momento de retraso no hubo ninguna explicación oficial por parte de ONPE, “lo que ha habido son comentarios por parte de los mismos trabajadores que estaban descontentos, que no tenían las herramientas para trabajar, que no había la cantidad de asistentes para poder embalar, ese tipo de comentarios. Lo que sí tenemos es la comunicación cerca de la medianoche del sábado, en la cual que decimos que tenemos 35 camiones a la espera de que le envíen el material”.

El Comercio solicitó acceso a dicho documento para constatar los argumentos de Galaga; sin embargo, Castillo indicó que ”esa documentación va a ser presentada en la Fiscalía y por disposición de la empresa no podemos compartirla con nadie hasta entonces. Por seguridad nos reservamos hasta que primero se entregue al Ministerio Público".

Sin embargo, podría explicar por qué la ONPE ha evitado aplicar hasta el momento las multas de 2% de la UIT por cada hora de retraso injustificado que especifica el contrato suscrito con Galaga.

Según el abogado, además, la ONPE fue la encargada de definir las rutas de distribución del material electoral. Al respecto, consideró que estas “han demostrado deficiencias de planificación porque nos ordenaban avanzar a un centro educativo y de ahí regresar a otro para dejar el material. Lo óptimo habría sido una línea recta, pero en vez de avanzar, hemos dado dos pasos para adelante y uno para atrás“.

Al ser consultado por El Comercio sobre si existió posibilidad de sugerir cambios o rediseñar la ruta, Castillo aseguró que “no se nos ha permitido, no se nos ha participado, no se nos ha convocado para hacer el diseño de ingeniería al detalle para ver lo más óptimo”.

Este Diario solicitó a la oficina de prensa de la ONPE sus descargos en referencia a la demora en la entrega del material para su distribución, al trazado de las rutas y a las observaciones que realizó la Contraloría en cuanto a la idoneidad del contratista. Sin embargo, al cierre de este informe no recibió respuesta oficial.

Sin embargo, la Unidad de Investigación de El Comercio tuvo acceso a la manifestación brindada por el exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Samamé, a la Fiscalía en la que asegura que el contrato con Galaga nació con vicios operativos que él mismo detectó el sábado previo a la elección y por los que responsabiliza al gerente de Administración y señaló a la Subgerencia de Producción de la ONPE, Juan Phang.

Desde que se identificó a Galaga como proveedora del servicio de distribución del material electoral, se acumularon los cuestionamientos sobre la capacidad operativa que poseían para cumplir con dicha labor.

Al respecto, Castillo señaló que “es una empresa que tiene más de 15 años en el mercado. Tiene contratos con particulares, con grandes empresas que por obvias razones no se puede divulgar quiénes son pero acreditan una solidez empresarial fuerte. Está en capacidad de asumir cualquier contrato”.

Cabe recordar que Galaga superó a la empresa Hermes Transportes Blindados S.A. y el Consorcio AFE en la licitación referente a este servicio. En el proceso, ambos competidores cuestionaron la metodología utilizada para calcular el metraje de los vehículos.

Castillo calificó los reclamos como carentes de fundamento técnico y aseguró que “no es la primera vez que una entidad del Estado, a la hora de calificar los vehículos para transporte, tiene preferencias sobre la carga útil, que es lo que le interesa al Estado y a todo contratista cuando se trata de transporte. Y eso ya ha sido resuelto por ONPE en anteriores procesos, no solamente en este, sino simplemente descuentan de la capacidad total los dos metros cúbicos que significa la cabina”.

Sobre las publicaciones que realizó la empresa en las últimas semanas en busca de choferes y unidades destinadas al transporte del material electoral, el abogado aseguró que mas bien se trataba de un acto de responsabilidad de la empresa. “Es responsable de sus actos y ha convocado a choferes, camiones y repartidores para cubrir las posibles suplencias que podían suscitarse“, señaló.

Pese a ello, al ser cuestionado por las observaciones de Contraloría sobre la presencia de conductores distintos a los declarados por la empresa, Castillo primero aseguró que esto hacía referencia a que los conductores no contaban con las licencias adecuadas, “lo cual es totalmente falso”.

“Contraloría parte del principio de que las licencias para manejar el transporte deberían tener A-III y A-II, cuando la ley de la materia nos permite que sea A-I. Los términos de referencia dicen que los conductores deben tener licencias de acuerdo al tipo de vehículo que la norma exige. Para los furgones de hasta 2.5 toneladas, si no me equivoco, se permite el brevete A-I“, señaló.

El informe de Contraloría alerta que en una muestra de 15 conductores, cinco de ellos y tres vehículos eran distintos a los declarados por la empresa para el servicio. Ante ello, Castillo señaló que “los conductores pueden ser reemplazados, no tiene nada que ver con incumplimientos porque no es personal clave para el cumplimiento del servicio”.

En otra parte de su informe, Contraloría advierte que al menos cuatro choferes de Galaga habían recibido papeletas por faltas muy graves, cuando el contrato estipulaba como requisito que no cuenten con ninguna sanción de este tipo durante los últimos 12 meses.

El abogado no supo confirmar si este era uno de los Términos de Referencia del contrato, pero aseguró que “si lo había nosotros hemos sido prolijos en la documentación que ha sustentado la experiencia, la calidad de los conductores y todo lo demás”.