Galaga ya había sido penalizada tres veces por la propia ONPE: los millonarios contratos de una empresa de solo 13 trabajadores en planilla

El inicio de las Elecciones Generales 2026 estuvo marcado por retrasos en la entrega de material electoral que impidieron la apertura oportuna de decenas de mesas de votación en Lima, especialmente en distritos del sur de la capital, generando malestar entre ciudadanos que acudieron desde temprano a cumplir con su deber cívico. La ONPE atribuyó el problema a un incumplimiento de la empresa contratista encargada del transporte, activó un plan de contingencia y anunció acciones legales, mientras el material continuaba llegando incluso varias horas después del inicio oficial de la jornada.

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La ONPE indicó, a través de un comunicado, que dicha situación se debe a un incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga, por lo que tuvo que aplicar, según dijo, un plan de contingencia para solucionar el problema. Horas después, informó que iniciará “acciones legales y penales” contra Galaga.

La entidad indicó que son 75 centros educativos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores los afectados por el retraso en la llegada del material de votación. Sin embargo, electores reportaron que no podían votar en colegios de Surco, San Borja y Miraflores.

Fuentes de la ONPE informaron a El Comercio que la empresa Galaga debía transportar el cargamento en dos horarios, de los cuales solo cumplió el primero y no el segundo, por lo que tuvo que contratar a otra compañía. Incluso, de acuerdo con otra fuente, la entidad electoral intentó trasladar el material a través de cadenas de taxi, pero no había empresas disponibles en la madrugada.

Servicios Generales Galaga, empresa encargada del traslado del material electoral en Lima Metropolitana para las Elecciones Generales 2026, registra antecedentes de penalidades impuestas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en procesos anteriores. De acuerdo con información de la Plataforma del Estado Peruano, la compañía recibió sanciones económicas en los años 2020 y 2023 por incumplimientos vinculados al despliegue y repliegue de material electoral y equipos informáticos, lo que evidencia observaciones previas en la ejecución de servicios logísticos relacionados con procesos electorales.

La primera penalidad fue aplicada en julio de 2020, en el marco del contrato suscrito en diciembre de 2019 para el traslado de material de sufragio correspondiente a las elecciones congresales extraordinarias de ese año, cuyo monto ascendió a S/ 2’982,338.91. En ese caso, la ONPE sancionó a la empresa con S/ 55,900 por retrasos injustificados en la ejecución del servicio. Posteriormente, en enero de 2023, la compañía recibió una nueva penalidad por S/ 1,330.71, relacionada con el servicio de transporte de carga y paquetería a nivel nacional para las elecciones regionales y municipales de 2022.

Ese mismo año, en septiembre de 2023, la ONPE impuso una tercera penalidad por S/ 6,803.17 debido a incumplimientos en el despliegue de material electoral para los comicios municipales complementarios.

Galaga inició operaciones en marzo del 2010 y fue fundada por Juan Charles Alvarado Pfuyo, quien actualmente es su gerente general. La empresa se presenta como “especializada en logística y transporte y con más de 10 años de experiencia”. En su página web detalla que ofrece servicios de transporte de carga exclusiva, así como traslado de equipos tecnológicos y de mercadería general, distribución y almacenaje. Su sede se encuentra en San Juan de Lurigancho y cuenta con 13 trabajadores en planilla, según reporte de la Sunat.

La ONPE adjudicó, el pasado 9 de marzo, a Galaga el “servicio de transporte de carga a nivel nacional ”despliegue, repliegue del material, equipos informáticos electorales e implementos para simulacro y sufragio 2026”. El monto por dicho servicio sería de S/ 6,368,332.75.

De acuerdo con los términos de referencia del contrato, Gálaga estaba obligada a acreditar ser propietaria de 40 unidades y contar con los documentos que demuestren que pueden circular sin problemas.

De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, Galaga ha obtenido 25 contratos y órdenes con entidades gubernamentales desde el 2018 hasta el 2026. Entre las instituciones que firmaron contratos con dicha empresa están el Ministerio de Vivienda, la ONPE, Cenares, Diris Lima Sur, la Municipalidad de Lima y el Programa de Educación Básica para Todos.

Por ejemplo, con la Diris Lima Sur firmó contratos de S/ 3,411,300 y S/ 1,677,875, mientras que con Cenares suscribió contratos por 650 mil soles y 300 mil soles. Con la Municipalidad de Lima obtuvo una orden de servicio de 420 mil soles.

Lo que llama la atención es que Galaga convocó hace una semana, a través de su cuenta en LinkedIn, a “proveedores para la contratación de 400 unidades tipo furgón cerrado, destinadas a operaciones de distribución local en Lima y Callao para proyecto electoral”. Al parecer, no pudo contratar proveedores.

Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, señaló a El Comercio que el material electoral primero se distribuye a provincias y luego a Lima, pero remarcó que usualmente la ONPE cumple con entregar el cargamento un día antes de las elecciones, por lo que dijo desconocer la razón de que se haya distribuido el mismo día de la votación.

Saludó que las autoridades electorales hayan dispuesto la ampliación del horario de votación hasta las 6 p.m. Recordó que en el 2021, en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19, en las primeras horas de las elecciones hubo un retraso en la instalación de las mesas de sufragio.