Choferes con multas graves y camionetas sin registrar: Galaga y los incumplimientos que permitió la ONPE

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Un equipo de la Contraloría constató, tras visitar dos locales de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE ubicados en Lurín, tres situaciones adversas que podrían haber afectado la continuidad del proceso de distribución del material electoral.

A través de un informe al que accedió El Comercio, desarrollado entre el 8 y 13 de abril, el órgano de control detalló que el despliegue del material no se realizó en la fecha y hora programada, ya que, de acuerdo con información que proporcionó la Gerencia de Gestión Electoral al Órgano de Control Institucional de la ONPE, el cronograma de salida de unidades vehiculares establecía que 168 rutaS debían partir el viernes 10 de abril a las 22:00 horas, y que 49 rutas tenían que salir el sábado 11 de abril a las 07:00 horas.

Sin embargo, personal de seguridad del local denominado Lurín Live, donde permanecían los vehículos que distribuyeron el material electoral, informó que la última unidad salió a las 5:51 am del 12 de abril, lo que evidenció un incumplimiento del cronograma.

Además, una funcionaria de la ONPE explicó a la Contraloría que esta situación se habría generado por demoras en la organización de paquetes y embalajes para el despacho de equipos correspondiente al área de Gestión de Material Electoral y que, en el momento del levantamiento del acta, las personas responsables de las áreas mencionadas no se encontraban laborando.

Además, la ONPE señaló que, de acuerdo con la programación inicial, se contaba con 217 unidades vehiculares para trasladar material electoral y 217 unidades para el despliegue de equipos informáticos, y que incluso utilizaron más unidades, pero sin precisar ni sustentar dichas cantidades.

El segundo hecho que la Contraloría resaltó fue que los conductores y vehículos que propuso la empresa Galaga en un inicio no fueron incluidos durante el despliegue, tal como como lo constató su Comisión de Control durante una visita de inspección realizada el 10 de abril a los dos locales de la ONPE en Lurín.

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“Se ha evidenciado de una muestra de 15 conductores, que cinco conductores y tres vehículos no eran los propuestos inicialmente por la empresa Servicios Generales Galaga”, señaló la Contraloría en su informe, por lo que considera que dicha situación ocasionó que no se cumpla con las condiciones estipuladas en el contrato.

Otro punto en el que incide la Contraloría es que, tomando como muestra las licencias de conducir de 60 conductores de Galaga, unos cuatro contaban con papeletas de tránsito calificadas de muy grave, lo que contraviene los términos de referencia del contrato, donde se señala que el chofer no debe registrar papeletas muy graves en los últimos 12 meses.

Luis Castillo Torrealva, vocero de la Contraloría, señaló a El Comercio que remitieron a la ONPE unos 274 informes, pero que más del 83% de las situaciones de riesgo o adversas que se alertó no fueron implementadas por la entidad electoral.

En ese contexto, recordó que el 24 de marzo advirtió a la ONPE que los conductores que habían presentado la empresa Galaga “no cumplían con algunos requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y eso ponía en riesgo la gestión y la conducción de los vehículos”.

Además, según explicó el funcionario, un equipo de la Contraloría acudió el viernes 10 de abril al local de la ONPE para conocer el estado de los vehículos y la cantidad que se emplearía para cubrir las 217 rutas definidas por la entidad electoral para distribuir el material electoral en Lima Metropolitana, pero se evidenció que ya había un retraso en la salida de las unidades.

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“Entre la ONPE y la empresa no habían coordinado el tema logístico, por lo tanto, se inició un proceso de retraso, salidas a destiempo, lo que iba a impactar directamente en el cronograma”, expresó el funcionario.

Remarcó que alertó de esa situación a la ONPE, pero que no se tomaron medidas correctivas. Incluso, recordó que la Contraloría volvió a acudir al local de la entidad electoral el mediodía del domingo 12 de abril para verificar que todos los equipos ya estén fuera del almacén, pero se dio con “la ingrata sorpresa” que ese mismo día seguían saliendo vehículos y que se había aplicado una restructuración de rutas de entrega del material electoral. Por ello, según dijo, hubo vehículos que hicieron recorridos de hasta 20 horas entre el sábado y domingo.

“(Las furgonetas) estaban entregando material, pero las rutas habían sido modificadas. Este plan de 217 rutas que habían sido establecido inicialmente fueron redistribuidas, y generó que hubiera material que tenía que ir a Surco, pero en el mismo vehículo había material que debía estar en Lurín”, refirió.

Castillo Torrealva remarcó que otro hecho llamativo que se detectó fue que no se efectuó un monitoreo en tiempo real de los GPS de los vehículos, algo que estaba dentro del contrato entre Galaga y ONPE. “Era importante y necesario monitorear las rutas porque estaban llevando material electoral”, agregó.

Remarcó que el material electoral debía estar en los locales de votación a más tardar la medianoche del sábado. “Todo el material se quedaba en el colegio para que las mesas puedan ser abiertas a primera hora (del domingo)”, añadió.

Consultado por lo que hará la Contraloría en el futuro, el funcionario explicó que se terminará de recopilar la información sobre el traslado y repliegue del material electoral y determinar las presuntas irregularidades y, de ser el caso, iniciar los servicios de control posterior.

“A la poca proactividad que ha mostrado la ONPE en poder subsanar o mitigar las situaciones adversas que se han identificado, se están evaluando todas ellas y definir si es que existen o no presuntos hechos irregulares con respecto a las acciones que han hecho”, anotó.

Castillo precisó que las responsabilidades que identifique involucra solo a los servidores y funcionarios de la ONPE. “Con respecto a las sanciones que amerita la empresa, la entidad electoral, a partir del informe que emitamos, tendrá que comunicarle al OSCE para que suspenda o sancione a la empresa, de ser el caso”, puntualizó

Enfatizó que en la segunda vuelta de los comicios habrá un “mayor ímpetu” de la Contraloría para “asegurar que los recursos públicos que se están destinando para estas elecciones se usen de manera adecuada”.

Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado, señaló que los términos de referencia del contrato que ganó Galaga fueron mal elaborados, ya que no se exigió a dicha empresa que acreditara de manera fehaciente que contaba con la disponibilidad de los vehículos que se requería para transportar material electoral. Eso en referencia a que dicha compañía solicitó, una semana antes de las elecciones, el alquiler de una flota de furgonetas.

“Podemos advertir que tiene errores (los términos de referencia) porque, por ejemplo, no se puso que el ofertante debía acreditar, por lo menos, la disponibilidad de todos los vehículos necesarios para el transporte de las cédulas de votación”, afirmó Yaya.

“Si se hubiera puesto que se debía garantizar la disponibilidad de vehículos identificados con sus placas, Galaga no hubiera estado buscando, después de haber ganado la buena pro, vehículos para el traslado del material”, agregó.