
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una convocatoria inusual para contratar “jueces de deportación”, un anuncio que llamó la atención porque llega justo después de que más de 80 jueces fueran despedidos desde el segundo regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La publicación apareció en X y utiliza un tono directo que apela a la “toma de decisiones con consecuencias generacionales”, algo que inmediatamente generó debate en la comunidad legal y entre defensores de inmigrantes.
El mensaje surge en un contexto crítico para el sistema migratorio: en la actualidad solo hay unos 600 jueces de inmigración para manejar un retraso que bordea los 3.5 millones de casos pendientes. Y mientras el Gobierno asegura querer reforzar las cortes, tres jueces destituidos en los últimos días afirman que el sistema “no tiene ninguna independencia”, según Noticias Telemundo.
Un anuncio que llama la atención
El post en X agrega un elemento más al debate: “American lawyers: keep your current job, serve your country after hours” (“Abogados estadounidenses: mantengan su empleo actual, sirvan a su país después de horas”).
El mensaje va acompañado de un enlace a la convocatoria del Departamento de Justicia, describiendo que estos nuevos jueces deberán presidir casos en la Corte de Inmigración federal y decidir si una persona debe abandonar Estados Unidos o puede permanecer.

Lo que ofrece el anuncio oficial
El texto principal del DHS —encabezado con un grande “YOU BE THE JUDGE”— presenta los beneficios de manera directa:
- Salario entre $159,951 y $207,500 al año, dependiendo de la ubicación y experiencia.
- Incentivo de contratación del 25% del salario base para quienes trabajen por primera vez en el gobierno federal y sean ubicados en ciudades como:New York, Los Angeles, San Francisco, Chelmsford, Boston, Concord, Santa Ana y Sacramento.
- 70 ubicaciones disponibles en todo el país.
- Posibilidad de trabajo remoto o teletrabajo a tiempo completo, algo poco habitual para un puesto judicial.

Además, el llamado insiste en que estos jueces deberán:
- Presidir audiencias en cortes de inmigración y determinar la permanencia o deportación de personas.
- Tomar decisiones con impacto generacional, permitiendo quedarse solo a quienes tengan reclamos legalmente válidos.
- Combatir el fraude y evitar que personas “exploten vulnerabilidades” del sistema migratorio.
- Restaurar la integridad y el honor de las cortes de inmigración del país.
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