
Job García nunca imaginó que detenerse a grabar una redada migratoria con su celular en un Home Depot de Los Ángeles lo llevaría a pasar más de 24 horas detenido, con el rostro presionado contra el asfalto, contusiones en todo el cuerpo y su futuro académico tambaleando. Hoy, ese arresto lo ha convertido en el protagonista de una demanda millonaria contra el Gobierno de Estados Unidos.
La organización legal MALDEF presentó una queja formal contra varias agencias federales, entre ellas ICE, la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El reclamo: un millón de dólares por agresión, detención ilegal y daños físicos y emocionales. Y sobre todo, por lo que consideran una violación a los derechos constitucionales de un ciudadano estadounidense que decidió documentar lo que estaba ocurriendo a plena luz del día.
Una redada, un celular y un arresto
Job García, de 37 años, es estudiante de doctorado y fotógrafo. A menudo repartía productos en distintas zonas de Los Ángeles, y esa mañana de junio no era diferente. Pero algo llamó su atención: varios agentes rodeaban una camioneta en el estacionamiento del Home Depot en Hollywood. Él y otros transeúntes empezaron a grabar con sus teléfonos. Algunos incluso gritaron al conductor que no abriera la puerta, que tenía derecho a permanecer en silencio.

García no gritó ni interfirió. Solo grababa. Pero, según la denuncia, un agente enmascarado se le lanzó encima para arrebatarle el celular. Lo tiró al suelo y luego lo derribó. Otros agentes se unieron, lo inmovilizaron con las rodillas sobre su espalda y presionaron su cara contra el pavimento.
“Por un momento, temí que me mataran ahí mismo”, confesó García más tarde.
Fue esposado y trasladado al Dodger Stadium, convertido ese día en punto de control. Pese a que ya se había confirmado su ciudadanía y su historial limpio, terminó en una celda, sin ver a un juez, sin explicación, sin una cita futura para comparecer.
Lo que está en juego
El caso de García no solo busca compensación económica. Lo que está sobre la mesa es la legalidad de grabar a ICE y el derecho de cualquier ciudadano a ejercer su libertad de expresión, sin ser castigado por ello.

MALDEF sostiene que el arresto tuvo un claro sesgo racial. “Todos los detenidos parecían ser latinos. El conductor también. Y cuando uno de los agentes intentó hablarle en español, se sorprendió cuando Job le respondió en inglés”, detalla la denuncia. A eso se suma lo que García escuchó en manos de los agentes: alardes sobre cuántos “cuerpos” habían logrado detener ese día, celebrados con choques de manos.
El caso también vuelve a poner en el centro de la conversación pública una pregunta clave: ¿es legal grabar una redada migratoria?
Guía para filmar a ICE sin riesgos
La respuesta corta es sí. Grabar en espacios públicos es un derecho protegido por la Primera Enmienda, siempre que no se interfiera directamente en la labor de los agentes o se invadan zonas restringidas. Numerosas organizaciones, como la ACLU y la propia MALDEF, han publicado guías para hacerlo con responsabilidad y seguridad.

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