La palabra “deportación” suele asociarse con personas indocumentadas, pero en Estados Unidos, incluso los residentes permanentes —los titulares de una Green Card— no están exentos del riesgo de ser expulsados del país. Aunque gozan de ciertos derechos legales, el incumplimiento de las leyes estadounidenses puede llevarlos ante un tribunal de inmigración. En estos casos, el gobierno tiene la obligación de seguir un proceso judicial riguroso y presentar pruebas que justifiquen su deportación.
¿CÓMO ES EL PROCESO DE DEPORTACIÓN DE UN RESIDENTE PERMANENTE?
El National Constitution Center lo explica claramente: todos los residentes legales están sujetos a las leyes del país y pueden perder su estatus si las violan. Cuando esto sucede, el proceso pasa a manos del sistema de tribunales de inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia. A diferencia de las deportaciones inmediatas, los residentes permanentes no pueden ser removidos sin antes enfrentar un proceso legal que respete sus derechos constitucionales.
La mayoría de las expulsiones se llevan a cabo por vía aérea, con cargo al Gobierno de Estados Unidos (Foto: AFP)
El procedimiento comienza con un documento crucial: el aviso de comparecencia. Según la profesora Jaclyn Kelley-Widmer, experta en derecho migratorio de la Universidad de Cornell, este aviso contiene las razones por las que el gobierno considera que la persona es deportable. A partir de allí, se inicia una batalla judicial en la que el acusado tiene derecho a defenderse, y el gobierno debe presentar pruebas “claras y convincentes”.
Estas pruebas varían dependiendo del caso. Pueden incluir condenas por delitos graves, como violencia o fraude, pero también elementos menos evidentes, como declaraciones de impuestos que sugieran que la persona ya no vive permanentemente en Estados Unidos. Por ejemplo, si alguien presenta sus impuestos como no residente, podría interpretarse como un abandono de su estatus de residente permanente.
Desde mediados de mayo, Estados Unidos apretó el acelerador de las deportaciones (Foto: AFP)
NO TODO ESTÁ PERDIDO ANTE UNA SENTENCIA DESFAVORABLE
El residente todavía puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, si es necesario, ante un Tribunal Federal de Apelaciones. Este recurso es vital para evitar errores judiciales o decisiones arbitrarias, especialmente en un sistema donde las políticas migratorias pueden cambiar de una administración a otra.
Durante la presidencia de Donald Trump, surgieron dudas sobre si los procedimientos legales se estaban respetando en todos los casos. Mientras algunos expertos, como el profesor Matthew Boaz de la Universidad de Kentucky, afirmaban que se estaban siguiendo los pasos establecidos, otros sostenían lo contrario. Rebecca Sharpless, de la Universidad de Miami, advirtió que “aunque la ley proteja a alguien de la deportación, hoy en día no hay garantía de que el ICE la cumpla”.
Esta incertidumbre ha llevado a muchos residentes permanentes a adoptar una postura más cautelosa. Acciones cotidianas como salir del país o cambiar de empleo pueden tener consecuencias legales, dependiendo del contexto y del escrutinio migratorio vigente. La recomendación de los expertos es clara: todo residente debe estar informado y asesorado legalmente antes de tomar decisiones importantes que puedan afectar su estatus.
Es importante recalcar que ni el ICE ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden, por sí solos, revocar una Green Card. Solo un juez de inmigración puede tomar esa decisión, y siempre tras un proceso formal.
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