En Vivo USPor Abby Ardiles
El último 13 de junio, el congresista Juan Burgos de la bancada Podemos Perú presentó el proyecto de ley N°8166-2023-CR, que contempla la posibilidad de que menores de 16 años sean sentenciados a prisión por delitos graves con penas no menores de 25 años o cadena perpetua. A la fecha, la propuesta legislativa se encuentra en espera en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde será revisada y debatida por sus integrantes. Expertos consultados por El Comercio señalan que la medida vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), entre otros tratados internacionales y no toma en cuenta el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente vigente en el país.
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La medida sugiere modificar el inciso 2 del artículo 20 del Código Penal, que actualmente establece la inimputabilidad de los menores de edad, permitiendo así que cumplan condena en instalaciones de centros penitenciarios. Además, de ser aprobada el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberá adecuar las normas complementarias de la presente norma en el plazo de 30 días hábiles que se contarán a partir de la publicación.
Proyecto de ley del congresista Juan Burgos.
En comunicación con El Comercio, Burgos explicó que actualmente las organizaciones criminales captan a los menores como brazos armados para ejecutar crímenes, puesto que los delincuentes conocen que la ley actual les garantiza liberaciones tempranas o penas reducidas. “El problema es que la legislación actual no contempla esa realidad”, declaró.
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Es por ello, que sustentó que en el Perú el sistema legal estipula medidas socioeducativas para los adolescentes infractores, mientras que en otros países, como en Estados Unidos, existe un mayor enfoque punitivo contra menores que cometen delitos. Así, emplean métodos como el monitoreo electrónico, test de drogas, vigilancia policial, entre otros.
“¿Existe diferencia entre un menor de 17 años, 11 meses, 29 días con un ciudadano de 18 años y un día? Ese es el problema. Estamos evaluando la edad cronológica y no la mental. Esas personas han madurado en el entorno que viven [...] Sus edades mentales para el crimen organizado están bien avanzadas”, precisó Burgos.
En tanto, también el documento explicó que en el Perú actualmente se aplica la amonestación, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la libertad restringida y el internamiento en un establecimiento para tratamiento. Sin embargo, según se detalla en el proyecto de ley, “estas medidas son insuficientes e ineficaces con respecto a la actual crisis de inseguridad ciudadana”.
Importante
En el Perú existe el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, donde son reconocidos como infractores. Ahí se establece qué hacer y cómo tratar los casos de los menores de edad que cometen infracciones penales, donde se puede encontrar desde procesos hasta sanciones y cómo se ejecutan las medidas socio educativas.
Cabe resaltar que según el experto en derechos humanos Percy Castillo, la norma sigue implementando progresivamente.
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Cabe resaltar que la propuesta legislativa no especifica en qué lugar serían recluidos los menores que se enfrentan a la eventualidad de ser tratados como delincuentes adultos. En una entrevista reciente con este Diario, el congresista Burgos mencionó la posibilidad de crear institutos penitenciarios para adolescentes de 16 a 18 años, y después de esa edad, podrían ser trasladados a cárceles destinadas a adultos.
El experto en derechos humanos, Percy Castillo explicó que en la actualidad los adolescentes en el Perú responden desde los 14 años ante la ley. Asimismo, por los delitos señalados por la iniciativa del congresista Burgos, los menores si son hallados culpables enfrentan una medida socioeducativa de internamiento de 10 años.
“No hay impunidad. Los adolescentes que cometen delitos, [en este caso, infracciones penales] sí responden por sus hechos con una pena muy grave como una medida socioeducativa donde estará privado de su libertad por una década”, declaró Castillo.
El especialista resaltó que en el Perú no se puede reducir la edad de imputabilidad penal porque se estaría vulnerando gravemente tratados internacionales de derechos humanos que el país ha suscrito como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
“En el país se ha señalado que se debe responder penalmente a partir de los 18 años [la mayoría de edad] y al precisar eso ya no se puede bajar sin contravenir la CDN. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado exactamente lo mismo: disminuir las edades de imputabilidad penal conlleva a una infracción a la Convención Americana sobre derechos Humanos (CADH)”, informó el experto en derechos humanos.
Castillo señaló que los países citados y tomados como referencia por la propuesta legislativa son no suscriptores de la CDN o que han hecho excepciones y por eso han podido legislar diferente, como Estados Unidos que nunca lo firmó. “Ellos pueden tener un sistema jurídico como quieran, el Perú no. El país reconoció, firmó la CDN y se encuentra obligado a cumplir lo que señala. Queda en duda en qué va colaborar en reducir la criminalidad el hecho que aumenten la pena si no pueden prevenir el delito”, concluyó.
En ese sentido, para la abogada penalista Jackeline López el proyecto de ley es inviable porque el Perú tendría que desvincularse de la CDN. “Los estándares internacionales de tratamiento del menor impiden que se sancione con pena privativa de libertad a los niños y adolescentes, ya que esa categoría está orientada a la responsabilidad penal de los adultos. En cuanto a la responsabilidad penal de los adolescentes les correspondería medidas socio educativas específicas que coadyuven con su rehabilitación y esta no puede ser excesiva, desproporcionada ni desvinculada de los estándares internacionales en esta materia, hacerlo sería un retroceso y desconocimiento de los tratados internacionales del que nuestro país es parte”, explicó.
La propuesta tampoco toma en consideración el actual Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, donde existen penas hacia menores de entre 16 y 18 años que ascienden hasta 10 años, explicó el abogado penalista Aaron Alemán. “De aprobarse este proyecto de ley, el Estado peruano estaría reconociendo internacionalmente su inoperancia para reducir los índices de delincuencia juvenil, a falta de inversión pública en la educación, empleos y desarrollo económico, todos los cuales ofrezcan oportunidades reales a los jóvenes para ajustarse a la ley en nuestra sociedad”, dijo el experto.
El abogado penalista Jimmy Sotomayor declaró que en el Perú los menores de edad no cometen delitos, sino infracciones. Es decir, son considerados infractores frente a la ley penal porque se consideran inimputables ya que no tendrían la capacidad de comprender la norma íntegramente.
“Hoy en el Perú se señala que los menores de 18 años son inimputables porque no se pueden motivar, no pueden actuar como lo haría una persona de 24 a 25 años. Inclusive las personas que cometen delitos de 18 a 21 años, en el país se les aplica la responsabilidad penal restringida. No se les aplica el mismo marco penal de una persona mayor a esa edad”, explicó.
Asimismo, indicó que la exposición de motivos de la norma no se cita a algún estudio preciso sobre neurociencia o desarrollo de los menores de edad. Sotomayor resaltó que la CDN explica que todo menor de 18 años es considerado un niño. En el artículo 1 se informa que cada país puede decidir a partir de qué edad una persona cumplirá la mayoría de edad. “Es decir, esta convención brinda una carta libre para que cada país fije a partir de la cual edad serán mayores de edad. El criterio que ellos usan no es vinculante”, dijo.
El Director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, declaró que cualquier iniciativa que implique reducir la edad de responsabilidad penal para abarcar a menores de 18 años es una clara claudicación del deber de cuidado y tutela del Estado sobre sus niños, niñas y adolescentes. Señaló que el proyecto legislativo no especifica qué se ejecutará con los menores, si un sistema de resocialización o de castigo como adultos.
Proyecto de ley explica el proceso de maduración y etapas de crecimiento de los menores de edad, pero propone tratarlos como adultos.
“El proyecto de ley es contradictorio porque en el desarrollo de la explicación de motivos se indica en varios extremos que los menores están en proceso de maduración; sin embargo, concluyen que deben ser castigados como adultos. Estás reconociendo que no están en las mismas condiciones psicológicas que los adultos como para poder hacerlos responsables penalmente por sus conductas”, indicó Zevallos.
El especialista resaltó que se podría trabajar en sancionar a los adultos que utilizan a los menores. Si bien los menores sicarios son un problema, la raíz de ellos son las bandas criminales que los captan.
Situación de los adolescentes vinculados a la criminalidad
Según un informe publicado por EC Data, hasta marzo de este año se contabilizaron a 1.862 menores dentro de los centros juveniles en el país. La mitad de los adolescentes (935) fueron recluidos por el delito de robo agravado. En tanto, la segunda infracción más recurrente (263) se identificó como la violación sexual de otro menor. Seguido por homicidio calificado (112), tenencia ilegal de armas de fuego (88) y tráfico ilícito de drogas (84).
La misma investigación demostró que el 16,86% de los internos de los centros juveniles (314) fueron recluidos cuando superaron la mayoría de edad. Es por ello que al menos 1.96 tiene entre 18 años a más. Asimismo, al menos cinco de estos espacios enfrenta un problema de una sobrepoblación mayor al 20%.
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El jefe de la División de Investigación Criminal de la Región Callao, coronel PNP Pedro Rojas, informó que desde enero de 2024 a la fecha un total de 244 menores infractores fueron contabilizados por su unidad. Además, 44 armas de fuego se encontraron en su posesión.
“Algunas bandas criminales, luego de acumular algunos ingresos ilegales a través del cobro de cupos, contratan a sus abogados como brazo legal. También adquieren su lado logístico que les consigue vehículos. Después, esos abogados habrían instruido a los cabecillas que el brazo armado sería mejor con menores porque son fácilmente reclutados por bajos montos y vulnerabilidad por su situación familiar disfuncional. Estos muchachos, seducidos por un poco de dinero, reciben ropa comprada, zapatillas, les enseñan a usar las armas y poco a poco los van introduciendo. Luego de algunos trabajos [ilícitos], se compran sus propias armas y toman el sicariato como un medio de vida”, explicó el jefe policial.
Rubén Vargas, exministro del Interior, explicó que se necesita encontrar un punto medio que permita encontrar una sanción para los menores pero que no signifique recluirlos en cárceles comunes con delincuentes mayores. Resaltó que se necesita una respuesta específica punitiva para adolescentes que se involucran en el sicariato, pero debería ser ejecutada bajo un régimen especial que aún no se tiene.
“Si se aprueba este proyecto de ley, la responsabilidad del gobierno es construir regímenes específicos para tratar de manera técnica y seria encontrar posibilidades de resocialización”, explicó el especialista.
Caso reciente
Menores detenidos habrían participado en al menos tres homicidios en el Callao.
El pasado 4 de junio, alias ‘Kiko’, de 16 años, y su prima, ambos menores de edad, fueron retenidos al interior del cementerio Baquíjano y Carrillo del Callao. Según la hipótesis policial, el menor y su hermanos conocido como alias ‘Messi’, estarían involucrados en al menos tres casos de homicidio en la jurisdicción. Además, cuentan con referencias por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.
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Al momento de la intervención, en un intento de evadir a la policía, ‘Kiko’ le entregó un arma de fuego abastecida a su prima, de 13 años, para vitar una revisión policial. El arma hallada fue identificada como una marca Taurus y contaba con 11 municiones. Indagaciones policiales indican que ‘Messi’ habría grabado el homicidio de un hombre identificado como Israel Lavalle Caballero, para luego publicarlo en sus redes sociales y compartirlo con sus amigos.
La policía también informó que ‘Kiko’ no se encontraba registrado en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), por lo que al pasar por el Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) se identificó que cuenta con tres identidades. Fuentes policiales de este Diario confirmaron que los detenidos fueron puestos en libertad a las pocas horas y quedaron en calidad de citados.
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