
En una frase que ha generado revuelo dentro y fuera del mundo político, Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), comparó las deportaciones de migrantes en Estados Unidos con el modelo logístico de Amazon. “Amazon para seres humanos”, dijo durante una conferencia sobre Seguridad Fronteriza en Phoenix, Arizona. Lejos de tratarse de una metáfora inocente, la frase revela un enfoque que convierte la migración en mercancía y la deportación en operación empresarial.
SE BUSCA DEPORTAR MASIVAMENTE A INMIGRANTES
Lyons no se quedó ahí. Propuso que el gobierno empiece a tratar la expulsión de migrantes como un negocio, una maquinaria precisa, rápida y sin espacio para la duda. La declaración llega en un momento crítico: la administración Trump impulsa una de las políticas migratorias más severas en décadas, donde eficiencia y dureza parecen pesar más que humanidad y derechos.
Desde la llegada de Trump al poder, el ICE ha aumentado las deportaciones de personas sin antecedentes penales, muchas de ellas con procesos migratorios aún abiertos. La cacería no discrimina entre criminales y trabajadores, entre amenazas y solicitantes de asilo. Todo parece reducirse a una palabra: “remoción”.

Uno de los episodios más controvertidos de esta política ha sido la transferencia de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos sin condenas previas, a una megacárcel en El Salvador. Un traslado silencioso, documentado por CBS, que dejó a familiares sin respuestas y a los detenidos sin posibilidad de defensa inmediata. El centro de detención ha sido calificado como uno de los más restrictivos de América Latina.
Para justificar estas medidas, el gobierno de Trump ha desempolvado una ley de hace más de dos siglos: la Ley de Enemigos Extranjeros, redactada en 1798. Originalmente concebida en contextos de guerra para deportar ciudadanos de naciones enemigas, hoy se invoca como sustento legal para expulsar migrantes sin juicio ni audiencia. Una herramienta del pasado que regresa para endurecer el presente.

PROTESTAS CONTRA ESTAS MEDIDAS DEL GOBIERNO DE TRUMP
Grupos defensores de derechos humanos han calificado esta práctica como una “deshumanización institucionalizada” y ya han interpuesto demandas en tribunales. Alegan que aplicar leyes de guerra a civiles vulnerables viola tanto la Constitución estadounidense como los tratados internacionales de derechos humanos.
Pero más allá del aspecto legal, la pregunta que queda flotando en el aire es profundamente moral: ¿puede una nación fundada por migrantes tratar a los nuevos llegados como paquetes a devolver? ¿Hasta qué punto la eficiencia justifica la pérdida de empatía? El discurso de Lyons, por muy provocador que parezca, es reflejo de una visión de país que prioriza el control sobre la compasión.











