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Empresas con licencia prolongada deben S/100 millones en papeletas | #NoTePases

La Municipalidad de Lima autorizó a 339 empresas de transporte público a circular hasta fines del 2019.  Una búsqueda del registro de 80 de ellas arroja que han generado S/100 mlls. en multas.

Intervención a vehículos de La Nueva Estrella

Entre ellas, figura La Nueva Estrella que debe al SAT por papeletas que en su conjunto suman S/7,9 millones (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)

El Comercio

La Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad de Lima hizo pública ayer la resolución N° 91 –como adelantó el último sábado su gerenta Elvira Moscoso a El Comercio–, que amplía hasta diciembre del próximo año la autorización para que todas las empresas de transporte público continúen operando en la capital, incluidas las que adeudan millones de soles por infracciones de transporte o de tránsito cometidas por sus unidades.

Esta medida, que puede ser leída en el sitio web de la GTU, ha beneficiado a 339 empresas. Entre ellas, figura, por ejemplo, La Nueva Estrella, que encabezó en abril de este año la lista de las que más dinero deben al SAT por papeletas que en su conjunto suman S/7,9 millones.

Pero este monto es mucho menor si se compara con una muestra que aquí presentamos de 80 empresas de transporte del total autorizadas. Esta base de datos, hecha con el ránking de las que más le adeudan al SAT y una búsqueda llevada a cabo por este Diario, arroja que estas compañías han generado papeletas que superan los S/100 millones por un total de 24 mil faltas cometidas en la vía pública por sus vehículos.

—Motivo de cancelación—
La titular de la GTU, Elvira Moscoso, en una entrevista publicada días atrás por este Diario, afirmó que la acumulación de deudas por parte de empresas de transporte que han cometido un sinnúmero de infracciones de tránsito y transporte no basta para retirarles el permiso para circular. Esto, debido a que no es un supuesto expresamente incluido como sanción en las ordenanzas municipales que aplican.

Sin embargo, el Reglamento de Administración de Transporte (Decreto Supremo 017-2009) sí lo prevé, como informó este Diario semanas atrás a través de la campaña #NoTePases. La norma, que tiene un alcance nacional, señala que mantener deudas pendientes de pago en ejecución coactiva por más de un año habilita a la autoridad correspondiente a cancelarles el permiso.

Las normas locales deberían, en principio, adecuarse a este marco, pero no sucede así. Para la GTU, esta omisión es una barrera. Por eso, indicaron a este Diario, evalúan incluir este punto en una futura propuesta de modificación de la normativa. Moscoso también indicó que la ampliación no significa que renuncian a sus acciones de fiscalización.

Empresas con licencia prolongada deben 100 millones en papeletas | #NoTePases

Empresas con licencia prolongada deben 100 millones en papeletas.

El Comercio

Según el artículo 49 del reglamento antes mencionado, otro motivo de cancelación es incumplir una condición de acceso y permanencia. Por ejemplo, dejar de prestar el servicio durante tres días de manera injustificada, prestarlo con una flota operativa menor al 65% requerido, no comenzar a brindar el servicio en el plazo pactado o trabajar con una autorización suspendida.

—Promesa incumplida—
Especialistas consultados indicaron que la ampliación significa un retroceso en la reforma del transporte. Recordaron que cuando la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, a mediados del 2015, amplió por un plazo de tres años el permiso a estas empresas se hizo para que estas se adecuaran a estándares que permitieran la implementación de la reforma.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, consideró que un año y medio de tiempo adicional es excesivo. “Pudo haber sido por siete meses, hasta que se instale el nuevo alcalde de Lima”, afirmó.

No obstante, indicó que se debe tener en cuenta que en el Congreso está pendiente el debate del dictamen que crea la Autoridad Única de Transporte. Quispe Candia aseguró que en caso de que se apruebe esta iniciativa, la cual debe tener el visto bueno de la Junta de Portavoces para que sea debatida en el pleno, esta entidad se encargará de resolver lo que ocurra con las empresas de transporte cuando se venza el plazo dado por la GTU, en diciembre del 2019. 

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