El aumento de la violencia en las calles, la pobreza y la mala atención en salud pública figuran entre los problemas que más afectaron a los peruanos este este año, según el INEI.
Entre abril y setiembre, el 34,9% de la población señaló a la delincuencia como el flagelo más importante, solo después de la corrupción (55,6%), mientras que la pobreza y la mala atención en salud pública alcanzaron, respectivamente, el 16% y 7,8%.
Pese a la creciente preocupación ciudadana, el pobre desempeño de las autoridades ocasionó que en el último año estos indicadores aumentaran marcadamente, hasta alcanzar en algunos casos nuevos picos respecto a años anteriores.
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Inseguridad desbordada
La victimización en ciudades –porcentaje de la población que ha sufrido algún delito– tuvo un crecimiento abrupto y sostenido: entre marzo y agosto del 2023 (la última cifra disponible) alcanzó el 28,1% de las personas mayores de 15 años, según las estadísticas de seguridad ciudadana del INEI.
Esta cifra es mayor en 5,4 puntos porcentuales que en el mismo período del 2022 y en más de 11 puntos respecto al 2021. En Lima alcanza el valor más alto: 35,1%) [ver cuadro].
Desde setiembre, el Gobierno ha decretado estado de emergencia por inseguridad en cuatro distritos capitalinos (San Juan de Lurigancho San Martín de Porres, Lince y el Cercado) y uno de Piura (Sullana).
Sin embargo, la medida no tuvo un impacto positivo en la población. A mediados de noviembre, el 94% de peruanos señaló que no se habían generado cambios tras su promulgación, según Datum.
Para Frank Casas, especialista en temas de seguridad, la estrategia del Ejecutivo no ha sido clara, careció de objetivos definidos y no se han priorizado los delitos a enfrentar. Añade que si bien hubo propuestas legislativas y normativas, estas se aplicaron poco en la práctica.
“Faltan recursos para que la policía pueda implementar sus acciones. Se han concentrado en reducir la impunidad, como elevar las penas al robo de celulares, pero a pocas medidas preventivas. Se necesita que el nuevo ministro [del Interior] nos diga qué delitos piensa controlar. Es imposible que lo haga todo, pero sí debería enfocarse en frenar las extorsiones, los delitos patrimoniales y homicidios”, opina.
Brechas sociales y menos prevención
El aumento de la pobreza y la escasez ha tenido un fuerte impacto en la salud infantil. Durante el primer semestre del 2023, el 43,6% de niños menores de 3 años padecía de anemia, mientras que la desnutrición crónica alcanzó el 11,1% en ese rango etario.
La cifra de anemia es mayor en 1,2 puntos porcentuales en comparación al cierre del 2022 y aumentó con mayor intensidad en ciudades desde el 2019: de 36,7% a 40,9%.
Mónica Muñoz-Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, señala que si bien para el 2024 el incremento más grande de presupuesto público se asignará a protección social, el Gobierno no tiene nuevas estrategias para atacar estos problemas.
“Han optado por inyectar más dinero a programas que funcionan en zonas rurales, pero no va a reducir ni el hambre, ni la anemia, ni la desnutrición ni la pobreza en ciudades. Desde el 2021 se sabía que había mayor número de pobres en ciudades que en las zonas rurales”, explica.
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Por otro lado, la escasa prevención frente a los efectos de El Niño podría aumentar la vulnerabilidad de la población. Según el MEF, a mediados de diciembre en el país faltaba invertir el 38% de los S/4.168 millones para gastos extraordinarios en prevención ante este evento. En el caso específico del Gobierno Central, falta el 35%.
“Hubo un mal manejo, llegó muy tarde la plata y por eso no hay buenos resultados en la ejecución. Las funciones más importantes como el saneamiento tienen 40% de avance, agricultura está en 60%”, asevera.